«Muchacho bendito»

Algunos antecedentes de Álvaro Uribe Vélez

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«Muchacho bendito» exclamaba efusivo —según Virginia Vallejo— el capo Pablo Escobar cuando recordaba a ese jovencito de veintisiete años gracias al cual había podido cristalizar su estratosférica riqueza. El 24 de marzo de 1980 había sido nombrado director de la Aeronáutica Civil por el entonces presidente Julio César Turbay Ayala. Las licencias a aeronaves, pistas, aerolíneas y pilotos otorgadas bajo su administración fueron fundamentales en la consolidación del fabuloso negocio por el cual, desde esos tiempos en adelante, Colombia dejará de ser distinguido como el país del café y las esmeraldas. Pablo Escobar se refería a Uribe con agradecimiento, incluso con aires de admiración por su “berraquera”. Escobar ya intuía quién sería ese joven de aspecto estudiantil y formal, con cara de buena gente. Alguna vez le comentó a la diva que él sería su ficha si algo pasaba con “El Santo” (Alberto Santofimio Botero), su alfil principal.

Uribe era asesinado por la mafia. Efectivamente, la noche del 24 de febrero de 1984, el también exdirector de la Aerocivil y exalcalde de Medellín, Fernando Uribe Senior (ningún parentezco con los Uribe Vélez), recibía cinco disparos por parte de hombres que le abordaron a la salida de la residencia de su amigo Carlos Robles, en la capital antioqueña. Se había negado a otorgarles licencias, cerró varios aeropuertos clandestinos desde donde se despachaban toneladas de droga hacia EEUU y adelantaba un informe detallado sobre empresas de aerotransporte que usaban sus máquinas para sacar narcóticos. Pero al otro Uribe, Uribe Vélez, nombrado exactamente dos meses después del asesinato de Uribe Senior, y a quien las murmuraciones de los círculos políticos le pronosticaban su pronto asesinato debido al riesgo del cargo, nada le habría de pasar.

El padre del actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, el señor Iván Duque Escobar, quien fungía como gobernador de Antioquia en 1982, informó sorprendido al presidente Turbay sobre los delicados sucesos que envolvían al nuevo director de la Aerocivil con la mafia, luego de enterarse que este había otorgado licencias a reconocidos delincuentes como Jaime Cardona, un empresario quien tiempo después fue condenado por narcotráfico y al que Uribe había encasillado como “hombre de bien”. Las licencias serían derogadas tiempo después, pero como se ha vuelto costumbre, los archivos nuevamente desaparecieron. Uribe continuó hasta terminar su periodo habiendo entregado

2.242 licencias en menos de dos años, la casi totalidad de licencias otorgadas por el estado colombiano desde 1954 hasta 1981 (2.339). ¿Por qué el joven director denota una entusiasmada ansiedad por aprobar la circulación de naves vinculadas con la mafia? Los datos muestran cómo las organizaciones del narcotráfico se incrementaron y/o fortalecieron en la época que estuvo al frente de la Aerocivil, ¿Un hecho aislado y no correlacionado?

En 1983, el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla instruye al Consejo Nacional de Estupefacientes ordenar a la Aerocivil “suspender los vuelos de naves de narcotraficantes” ya que “la anterior dirección había ostentado un comportamiento pasivo y negligente frente al problema del narcotráfico”. “El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas de propiedad de Pablo Escobar y Carlos Lehder”, tituló El Tiempo, el 8 de septiembre de 1983. Aparte de estos, la administración Uribe había concedido licencias a Jorge Ochoa Vásquez, Samuel Alarcón, Gonzalo Rodríguez Gacha, Alfonso Rodríguez Muñoz, Luis Eduardo Marín Marín, entre otros mercaderes de la “nieve caliente”. La flotilla gansteril la conformaban doce helicópteros, veintiséis avionetas y cuatro aviones.

El debate de Lara fue uno de los primeros que se pronunciaban en el parlamento sobre el incipiente pero amenazante flagelo del narcotráfico. En él, y junto a los nombres de los capos más sobresalientes de Antioquia, aparecía el de un funcionario de alto nivel: el del anterior director de la Aerocivil, Álvaro Uribe Vélez. Lara aseguró: “debido a su débil labor en esa entidad, personas como Escobar tenían tres hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones dedicados exclusivamente a transportar droga”.

El periódico El Colombiano, en su emisión del 9 de septiembre de 1983, también hace referencia al debate y las órdenes del ministro, puesto que con sus medidas se estaban suspendiendo la operación de cincuenta y siete aviones de narcotraficantes, muchas de ellas a nombre de otras personas pero que en realidad pertenecían a los jefes de la mafia. Las matrículas les fueron canceladas un año después de su salida de la Aerocivil. Entre las naves que se pusieron en tierra figuraron treinta de los Ochoa, diez de Pablo Escobar, diez de Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro de Carlos Lehder Rivas, pero eso era una pequeña parte de la amplia flota aérea que tenían los narcotraficantes. Con esa medida tampoco se tocaron las pistas.

En la segunda parte de la investigación, El Colombiano sacó a luz algunos nombres de los testaferros: Elizabeth Lehder Rivas, hermana de Carlos Lehder, con dos modernos aviones tipo Aerocomander con matrículas HK-2551 y

HK-2282, que operaban desde cuatro bases en el Caribe; Justo Pastor Rodríguez Gacha, hermano de José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El mexicano”, con cinco aeronaves; su primo Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz con tres aviones, todas usadas por el capo de Pacho-Cundinamarca para transportar cocaína; Juan Gonzalo Ángel Restrepo, alias Plata Limpia, quien según “don Berna” era piloto del cartel de Medellín, y hermano de Luis Guillermo Ángel, alias Guillo, uno de los doce narcotraficantes indultados por la justicia en 1993 (“Los Doce del Patíbulo”) a cambio de colaborar en el desmantelamiento del cartel de Medellín. Guillo Ángel es una persona muy allegada a Uribe por varios frentes: miembro de la empresa Helicargo S.A, ubicada en Medellín, dueña del helicóptero

Bell-2006-B, siniestrado con Pedro Juan Moreno Villa a bordo (hecho por el cual Uribe está investigado ya que se descubrió que fue un asesinato mediante sabotaje técnico del aparato, atribuido a órdenes de Uribe). Esa misma empresa fue elegida por Álvaro Uribe en el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares para transportarlos a Ralito, lugar donde “se desmovilizaron”. Su hermano, Juan

Gonzalo, es un hombre de una doble vida, en público es un próspero empresario, (ex) dueño de Cablenoticias, un importante canal televisivo, y ostenta una gran influencia en la Comisión Nacional de Televisión así como en otros altos sectores de la economía y de la sociedad colombiana; un asiduo invitado a los eventos sociales de la familia de Álvaro Uribe, incluso, al matrimonio de uno de sus hijos, como lo reveló la periodista María Jimena Duzán en una de sus columnas. Y, por otro lado, Juan Gonzalo —alias Plata limpia— sería un mafioso, el mismo que apareció como testaferro de aeronaves en 1983 e integrante de la junta directiva de “Medellín sin Tugurios”, al lado de Pablo Escobar, y que se adjudica haberle prestado el helicóptero a Álvaro Uribe Vélez para intentar el rescate de su hermano Santiago y del cadáver de su padre (hecho que se comprobó falso, pues Daniel Coronell demostró que ese helicóptero era de Pablo Escobar, y Uribe terminó admitiéndolo).

En indagatoria desde una prisión federal de Miami en agosto de 2013, don Berna acusó a los hermanos Ángel de diferentes delitos como narcotráfico y lavado de activos; y a Guillo, de ser miembro orgánico de los paramilitares, exmiembro de los “PEPES” (el grupo de caza de Pablo Escobar); de haber sido piloto de helicóptero de Carlos y Vicente Castaño Gil, de ser muy cercano al gobierno Uribe y contratista con el Ejército. Guillo también estuvo involucrado en un plan para atentar contra algunos togados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, contra su presidente, el magistrado Augusto Ibáñez, debido a que, según fuentes de inteligencia, Guillo sería extraditado. Frente a ese delicado asunto ni la prensa privada ni el gobierno Uribe se pronunciaron, y el tema —como de costumbre— pasó de agache y con sus involucrados libres.

Pero no solo los hermanos Ángel, favorecidos con licencias desde la Aerocivil, son muy allegados al expresidente. Decenas de mafiosos, paramilitares y funcionarios embadurnados de corrupción empiezan a emerger de su espalda y serán su sombra en adelante, muchos de ellos lo acompañarán en una lista negra de la inteligencia norteamericana en la que será fichado con el número 82.

Otros peligrosos delincuentes, quienes se beneficiaron de la administración Uribe son: Gustavo Rey Soto, a quien las autoridades le allanaron varias propiedades en 1996 durante un operativo contra personas vinculadas al narcotráfico. La licencia fue entregada en octubre de 1980. En diciembre de 1981, otra licencia salió para Héctor Mario Cifuentes Villa, integrante de la banda criminal de los Cifuentes Villa.

El Clan Cifuentes Villa tiene una relación familiar con los Uribe Vélez: Héctor Mario Cifuentes Villa es hermano de Dolly de Jesús Cifuentes Villa, quien fue pareja de Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del expresidente. Mientras Héctor Mario se encuentra en la actualidad prófugo, Dolly, alias La Meno, fue detenida en 2011 en Medellín y luego extraditada y condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos; es miembro de este clan familiar dedicado desde los años ochenta al narcotráfico y el cual creció exponencialmente gracias a su sociedad con Pablo Escobar. Además, Dolly y su familia eran la conexión en Colombia del cartel de Sinaloa, la sanguinaria organización mexicana creada por el famoso capo Joaquín, El Chapo Guzmán. Las autoridades estadounidenses le detectaron en Colombia treinta y dos empresas nacionales y diecisiete con sede en el exterior pertenecientes a su familia, según informó la Policía nacional.

La hija de Jaime Alberto y Dolly de Jesús es Ana María Uribe Cifuentes, detenida en septiembre de 2011 en una redada contra la organización de los Cifuentes Villa. Fue esposa de un sobrino del narcotraficante Fabio Ochoa Vasco (homónimo del también narcotraficante extraditado, Fabio Ochoa Vásquez). La DEA y el Departamento de Estado la había pedido en extradición dado que tenía dictadas dos resoluciones de acusación (indicment), una, del 4 de noviembre de 2010 por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, y otra, del 3 de febrero de 2011, emanada por la Corte Federal del distrito sur de New York. Las autoridades le incautaron bienes por más de veinticinco mil millones de pesos, producto del blanqueo de capitales. La sobrina del expresidente Uribe también está en la lista Clinton del departamento del tesoro, sin embargo, un episodio misterioso surge al lado de ella: Pese a que Ana María Uribe Cifuentes fue capturada y en el INPEC aparece como interna, no se encuentra en ningún centro penitenciario, solo está teóricamente prisionera y nadie sabe su paradero. El expediente de su proceso de extradición que debía estar en la Corte Suprema de Justicia, tampoco apareció. La investigación fue llevada a cabo por el periodista Gonzalo Guillen. A la poderosa organización no se le persiguió durante los años de Uribe en la presidencia con la misma intensidad que sí se hizo con otras, contó una alta fuente de la policía. Si se contrasta la aseveración de la fuente con los datos expuestos por las agencias de inteligencia, no existe disparidad.

En la prensa tampoco se hallan registros noticiosos de la banda en tiempos de Uribe presidente.

La criminal parentela, conocida como “El clan invisible” por su habilidad para pasar desapercibida mimetizándose entre los encumbrados pisos

socio-económicos, al punto de ser accionista y socia del encopetado Club El Nogal en Bogotá, introdujo a Estados Unidos al menos treinta toneladas de cocaína entre 2009 y 2011, según la agencia antidrogas de ese país, DEA. Desde los suntuosos salones de El Nogal salían todo tipo de acuerdos gansteriles que los Cifuentes finiquitaban junto a otros ilustres miembros del crimen organizado adscritos a ese club. La mafia narco-paramilitar y de la corrupción, tenía una sede cinco estrellas en plena carrera séptima de la capital. Aquel era el símbolo de su legitimación y connivencia con la alta sociedad colombiana. Ejemplos de esa cínica y peligrosa amalgama de poderes los hay por donde se mire. Los “dueños” del país, la autodenominada “gente bien”, lo pondera en el exterior como la democracia más antigua de América Latina; entre tanto, al interior del mismo, ese eslogan no pasa de ser un bello e ilusorio letrero dorado, y a quien brega para que los derechos impresos en su carta magna sean realidades tangibles y no anhelos vedados o privilegios para unos cuantos potentados, acaba siendo blanco de la balas para-estatales “por ser un terrorista, guerrillero, o comunista que quería todo regalado”. Por el contrario, los autores intelectuales de las más grandes ignominias cernidas sobre las inmensas masas poblacionales, pasean tomados de la mano junto al monstruo colosal de su impunidad, y brindan con whisky en los clubes mientras cierran nuevos negociados para provecho exclusivo de su reducida cofradía.

Pero los Cifuentes Villa, por más que se vanagloriasen de su membresía «Nogaleña», de ataviarse con Channel y Dolce-Gabbana y de perfumarse con Versace, no podían aplacar la exudación pestilente de sus malevos procederes, pues no solo se dedicaban a narcotraficar sino también a matar sin agüero para franquearle el paso a sus ambiciones, como sucedió en esas típicas riñas con otros carteles por la expansión y control del negocio, cuando Fernando, uno de los hermanos, mató al capo del cartel del Norte del Valle, Efraín Hernández Ramírez, alias don Efra, y al ciudadano libanes Alfredo Haddad Salván.

Cifuentes fue asesinado luego de ese hecho por sicarios de los propios instigadores del crimen (Hernando Henao Montoya, alias El hombre del overol; y Wilber Varela, alias Jabón) para borrar el rastro de la muerte de don Efra.

Muerto Fernando, es relevado en el liderazgo por su hermano Francisco, quien había sido piloto y hombre de confianza de Pablo Escobar Gaviria. Bajo el timón de “Pacho” el negocio familiar se condujo a perfección, logrando acrecentarse aún más, sobre todo cuando se convirtió en el abastecedor de cocaína del Chapo Guzmán, pero en 2007, don Berna, el renco y obeso aunque intimidante paramilitar, ordena su asesinato debido a una disputa por una pista clandestina

para sacar droga, ubicada en el Chocó. El exparamilitar, quien en ese momento estaba preso, hizo saber que iría por el resto de familia, incluida la sobrina del presidente Uribe; éste ordena trasladarlo a una fragata en el pacífico para mantenerlo totalmente incomunicado. ¿Coincidencia? Pasado un tiempo, don Berna fue recluido en la Picota y luego extraditado.

Los Cifuentes también hacían parte de la tenebrosa organización “La oficina de Envigado” y desde el exterior, Francisco y su hermano Jorge Milton (extraditado a EEUU en 2012) organizaron el famoso cargamento de 3.400 fusiles AK-47 y 2.5 millones de cartuchos en el barco Otterloo que llegó a Colombia vía Nicaragua-Panamá en octubre de 1999 y que eran destinados a los paramilitares. Según Salvatore Mancuso, ese fue un regalo (favor a cambio de protección) de los Cifuentes Villa a los hermanos Castaño, principales jefes narco-paramilitares. Mancuso agrega que los hermanos Cifuentes también eran los encargados de proveer de uniformes y botas para los grupos de autodefensas que delinquían en Antioquia y Urabá. Carlos Castaño admitió el episodio del embarque de fusiles.

Lucía Inés Cifuentes Villa, alias “La Mother”, otra pieza del Clan, fue detenida junto a su hijo Jaime Alberto Roll Cifuentes, alias JR, en el año 2014. La fiscalía los acusa de ser los dueños de un cargamento de ocho toneladas de cocaína que se incautaron en Ecuador en el 2009; “La Mother” fue extraditada. La viuda de “Pacho”, María Patricia Rodríguez, alias “La Señora”, también fue juzgada en EEUU. Otro de sus integrantes, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, “Alex”, quien aparece en fotos con el Chapo Guzmán, fungía como su secretario y era “su mano derecha e izquierda” (según miembros de ese cartel), fue arrestado en Culiacán-México en 2013 y extraditado a EEUU donde se convirtió en uno de los testigos principales contra el gran capo sinaloense. Alex, el menor de los hermanos, se había iniciado en el negocio desde los diez años (empacando alijos de cocaína) y a los quince ya traficaba. Protagonizó una de esas historias retorcidas aunque normales para la mafia: primero intentó matar al esposo de su sobrina y luego ordenó a su sobrino matar a su primo porque éste planificaba secuestrar a su abuela: “decidí matar también a mi sobrino Jaime porque se robó una cocaína y trató de secuestrar a mi mamá (su propia abuela)”. Las realidades superan ficciones, y las de la mafia ofuscan el común entendimiento.

Alex Cifuentes junto al Chapo

Organigrama del Clan Cifuentes Villa

Ana María Uribe y su madre Dolly Cifuentes

¿Y cuál ha sido la opinión de Uribe respecto a tan bonita familia?

Como en otros casos donde los hechos lo entrelazan con gente del bajo mundo, Uribe ha negado conocer a sus propias cuñada y sobrina: “Mi hermano Jaime murió en 2001, casado con Astrid Vélez, tuvieron dos hijos, un joven profesional en materias ambientales, y una niña que nació con parálisis cerebral. Relación sentimental diferente que hubiera tenido mi hermano sería de su fuero íntimo y me es ajena”, expresó desde su cuenta de Twitter luego de que se conoció la captura de sus familiares y de que muchos usuarios de las redes empezaban a indagarle sobre el comprometedor y bochornoso suceso.

José Obdulio Gaviria Vélez es pariente, estratega, asesor ideológico-político y mano derecha del expresidente. Tuvo dos hermanos convictos por narcotráfico; primo-hermano del capo Pablo Emilio Escobar Gaviria, pues ambos eran nietos de Roberto Gaviria Cobaleda, un célebre contrabandista de whisky a inicios del siglo XX en Antioquia. Gaviria dijo —posiblemente encomendado por Uribe— en su columna habitual del periódico El Tiempo, que la relación de Jaime con Dolly se limitó a una relación ocasional de hace treinta y dos años.

Vuelven a mentir. Se comprobó que la hija de su hermano no fue el producto de una aventura fugaz o de una noche sin mañana, como lo insinúan, sino que la relación de su hermano con “La Mena” duró largos años, pues estaban casados e incluso tuvieron otro hijo llamado Daniel Alberto Uribe Cifuentes (Alberto, como el padre y el hermano de Álvaro Uribe), nacido en octubre de 1990, una década después de su primogénita Ana María. Daniel fue registrado en la notaría octava de Medellín, el 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con el documento de inscripción en el registro civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, aparece como comerciante de profesión, y la madre, como analista de sistemas. También se conoció la escritura de un apartamento en el sector de El Poblado, con fecha del 22 de febrero de 1994 ante el notario 17 de Medellín, donde vivía la pareja y en la que se lee “casados con sociedad conyugal vigente”. O sea que su relación, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de su hija en febrero de 1980, duró al menos quince años.

Documento legal: «Casados con sociedad conyugal vigente»


Y hay más hechos que contrarían las palabras de su hermano Álvaro: Jaime era socio de la ganadería La Sorguita, propiedad de los Cifuentes Villa, la cual se encuentra en la lista Clinton (donde se incluyen las empresas y sus propietarios vinculados con el narcotráfico), además comparte predios con familiares de Uribe (Santiago y Mario) y los Ochoa. Una de las empresas de los Cifuentes

Villa, BioForestal S.A, también incluida en la lista Clinton, fue subsidiada con más de mil cuatrocientos millones de pesos por los dineros de Agro Ingreso Seguro (AIS), el escándalo de corrupción por el que fue condenado el ministro de agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias, “Uribito”. Jaime Alberto Uribe Vélez, alias “El Pecoso” o “Arepa”, murió de cáncer en 2001 con un historial de relaciones con el clan Cifuentes Villa, con Pablo Escobar, con otros mafiosos y paramilitares, pero no alcanzó a ser enjuiciado. En 1986 fue detenido por tropas de la IV brigada del ejército porque desde su radio-teléfono se registraron llamadas a Pablo Escobar, un suceso que no fue investigado y que es admitido por el mismo Álvaro Uribe, manifestando que fue una equivocación de las autoridades.

John Fredy Rendón Herrera, El Alemán”, declaró el 17 de marzo de 2011 ante un magistrado de Justicia y Paz: “Los hermanos del expresidente Uribe no son hijos de la Madre Teresa. Si usted le pregunta a Hasbún, que es un bananero de la clase alta, él dice que a él lo presentó el hermano de Álvaro Uribe (Jaime Alberto) con Vicente Castaño, en una casa en El Poblado”. Raúl Emilio Hasbún Mendoza, “Pedro Bonito”, en abril del mismo año confirmó lo dicho por El alemán: “… Jaime Uribe Vélez, conocido como El Pecoso, hermano del expresidente de la república, fue un hombre cercano a las estructuras paramilitares y amigo personal de Vicente Castaño Gil, (quien) me lo presentó El Profe. Yo sí sabía quién era, pero no me lo habían presentado. Muchos de los comandantes de las autodefensas lo conocimos como ‘El Pecoso’. Me lo presentaron como el hermano del futuro gobernador de Antioquia. No recuerdo si fue en el noventa y cuatro o noventa y cinco”. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, aseguró que “El Pecoso” era el apodo con el cual conocían a Jaime Alberto Uribe Vélez, que éste era muy cercano a Pablo Escobar y que, incluso, en la época de la persecución al jefe del cartel de Medellín por parte de los Pepes —entre 1992 y 1993—, ellos lo declararon objetivo militar.

Don Berna contó que El Pecoso Uribe se salvó porque el narcotraficante Francisco “Pacho” Cifuentes Villa (su cuñado), intercedió por él.

Álvaro Uribe ha insistido en que ni él ni su familia tienen relaciones con los Ochoa ni con los Cifuentes Villa ni con nadie que sea señalado de delincuente, no obstante, Santiago Uribe Vélez adquirió junto a las hermanas Ochoa Vásquez (el clan narcotraficante) unos predios en el municipio de Jericó, al igual que Mario de Jesús Uribe Escobar (MaruAgro y Uribe Mejía Dos). Esos predios de los Uribe colindan con los de la Ganadería La Sorguita. ¿Otra casualidad?, “No existen las casualidades, existen las causalidades”, dice un aforismo que cobra fuerza

cuando se presentan hechos circulares como los suscitados con Álvaro Uribe Vélez y sus allegados, sean o no sus familiares. “¡Los socios de mi hermano Santiago son totalmente honorables! ¡No acepto eso!”, le responde —airado y señalándolo con el dedo— a un corresponsal del semanario estadounidense Newsweek, cuando le preguntaba sobre las relaciones de sus hermanos con los Ochoa, especialmente la de Santiago, en una entrevista en su primera campaña presidencial. Poco tiempo después se conocería una reveladora foto que reunía a los Ochoa, a otros narcotraficantes y a Santiago Uribe Vélez en una escena de abrazos y sonrisas, agitadas al parecer por el efecto desinhibidor de los vasos de licor sostenidos en sus manos. La famosa postal es lanzada por la internet apenas se teclea el nombre del hermano del expresidente, y se ha vuelto el ícono de la presunta sociedad Uribe-mafia.

Los hermanos Óscar Humberto, Miller y Armando Sierra Pastrana, pilotos de los capos del cartel de Medellín y del Cartel de Cali, fueron otros beneficiados con licencias; igualmente, Ricardo Dávila Armenta, señalado, según el senador Iván Cepeda Castro, de haber sido promotor junto a su hermano, de la bonanza marimbera en la Costa Atlántica. También se entregó licencia a Álvaro Suárez Granados, alias Coco, uno de los pilotos favoritos de Pablo Escobar, apodado así porque le gustaba saturar los aviones con cargamentos de coca y los devolvía atestados de dólares. Temerario y arriesgado, se dice que fueron más de veinte toneladas las que logró sacarle al capo y más de ochenta millones de dólares los que le trajo de vuelta. Cuando mataron a Escobar empezó a trabajar con los jefes del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, a los que les sacó más de cuarenta vuelos repletos de droga y se los devolvió con más de ciento cincuenta millones de dólares. Famosas eran las leyendas que inspiraba Coco, como aquella que cuenta que logró aterrizar un Boeing 727 lleno de droga en Estados Unidos, o la de la vez que le tocó abandonar una avioneta con dólares y coca en pleno aeropuerto de Palmira para evitar ser capturado; aunque la noticia de una avioneta en esas circunstancias y en ese mismo aeropuerto sí existe, no puede asegurarse a ciencia cierta que corresponda a la abandonada por Suarez Granados. El narco-piloto pasó luego a las toldas de alias “El Loco” Barrera. El 1 de septiembre de 2011, Coco, junto a otros treinta y seis experimentados aviadores de la mafia (entre ellos Oscar, uno de los hermanos Sierra Pastrana) fue capturado en el marco de una operación denominada “Vuelo final”. Todos fueron extraditados.

Más licencias expedidas por la Aerocivil de Uribe a los narcos siguen descubriéndose, como la de Jaime Murcia Duarte, cuestionado comerciante

señalado de tener vínculos con el narcotráfico, o la de Luis Carlos Herrera Lizcano, propietario de una aerolínea que era utilizada para transportar cocaína al exterior y condenado en 1994 en EEUU a noventa y seis meses de prisión.

Luis Carlos Molina Yepes, otro de los nombres reseñados en el listado de las narco-aeronaves, asociado a la matrícula HK-2487, es una ficha clave para componer el rompecabezas estampado con la imagen de Uribe y la mafia colombiana: Molina Yepes era uno de los socios principales de una empresa llamada Grupo de Finanzas, Inversiones, Mercadeo, Servicios y Asesorías, Firme

S. A. que después modificó su nombre a Comfirmesa S.A. Según los documentos de Cámara de Comercio, Molina Yepes controlaba la compañía, en la cual también figuró como socio el señor Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano mayor del hoy senador José Obdulio Gaviria Vélez. El abogado Héctor Giraldo Gálvez, quien puso al descubierto a estos y otros personajes, fue asesinado. Los documentos oficiales de Comfirmesa S.A. también muestran que el senador Álvaro Uribe Vélez fue nombrado en su junta directiva, durante 1983, un año después de su gerencia en la Aerocivil, como lo prueba en una columna el periodista de investigación de El Espectador, Yohir Akerman.

Como respuesta a esta investigación, Uribe publicó una carta fechada el 3 de mayo de 1983 en donde rechaza su nombramiento a esa junta directiva, lastimando esto —sobre todo— por la “vieja amistad que los une, y reiterando la expresión de amistad y aprecio”. Poco tiempo después de esa carta, se comprobó que Comfirmesa S.A. se dedicaba al lavado de dinero, información que fue corroborada por Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, quien aseguró que en esa firma se cambiaban los cheques del cartel de Medellín.

Molina Yépes fue detenido en 1997, luego de que se estableciera que él fue la persona que controlaba la cuenta corriente 005-21826-8 del Banco de Crédito y Comercio, de la cual salió el cheque por tres y medio millones de pesos de la época, con los que se pagaron los sicarios del magnicidio del director de El Espectador, don Guillermo Cano. Fue condenado a veinticinco años de prisión de los cuales pagó seis.

Uribe confirma su relación con esas personas al expresarles, de mano propia, “gran amistad y aprecio”; personas directamente ligadas al cartel de Medellín y en general, al crimen a gran escala. Seguramente Uribe tampoco sabía quiénes

eran, ni a qué se dedicaban, siendo consecuente con su eterna e iterativa excusa de “desconocer lo que hacen sus conocidos”.

Álvaro Uribe se pronunció frente a esta comprometedora información en el debate de Iván Cepeda diciendo que son infamias y calumnias en un intento por mancillar su buen nombre, y agregando: “Yo no fui amigo de Luis Carlos Molina ni hice negocios con él”, pero la certificación de la Cámara de comercio y sus propias letras en la citada carta lo contradicen. En cuanto al crimen de Guillermo Cano, dijo: “Tuve una gran amistad con Guillermo Cano y él conoció la honorabilidad de mi carrera pública”. Luego de eso, la propia viuda del periodista inmolado, Ana María Busquets de Cano, negó lo aseverado por Uribe: “Amigo no creo, por lo menos en mi casa nunca estuvo ni yo conocí que hubiera esa amistad en ningún momento”. Alfonso Cano Izasa, hermano del periodista, había escrito una columna en la que, según él, algunos políticos no merecían su recomendación (la de Guillermo Cano) porque se lucraron de los dineros del narcotráfico y porque oficiaron como voceros del chantaje de los

narco-terroristas: “… están los siguientes: Jairo Ortega (el primer renglón de Pablo Escobar en la cámara), Alberto Santofimio Botero (condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán y socio de Pablo Escobar), Bernardo Guerra Serna (relacionado con narcos y a quien Álvaro Uribe calificó como “hombre honorable”), Mario Uribe Escobar (primo de Uribe, años después condenado por parapolítica) y Álvaro Uribe Vélez” (entre otros), como consigna en su escrito.

En 2014, Juan Guillermo Cano, el hijo mayor de Guillermo Cano le pidió a la fiscalía que investigue a Álvaro Uribe Vélez por sus relaciones con los perpetradores del homicidio de su padre.

Pero Molina Yépez sigue persiguiendo a Uribe a través de sus actuaciones, pese a que éste trata angustiosamente de desprenderse de él: La misma cuenta bancaria sirvió en 1986 para girar cincuenta y seis millones de pesos para Raúl Montoya Flórez, posterior gerente de la campaña presidencial de Uribe en el departamento del Magdalena. Cuando se descubrió que Molina era el pagador del crimen del recordado periodista, empezó a liquidar y a cambiar sus empresas y para esa tarea contrató al abogado Álvaro Montoya Flórez, hermano del gerente de la campaña de Uribe. También fue apoderado de Yidis Medina Padilla cuando ésta apoyó con su voto la reelección de Uribe. Ella le confirmó a

Noticias UNO que un asesor presidencial de Uribe le presentó al abogado Montoya.

De nuevo y como puede observarse, demasiados elementos regidos por las fuerzas del crimen confluyen en Uribe o surgen de él, como si fuese un agujero negro y a la vez el vórtice de un huracán expulsador, y en el salón siniestro de la mafia un juego de espejos arroja por doquier el rostro de Uribe a la vista de los espectadores aturdidos. Es cuando la duda razonable vuelve a martillar sobre los sesos de hasta el más cándido: ¿Son simples casualidades o coincidencias? Uribe pretende hacer creer que sí. Pues las casualidades y las coincidencias seguirán apareciéndosele en la medida de su andar, cual piedrecillas en un camino trazado por la alocada ambición de su lóbrego espíritu. Si se analizan las relaciones de Uribe, ya sea de negocios, de amistad, políticas o familiares, cada una de ellas desprende otras, y estas a su vez otras, y así sucesivamente, formando una red interminable de personajes ligados al hampa.

Su gestión en esa entidad queda instaurada en la historia, al menos, como muy cuestionada, logrando sorprender al más curado de espantos, al que por haber visto todo ya nada le sorprende. En ella pulularon las conductas ética y legalmente condenables, por citar solo algunas: el tráfico de influencias en el caso del permiso de vuelo del famoso helicóptero de su padre, en el que el periodo de estudio y expedición de la licencia de operación constaba de al menos veinte días, pero Uribe lo firmó en cuatro horas (otras naves halladas en Tranquilandia también tenían autorizaciones de la Aerocivil, entre ellas, una con matrícula del mismo día de la del helicóptero de Uribe Sierra y que se firmó precedida de un oficio de recomendación especial); o la corrupción, o la venia a criminales para exportar droga, etc.

Frente al escándalo de los permisos de vuelo a narcos, Uribe ha respondido que no era su función otorgarlos, vertiendo responsabilidades en otros funcionarios como su gran amigo, socio y antiguo subalterno en esa entidad, César Hernando Villegas Arciniegas, alias El Bandi, asesinado por sicarios el 4 de marzo de 2002 en Bogotá. Según el periodista y escritor, Fernando Garavito, Villegas se reuniría al día siguiente con agentes de la DEA para hablar de diferentes personas presuntamente untadas del negocio de la cocaína, especialmente de Álvaro Uribe Vélez.

Pero sus aparentes afanes por auxiliar a los partícipes del negocio de la droga no parecen ceñirse exclusivamente a sus oficios como director de la entidad encargada de administrar el transporte aéreo. Durante su primer periodo como senador, en la segunda mitad de la década de los ochenta, Álvaro Uribe fue un acalorado opositor a la ley de extradición y un defensor del juzgamiento de connacionales en suelo propio. El entonces presidente, Virgilio Barco Vargas, había presentado al congreso un proyecto de reforma constitucional para ser refrendado mediante consulta popular y en el que se abordaban —en su mayoría— temas relacionados con los procesos de paz entre las guerrillas y el estado, así como la apertura a las modificaciones constitucionales a través de procedimientos distintos al que contemplaba el artículo 13 del plebiscito de 1957. Pero la mano de la mafia daba al traste con un proyecto que se mostraba conveniente y moderno para un país con una carta magna obsoleta y unas problemáticas agobiantes, al incluir, en uno de sus artículos, un enunciado que favorecería a personas inmersas en el narcotráfico: el de consultarle a la ciudadanía sobre el tema de la extradición. Los narcos se frotaban las manos al saber que bajo presión del terrorismo, el país terminaría volcándose positivamente hacia el impedimento de juzgarlos en los Estados Unidos de Norteamérica. Un “mico” se había colado en el proyecto y su ponente era el representante a la Cámara Mario de Jesús Uribe Escobar, primo, socio y copartidario de Álvaro Uribe Vélez. “No puede señalársenos de impertinentes cuando hemos pedido que sea el pueblo quien nos indique el sendero a seguir en esta guerra insoportable que amenaza ruina en el edificio social”, decía la ponencia con el aval de Mario Uribe. El proyecto pasó en Plenaria de la Cámara y solo faltaba su aprobación en la Plenaria del Senado. Algunos congresistas y sectores de la sociedad se mostraron impávidos ante el suceso, y el ministro Carlos Lemos Simmonds exhortó a los parlamentarios liberales a salvar al país: “Ustedes son el último dique que queda para detener la avalancha de la delincuencia”.

Los fieles escuderos del artículo eran “casualmente” políticos relacionados con la mafia: Uno de ellos, David Turbay, procesado y condenado por sus vinculaciones con el narcotráfico; otro, Federico Estrada Vélez, asesinado en oscuras circunstancias; otro, Alberto Santofimio Botero, socio de Escobar y otros capos; y el otro, Álvaro Uribe Vélez, quien hasta último momento trató de salvar el polémico proyecto. Intentó, con singular habilidad retórica, que se aprobase el proyecto sin el artículo pero con la condición que después de un tiempo prudencial fuese retomado en un referendo en torno al tema específico de la extradición. Lemos Simmonds le respondió que si su propuesta pasaba, “las elecciones futuras ya no serán con papeletas sino con metralletas”. Uribe seguía

insistiendo desesperado ante la plenaria del Senado, casi con la voz quebrada, como un niño antojado del juguete de moda: “Con la responsabilidad histórica de buscar estrategias efectivas, yo no creo que la extradición sea una estrategia efectiva, … no creo que sea efectivo que nuestros jueces esten intimidados, que nuestros cementerios estén llenos de tumbas de jueces masacrados, porque cumplieron su deber contra el narcotráfico. Es cierto, pero por qué no buscar soluciones imaginativas, honorable Senadores”. La “solución imaginativa” de Uribe era el simple cambio de fecha del referendo para que no coincidiera con las elecciones parlamentarias. Esos eran los últimos estertores del narcotráfico en su intento por acomodar la no extradición por vía de la consulta popular.

Finalmente, el proyecto que en distintos campos de la crítica se interpretó como la toma del poder parlamentario por parte de los carteles de la droga, se hundió.

Muchas fuentes salidas de las esferas criminales del cartel de Medellín como alias Popeye, o Carlos Fernández García, un ciudadano de origen español apodado “El hombre del gorra”, entre otros, coinciden en sus versiones sobre los pagos que en aquellas épocas hacía la organización de Pablo Escobar a algunos políticos para que apoyasen, presentasen proyectos y/o votasen en favor de la no extradición. Lo mismo para el financiamiento de sus campañas.

En abril de 1990, pasadas las elecciones al Congreso, una fuente entrevistada por el FBI aseguró que Pablo Escobar había patrocinado algunas campañas políticas. La entrevista con la fuente dio origen a un informe enviado a la oficina del FBI en Miami el 17 de abril. De acuerdo con el cable: “la información ha sido confirmada por otras fuentes, contactos de enlace, medios técnicos y operativos de seguridad pública en Colombia y los EEUU, y se considera fiable”. Como constataron los agentes federales: “Varios políticos de Antioquia ganaron asientos en el Senado … Representan al Partido Liberal y sus campañas fueron asistidas por el grupo de Escobar”. Una revisión a los resultados electorales del 11 de marzo de 1990 permite establecer que los senadores electos en Antioquia por diferentes fracciones del Partido Liberal fueron: Álvaro Uribe Vélez y Bernardo Guerra Serna, dos de los personajes citados por don Berna en una lista de políticos que según él eran “socios y piezas claves de Pablo Escobar”. ¿Otra simple coincidencia, o la constatación de que Uribe efectivamente era socio de criminales de gran calado?

Don Berna añade que Uribe fue clave en las negociaciones de Escobar y el gobierno de César Gaviria para lograr su reclusión en ese sitio, hecho a su medida y del que entraba y salía cuando se le antojaba. “Álvaro Uribe era un colaborador del capo Pablo Escobar”, fueron sus palabras ante la justicia en 1992, cuando este era un político desconocido a nivel nacional y ni siquiera era gobernador de Antioquia, mucho menos presidente. La falacia de Uribe, en la que aduce calumnias o venganzas por rencores políticos en su condición de presidente, parece desmoronarse.

Casi dos décadas más tarde, cuando Uribe salió elegido senador en 2014 luego de dos presidencias, fue recibido en ese recinto con un debate sobre su vida y sus cuestionadas actuaciones; debate llevado a cabo por el senador del POLO Democrático, Iván Cepeda Castro. Cepeda tuvo acercamientos con la Aerocivil para indagar y buscar pruebas de su gestión presuntamente enfocada en coadyuvar a la consolidación de la mafia, pero esa entidad le informó que “se desaparecieron”; siguiendo el mismo patrón presente en la mayoría de investigaciones que contra Uribe son abiertas.

Virginia Vallejo señala en un aparte de su libro: “Mi negocio y el de mis socios es el transporte —me dice Pablo— a cinco mil dólares por kilo asegurado, y está construido sobre una sola base: la pista de aterrizaje de los aviones y los helicópteros. Ese muchacho bendito con ayuda del subdirector cesar Villegas nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos, sin pistas ni aviones propios todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él es que estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín; ahí donde lo ves, con su cara de seminarista, es un peleador bravísimo”. En el año 2009, en una entrevista con María Elvira Salazar, la reconocida periodista y presentadora cubana, Vallejo, con profundo convencimiento confirma y amplía el tema de la relación Escobar-Uribe-Aerocivil: … “Yo vi dos veces a Álvaro Uribe, una vez que Pablo nos presentó cuando era un muchacho jovencito, tenía treinta y uno, cara de seminarista; y otra vez cuando se acerca a saludarnos en el aeropuerto de Medellín … es la vez que mes estoy despidiendo de Pablo, … y los dos muchachos que van a llevarme al aeropuerto se saludan con los dos muchachos o los dos señores que están con Álvaro Uribe y cuando Álvaro Uribe y yo cruzamos unas breves palabras de saludo, Álvaro Uribe le dice a los muchachos de Pablo:

“Saludos al Patrón”. Me pongo ante un detector de mentiras si todo lo que he escrito no es rigurosamente cierto”,

Y no solo ella la corrobora, también lo hace el exjefe de sicarios del cartel de Medellín, lugarteniente y mano derecha de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye, en una entrevista para el medio digital HispanoPost: “El doctor Álvaro Uribe Vélez autoriza esa pista a sabiendas que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar?, exportaba cocaína desde el Magdalena medio Antioqueño hacia los Estados Unidos de América, no hablemos de Europa ni de Australia ni de nada. … mire yo realmente en el tema de Álvaro Uribe no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad, Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad, no quiero ir tan de frente, dejémoslo para la historia, ya llegará el tiempo en que haya que contarlo, se contará”. Resulta inimaginable que al asesino más despiadado del cartel de Medellín, quien se jacta de haber matado a más de trescientas personas por mano propia y ser cómplice de otras tres mil muertes, que ha comentado en muchas entrevistas que “a él no lo matan de miedo sino de bala”, que ha sobrevivido a la organización delincuencial más peligrosa de la historia del país y quizá del mundo, a veinticuatro años en las prisiones más violentas, a varios intentos de asesinato, y que cazaba peleas a muerte con un sinnúmero de enemigos, entre ellos, el Clan Ochoa y otros peligrosos gansters, frente a Uribe le invada el miedo.

—“Describa en una palabra a Álvaro Uribe”:

Me abstengo, por seguridad.

Fue la lacónica respuesta a un periodista del canal costarricense CB 24.

Al entrevistarlo Yesid Baquero, reportero de Univisión, Popeye narra: … “el patrón tiene lo principal que es la pista pavimentada, la hacienda es creada para el tráfico de drogas, y en la zona hay laboratorios de coca, y la pista es pavimentada (sic) y autorizada por la Aerocivil, legal la pista”. Baquero lo interpela: “¿Quién manejaba la Aerocivil de esa época?”, Popeye contesta: “El doctor Álvaro Uribe Vélez”. Y continúa: … “la pista la fueron a intervenir varias veces y estaba autorizada; inclusive la pista nunca fue bombardeada, porque no se podía bombardear porque la pista fue autorizada, … ahí había aviones del patrón, había hangar y todo, aviones y helicópteros. Se cuadraba la base de

Palanquero y los aviones del narcotráfico salían desde bien atrás de la pista y se iba a vuelo rasante …de ahí se sacaba cocaína constantemente”.

Ante la periodista Diana López Zuleta, Popeye, en una constatación boba (por evidente) —como diría Fernando Vallejo— afirma: “Ninguna organización criminal en el mundo llega a amasar el poder que tuvo el cartel de Medellín si no cuenta con el Estado”.

Convertido en estrella mediática por la cultura de la narco-violencia imperante en buena parte de la sociedad colombiana y galopante en otras, Popeye ahora ya no dispara metralletas sino ratings, y por eso es buscado por periodistas de todo el mundo, y él, gustoso, no desaprovecha oportunidad para embriagarse de fama. Un golpe de felicidad suaviza su semblante cuando las cámaras y los micrófonos —embelesados— registran la acelerada voz con la que revive sus facinerosas aventuras, pero cuando es inquirido sobre Uribe, aborda cautelosamente el tema. La presentadora mexicana Adela Micha le pregunta sobre lo más grave que sepa, entonces responde: “Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia, más poderoso que cualquier mafioso; económica, políticamente, de todo. Es el dueño de la república de Colombia”. Similares respuestas brinda a todo aquel que trata de pescarle algún dato referente a Uribe, alguna frase que confirme lo confirmado, al menos por el sentido común, y que muchos aún se empeñan en seguir negando, casi psicóticamente.

Popeye se hizo escritor, guionista, actor de cine, y un exitoso youtuber, pero en 2018 fue capturado y puesto preso en la cárcel La Tramacúa, en la sofocante Valledupar. La fiscalía le acuso de seguir relacionado con la mafia, específicamente con la banda criminal conocida como La oficina de Envigado. El mediático exsicario murió en febrero de 2020 a causa de un cáncer de esófago. El general del ejército nacional, Eduardo Zapateiro Altamiranda, lamentó públicamente su partida y brindó sus condolencias a la familia. No es una fake new (noticia falsa o sarcástica), es una de tantas muestras irrefutables de lo que Colombia es ante el mundo: Un narco-estado. Zapateiro fue nombrado general del ejército por el presidente Iván Duque, pese a que sobre él se descargan denuncias sobre su presunta participación en falsos positivos y desaparición forzada, entre ellas, la del padre de un reconocido futbolista.

¿Por qué el difunto Popeye le temía a Uribe? ¿De ese grado de peligrosidad es el vetusto líder político?

Las evidencias sobre las estrechas relaciones de Uribe con la mafia no paran:

Entre 1977 y 1978, éste arribó a Bogotá para desempeñarse como secretario general del ministerio del trabajo, cargo anterior al de jefe de la aeronáutica civil. Uribe adquirió un apartamento en el centro de la capital y cuando terminó su periodo lo vendió a Israel Londoño Mejía, cuñado de los Ochoa Vásquez, capos del narcotráfico y sus allegados de siempre. Israel y su esposa, Fresia María Ochoa, figuran en un memorando de la DEA junto a otros narcotraficantes. Para la época de la compraventa del apartamento con Uribe Vélez, los Ochoa ya eran famosos por sus negocios con la droga. El 12 de octubre de 1977 había sido arrestada la hermana mayor de Fresia María, Ángela María Ochoa Vásquez, en posesión de kilo y medio de cocaína. Y de sus hermanos, ni hablar. Todos sabían que, junto a Escobar, Rodríguez Gacha y Lehder, eran los fundadores del cartel de Medellín. ¿La microgerencia y atención al detalle que le caracterizan le traicionaron otra vez, al no prevenirle sobre quiénes compraban su inmueble en el año 1979? Pues otro hecho dice que Uribe sí conocía al nuevo dueño del apartamento: Uribe, junto a su hermano Santiago, poseen en Jericó-Antioquia unos predios que colindan con los de la familia Ochoa Vásquez. En esos predios se establece la Agropecuaria Londoño Ochoa Hermanos y Cia. Ltda., de propiedad de Israel Londoño, su esposa y sus hermanos, los reconocidos narcos.

¿Tampoco conoce a sus vecinos de tierras, los mismos que le compraron su apartamento?

Lo que se sabe del paso de Álvaro Uribe Vélez por la Aeronáutica sigue siendo fragmentario, pues como esa misma entidad ha informado, gran parte de los archivos sobre su gestión se han desaparecido, y él, de forma incansable, se refiere al maremágnum de información existente en su contra, evidenciada y ratificada por los hechos históricos y por quienes de algún u otro modo son testigos de ellos, esgrimiendo su predilecta y consabida defensa, la de asegurar que son calumnias motivadas por rencores políticos de sus opositores o por sectores poderosos, afectados por su política estelar de la “seguridad democrática” durante su ejercicio presidencial. Pero como se ha constatado, las

investigaciones por los delicados hechos compilados en la hemeroteca se sitúan muy atrás de su llegada a la presidencia.

En los registros de la guerra entre Estado y carteles de la droga se cuentan por miles los muertos, los desaparecidos, los lisiados, los exiliados y las víctimas indirectas que somos casi todos, millones de colombianos y tal vez de habitantes del mundo, a quienes la codicia sangrienta de unos cuantos nos torció el destino. Jamás Colombia volvería a ser la misma; la economía, costumbres y cultura, serán moldeadas por la influencia del narcotráfico y su poder permeabilizador y putrefactor en todas las capas de la organización social. El viejo conflicto interno que campeaba por estos suelos será avivado por un nuevo combustible, y su continuidad escalonada con sus horribles secuelas, inevitable: insaciables oleajes de desplazados por los grupos armados, especialmente por paramilitares, se descargarán en las aceras de las capitales; la violencia exasperada en pueblos y campos, el terror adueñado de la psiquis colectiva, la corrupción, el incremento de las brechas entre ricos y pobres, el desempleo y demás lastres que el país arrastrará de ahí en adelante. Entonces, si como lo repetía el propio Pablo Escobar, que sin esos benditos funcionarios públicos le hubiese sido imposible a la mafia llegar a coronar su reinado de muerte y terror, surge naturalmente la pregunta: ¿Qué tanta responsabilidad les cabe a aquellos que, aprovechándose de sus cargos estatales, ayudaron a crear este monstruo, enemigo encarnizado de la sociedad? Una inmensa, máxime cuando se supone que son los representantes del pacto civil, de la constitución, de la legalidad, y de la democracia. Es, por tanto, mayor en ellos que en cualquier delincuente común por dañino que éste sea, y en esa medida deben ser sometidos por la justicia.

Pero ese poderío es tal que hasta la justicia ha sido corroída, o si no, amedrentada, pues ingentes son las cantidades de investigadores, fiscales, jueces y en general, cualquiera con el arrojo de haberlo denunciado, que yacen bajo la tiranía de sus balas.

Uno de ellos, don Guillermo Cano, en clara alusión a los políticos que pese a las elocuentes evidencias niegan sus relaciones con el narcotráfico, sostuvo: “No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.

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