Chuza…DAS

Por: Camilo Arteaga Durán (EpicuroDeSamos_)

La Casa de Nariño, entre 2002 y 2010, a la sazón conocida como “Casa de Nari”, se convirtió en un centro de reuniones de los altos funcionarios del “primer anillo” del presidente Álvaro Uribe Vélez y narcoparamilitares que fraguaban planes contra magistrados de las Cortes, periodistas críticos del gobierno y dirigentes políticos de la oposición.  Así lo reconoció la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Victoria Parra, en el juicio que se adelantó contra la condenada María del Pilar Hurtado Afanador, exdirectora del DAS y prófuga de la Justicia —al parecer con ayuda de Uribe⁶⁰⁹— hasta 2014; y contra Bernardo Moreno Villegas, exsecretario administrativo de esa agencia, dentro del proceso de las “chuzaDAS”.  La fiscal dijo sin ambages que “la presidencia de la República fue una empresa criminal que tuvo vocación de estabilidad y permanencia”.⁶¹⁰  Según ella misma, “Moreno y Hurtado adhirieron a una organización criminal constituida desde la presidencia de la República para cometer delitos contra servidores públicos y particulares”.  Hurtado Afanador se asilo en Panamá alegando —paradójica y cínicamente— ser víctima de persecución política, pero era una farsa para no comparecer ante la justicia nacional.  Uribe estaba complacido de que Hurtado anduviera por allá, e hizo todo lo posible para que fuera así durante varios años, pero en 2014 ese país la deportó al comprobar sus bulos.  

Hubo también muchas reuniones con los directores del DAS e importantes funcionarios de inteligencia del mismo organismo secreto de donde salieron directrices para hacerles seguimientos, interceptaciones y campañas de desprestigio a magistrados, periodistas y dirigentes políticos, de las cuales fueron víctimas, entre muchos más, la senadora Piedad Córdoba, Carlos Gaviria Díaz, Gustavo Petro, Alirio Uribe, Alexander López Amaya, Yidis Medina, Cecilia López Montaño, Juan Manuel Galán, Cecilia López Montaño, Wilson Borja, Iván Cepeda, Soraya Gutiérrez, la periodista Claudia Julieta Duque, el director del semanario VOZ, Carlos Lozano Guillén; Daniel Coronell, Ignacio Gómez, Juan Luis Martínez, Norbey Quevedo, Alejandro Santos, Edulfo Peña, Jineht Bedoya, Felix de Bedout, Hollman Morris, el sacerdote Javier Giraldo Moreno, Luis Eduardo Garzón, el escritor Alfredo Molano, Ramiro Bejarano, Germán Vargas Lleras, quien expresó en 2011: “Desde el DAS, en mi condición de senador, fui seguido, fui interceptado, y yo no era propiamente un enemigo del gobierno, era su aliado político.  ¿Qué no habrán hecho con los enemigos?⁶¹¹  Luego se comprobaría que el DAS estuvo involucrado en el atentado con carro bomba en 2005 contra este político, así como en el atentado con rocket contra el esmeraldero y señalado de paramilitarismo y otros crímenes, Víctor Carranza Niño.⁶¹²   

La abogada Soraya Gutiérrez sufrió un atentado cuando se desplazaba en su carro.  Dos vehículos la interceptaron llegando a su casa, se bajaron hombres armados, le dijeron que abra la puerta; cuando arrancó por instinto —como cuenta— sintió un impacto en el vidrio blindado del conductor.  Después se estableció que fue un disparo.  Tras ese atentado la llamaban en promedio veinte veces al día a su teléfono personal donde se oía carcajadas de niños.  Luego, a su hija de cinco años de edad le hicieron seguimientos, abordaban a la empleada cuando iba a recibirla, le preguntaban si iba a recoger a la hija de Soraya Gutiérrez, se pegaban detrás del auto que la trasportaba, lanzaban panfletos declarándolos objetivo militar de estructuras paramilitares, etc.  Todo esto sucedía a pesar que tenía medidas cautelares ordenadas por la CIDH desde 2003.  Eso la llevó a salir del país, aunque regresó después de un corto tiempo a vivir en otro lugar.  También, en otra oportunidad, impidieron su salida saboteando sus documentos en emigración.  La abogada comenta, con la voz quebrada, que el fin de dichos actos era destruirla psicológicamente.  Igual sucedía con sus compañeros del Colectivo de abogados Alvear Restrepo, una de las entidades más apaleadas por el DAS.⁶¹³   Masacres paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de líderes sociales y políticos, violaciones al DIH, y demás delitos perpetrados desde el estado, han pasado y pasan por las manos de los juristas del Colectivo.  La Operación Arauca se diseñó para enlodar al CAJAR con la guerrilla del ELN, plantando un mensaje ficticio que sería judicializado durante un allanamiento.  Esa propaganda del grupo ilegal fue introducida en las oficinas de esta ONG, pero los abogados se percataron del montaje, denunciaron a la Fiscalía lo ocurrido y el plan del DAS terminó por abortarse al descubrirse “un complot tan burdo”.⁶¹⁴  El precandidato presidencial del uribismo, Rafael Nieto Loaiza, recibía los informes ilegales del G-3 para hacer desprestigio a nivel internacional contra el CAJAR, según el periodista Julián Martínez.⁶¹⁵  

Wilson Alfonso Borja Díaz, excongresista del Polo Democrático Alternativo, comentó en una entrevista que Uribe le dijo a unos congresistas en su finca El Ubérrimo: “Ya tengo calladito al del sombrero” (Borja usaba sombrero),⁶¹⁶ pues por los montajes que le acusaban de ser integrante de las Farc y la investigación en curso, él no podía participar sobre los debates en el capitolio nacional sobre esos u otros temas relacionados. 

La orden de seguir a Piedad Córdoba la dio el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez.  Este alegó razones de seguridad nacional, pero el fallo de la Corte, donde se ordena indemnizar a la exparlamentaria por los daños causados, subraya que el objetivo era encontrar “información perjudicial” en su contra, en respuesta a una “agenda de requerimientos del presidente de la república”.  Cabe resaltar que esas acciones delictivas se financiaban con el erario, con el dinero de todos; así mismo, las indemnizaciones a las víctimas se pagan con dinero de los ciudadanos, nunca con el de los victimarios. 

 
“Es claro que Álvaro Uribe fue el principal beneficiado de las acciones del DAS y por ello me parece tardía la decisión de la Corte Suprema y la Comisiones de Acusaciones de la Cámara, obviamente, ha dejado en el limbo esas investigaciones para garantizar impunidad del expresidente que hoy funge como senador”, aseguró la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de persecución, amenazas, atentados y tortura psicológica contra ella y su hija de cuatro años.⁶¹⁷  “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”⁶¹⁸, eran algunos de los recados en llamadas telefónicas.  También amenazaron con violarla y descuartizarla: … “Descubrí la existencia de instrucciones oficiales del DAS para amenazar a mi hija en año 2004, cuando ella tenía diez años de edad. Esas instrucciones son absolutamente claras, particulares, en el sentido de anunciar no solo su muerte sino su violación sexual y su descuartizamiento. Esa llamada se dio en forma real en noviembre de 2004.  Fue el final de una serie de amenazas intimidatorias que recibí durante todo ese año.  Hoy existen pruebas judiciales en el sentido de que El DAS, que responde directamente a las órdenes del presidente de la república, estaba detrás de todas esas amenazas que se dieron en razón de mi labor de investigación en el caso del periodista Jaime Garzón asesinado en el año de 1999.  Por lo tanto, hoy responsabilizo en forma directa al presidente de la república Álvaro Uribe Vélez de la comisión de sus actos de parte de DAS, no solo contra mí sino contra más de trescientas personas en este país durante su gobierno”.⁶¹⁹  Al inicio, las denuncias de Claudia Julieta fueron catalogadas de locuras, la etiquetaron como enferma mental, pero luego se comprobaron en la justicia.⁶²⁰ 

Igual pasaba con decenas de opositores, periodistas, abogados, catedráticos, investigadores y todo aquel que fuese crítico del gobierno Uribe.  Muchos recibieron coronas mortuorias invitándolos a su propio entierro.  A los integrantes del colectivo de abogados José Alvear Retrepo, aparte de lo ya mencionado, se les intimidó públicamente al fijar avisos en periódicos de amplia circulación anunciando que se necesitaban abogados en esa entidad, pues todas las vacantes iban a estar disponibles; era una amenaza vedada de muerte a todos sus integrantes.  En las oficinas de la revista Semana se hallaron micrófonos ocultos, interceptaron comunicaciones y hackearon sus sistemas informáticos.  Al personal del diario Vanguardia Liberal se le vigilaba físicamente, como lo denunció la fundación para la libertad de prensa (FLIP).⁶²¹ 

El DAS llegó al despropósito de investigar a la profesora de historia y ciencias sociales Sonia Catalina Urrea Franco, del prestigioso colegio bogotano Marymount, porque supuestamente estaba alineando ideológicamente a sus alumnos con documentos rectores de las guerrillas colombianas.  Un memorando fechado el 14 de diciembre de 2004 sustentó esta operación sobre la base de que la docente les había puesto a leer a sus estudiantes de último grado varios textos de reputados investigadores como el historiador de la Universidad Nacional Fabio Zambrano o del sociólogo Alfredo Molano Bravo (fallecido), de Gloria Gaitán —hija del asesinado caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán— y de la desmovilizada de la guerrilla del M-19, Vera Grave.  Una clase de colegio sobre historia de la guerra en Colombia se convirtió en asunto de seguridad nacional, al punto de calificar la cátedra como una malsana influencia de adoctrinamiento guerrillero.  El DAS, se lee en el memorando, realizó operaciones encubiertas para promover una campaña de desprestigio contra la profesora Urrea para desvincularla de esa institución académica.⁶²²  La animadversión de Uribe y su partido por el profesorado crítico es bien conocida.  El sindicato de profesores (FECODE) ha sido en repetidas ocasiones blanco de sus ataques y de acusaciones de impartir un “adoctrinamiento comunista” a la niñez.  Algo estrambótico y cuasi paranoico, por decir lo menos.  Es uno de los grupos más amenazados del país y de los que más asesinatos de sus miembros registra.⁶²³  Entre los miles de archivos hallados quedó al descubierto una bitácora de estas operaciones de sabotaje.  La Operación Imprenta se desarrolló para impedir la edición y distribución de los libros “El Embrujo Autoritario”, una serie de informes anuales que durante el primer cuatrienio de Uribe publicaron varias organizaciones de derechos humanos.  Se dio la orden de atentar contra la imprenta y de quemar los camiones que lo distribuían.  La Operación Halloween tenía como propósito “concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista”, utilizando como estrategia el desprestigio a través de una publicación de un libro con diez mil ejemplares. 

Fue tanta la degradación del DAS en tiempos de Uribe presidente, que esa entidad se encargaba de enviar llamativas cajas de regalos con los nombres de los hijos menores de edad, supuestamente de parte de familiares (“De su abuelo para su nieta”).  Al abrirlas se encontraban con muñecas decapitadas y descuartizadas, quemadas la cara y con cruces de tinta roja sobre sus cuerpos a manera de sangre, especialmente en la parte genital, acompañadas de un manuscrito: “Usted tiene una familia muy bonita, cuídela, no la sacrifique”.⁶²⁴  Llamaban a las víctimas a describir la ruta escolar que recogía a sus hijos, el colegio, aula y pupitre donde estaban; los amiguitos con quienes jugaban, los profesores que les daban clases, etc.  Tenían identificadas plenamente a las familias, bloqueaban cuentas bancarias, tenían tarjetas con sus huellas dactilares, entraban a sus casas a robar sus computadores, amenazaban con violar y descuartizar a los infantes, a sus ancianos padres, y un sinnúmero de situaciones similares.  Hasta manuales sobre cómo amenazar con efectividad se diseñaban en el propio DAS y se impartían a los agentes.  En uno de los documentos secretos que hallaron los investigadores, identificado con el nombre ‘Uso exclusivo del DAS’, estaba este memorando:⁶²⁵  

“RECOMENDACIONES: 

Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de inteligencia de la Policía 

 No tartamudear ni durar en la llamada más de 49 segundos  

Llamar preferiblemente desde un teléfono ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelvan la llamada 

Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad, así sean de tránsito 

Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio 

Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente) 

TEXTO SALUDO: 

Buenos días (tardes).  Por favor la doctora Claudia Julieta se encuentra? (sic) 

Señora es usted la mamá de xxxxx (esperar Contestación) 

Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir Nos tocó meternos con quien más quiere, eso le pasa por Perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea Hijueputa…” (sic).   

La amenaza se efectuó en noviembre de 2004 y las palabras usadas, según denunció después la periodista, son “casi idénticas” a las encontradas en el documento que daba la instrucción.⁶²⁶  Esa era una de tantas “pedagogías” macabras que se dictaban en el DAS.  Una verdadera escuela del crimen.  De ese nivel de sociopatía y criminalidad era una parte del affaire de las chuzadas.   

El jefe directo del DAS era el Presidente de la República, no había intermediarios, solo un vínculo de subordinación de ese organismo para con el presidente; por ello, y en cualquier otro país con básico sentido de la decencia, estos hechos hubiesen dado con la inmediata dimisión y judicialización del jefe de estado; algo de lo que Uribe estaba plenamente consciente: “Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente de la República”, fue la frase que salió de sus propios labios en un encuentro con estudiantes de una universidad en Cali.⁶²⁷  A mayor inteligencia, mayor conciencia; a mayor conciencia, mayor culpabilidad. 

El Watergate, el recordado caso de espionaje norteamericano en la década del setenta, forzó al presidente Nixon a dimitir.  Aunque aquel es un juego de niños comparado con el de las “chuza-DAS”, dado que sus directrices no eran independientes o aisladas, sino que trenzaban distintos vasos comunicantes del crimen bajo un solo accionar estatal: La parapolítica, las confabulaciones y silenciamiento a opositores políticos, a líderes sociales, a críticos del gobierno o a testigos incomodos; el narcotráfico, el recaudo de información con toda clase de protervos fines, la corrupción a gran escala, etc.  En últimas, el DAS fue durante décadas el eje articulador del aparato criminal del estado colombiano, pero Álvaro Uribe Vélez supo llevarlo al culmen.   

“Interceptar en contra de la ley y por razones políticas es ajeno a mi manera de ser.  Acostumbro proceder de frente y sin trampa”, señaló el líder de la ultraderecha colombiana y jefe natural del partido Centro Democrático, luego de las declaraciones de José Miguel Narváez Martínez —subdirector de esa entidad, en las cuales aseguró que las chuzadas eran política del gobierno—, y después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar a Uribe. ⁶²⁸   José Miguel Narváez fue exsubdirector del DAS en el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, ideólogo de la extrema derecha, íntimo de Carlos Castaño y otros cabecillas narco-paramilitares, antiguo profesor de la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Inteligencia BG. Charry Solano; condenado a ocho años de cárcel por las chuzadas y a veintiséis años por su participación en el asesinato de Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999.⁶²⁹  Narváez ideó el G-3.  Según el exparamilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, éste recibió la cátedra de Narváez llamada “Por qué es lícito matar comunistas”.  Laverde Zapata declaró bajo juramento en el tribunal de Justicia y Paz que el bloque Catatumbo al que pertenecía, apoyó fuertemente la campaña de Álvaro Uribe para su primera campaña presidencial.⁶³⁰  En 2019, Narváez solicitó acogerse a la JEP, pidiendo protección dado que sus declaraciones significarán un riesgo para su vida.⁶³¹ 

Don Berna declaró ante una comisión de fiscales de Bogotá que Bernardo Moreno conocía del plan de infiltrar a la Corte para tener acceso a los procesos e influir en las decisiones en los casos de la parapolítica.  El DAS logró infiltrar agentes encubiertos que grabaron sesiones de los magistrados, colocaron dentro de la Corte a una “Mata Hari”⁶³² criolla y cooptaron a personal de servicios varios para que ingresaran grabadoras en las salas de sesiones.  A la testigo Alba Luz Flórez Gélvez, “La Mata Hari”, una atractiva mujer que se infiltraba seduciendo a funcionarios cercanos a la Corte, la desprestigiaron e intentaron matar varias veces.  Su intenso entrenamiento como agente encubierta del DAS le dio las mañas para seguir viva, habitando las calles, drogándose, vistiéndose de prostituta y mimetizada entre indigentes para despistar a la muerte que, contumaz, la acechaba día tras día, noche tras noche.⁶³³  El perfil de la Mata Hari como estudiante de psicología era perfecto para trabajarle la mente a las personas que podían brindarle información.  Actriz nata, temeraria, y de una habilidad magistral con el verbo, logró convencer a policías, escoltas, empleadas de servicios generales de las Cortes, asistentes, choferes de los magistrados, entre otros, de prestarse para recolectar la información que, según ella, pedía el presidente de la república.  La volvieron aún más atractiva pagándole —con dineros públicos— cirugías estéticas en sus senos para emblandecerle la voluntad a los objetivos de sexo masculino.⁶³⁴  En sus confesiones a la justicia admite que “manipuló sentimentalmente” a las fuentes para conseguir los requerimientos instruidos.  Uno de sus papeles fue el de vendedora de productos por catálogo.  

“Nos tocó correr.  Todos los días ella estudiaba cuatro horas las técnicas que le enseñamos y se le dejaban tareas: cómo dormir en la calle, cómo consumir alimentos como indigente, teatro, cómo expresarse, cómo disfrazarse de puta, cómo tenía que comprar drogas, cómo manejar armas.  Se volvió experta en recolectar información.  … Ella se preparó en la calle del Bronx en Bogotá, en sitios difíciles donde había guerrillos y paracos.  La probábamos: “Vaya me compra droga, vaya me conquista a ese man”.  Y cumplía”.  Esas son algunas de las declaraciones que dio William Romero Sánchez al diario El Espectador⁶³⁵ sobre Alba Luz Flórez, la “Mata Hari colombiana”.  Cualquier parecido con una chica Bond es pura coincidencia. 

“Mis superiores me indicaban que toda la información que recolecté era un requerimiento presidencial”; “Álvaro Uribe aún falta por responder”⁶³⁶, declaró ante la justicia y en medios de comunicación al tiempo que le pedía a María del Pilar Hurtado Afanador —apodada “La Coneja”— que cuente lo que pasó,⁶³⁷ cosa que hasta ahora no ha sido posible.  Así permanecen varias bocas en esta y muchas otras tormentas judiciales donde, casualmente, la efigie del expresidente se encuentra en el centro del torbellino.  Jorge Aurelio Noguera Cotes, quien conoció a la perfección el tejemaneje de estos actos criminales, le dijo al periodista Julián Martínez que mucha información se la llevará a la tumba.  Los vivos prefieren callar, mientras los muertos parecen hablarle a la opinión pública, describirle situaciones, señalar culpables.  Debajo de un hondo silencio habita un ruido devastador. 

La dupla de la Mata Hari-Romero también desfalcó a esa entidad, pues aprovechando las órdenes de sus superiores de borrar evidencias, se apropiaron de millonarias sumas de dinero destinadas a gastos reservados.  Por ejemplo, aseguraban haber pagado a cada fuente más de cincuenta millones de pesos, pero en realidad solo pagaban seis.  A otros les pagaron con una olla arrocera, pero facturaban por más de cincuenta millones.  Romero y la Mata Hari también fueron denunciados porque usaron información bajada de Internet y la incluyeron en reportes de supuestos informantes a los que se pagaron más de cien millones de pesos.  Así muchísimas más denuncias.  La Procuraduría ordenó investigarlos por enriquecimiento ilícito.⁶³⁸  La Mata Hari aseguró que se pagaban por obtener los expedientes de muchos parapolíticos.  El más apetecido y por el que más se ofrecía (cuarenta millones) era el de Mario Uribe Escobar, el primo del expresidente.⁶³⁹  Eso fue lo que le ofrecieron a Manuel Pinzón Casillas, exescolta del magistrado Velásquez y uno de los reclutados por Alba Luz Flórez.  Pinzón aseguró ante la justicia que el expresidente Álvaro Uribe requería información para estar anticipado y para saber cómo defenderse.  “Adelantarse a los medios, a la prensa, anticiparse a los escándalos, si iba a salir alguna persona involucrada, pues el estar anticipado, para el saber cómo defenderse, eso me lo dijo siempre Alba Luz” explicó Pinzón Casallas.⁶⁴⁰ 

En 2011, desde una corte Federal de Miami, don Berna reconoció que la actividad del DAS estaba orientada a perseguir y desprestigiar a opositores del presidente Uribe.  Dijo que los paramilitares tenían contactos con el DAS y que Jorge Noguera Cotes, primer director de ese organismo en el gobierno Uribe, fue puesto allí a sabiendas de su vinculación con las AUC.  El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) era una especie de cuota paramilitar en el Gobierno: “Cuando fue elegido el doctor Jorge Noguera (como director del DAS), pues el comandante Jorge 40 nos comentó a la mayoría de los comandantes que había llegado a la cúpula alguien de su entera confianza y que podríamos contar con él para lo que necesitáramos”.  Confesó que Marta Inés Leal se encargaba de instruir al personal de esa entidad para chuzar a la Corte.  Señaló que a principios de 2005 hubo una reunión en la zona de Ralito, a la que asistieron varios miembros de la cúpula del DAS, entre ellos Fernando Tabares (director de Inteligencia del ese organismo), el capitán Jorge Alberto Lagos León (jefe de Contrainteligencia) y otros directivos, donde expresaron que estaban a disposición para colaborar con la organización.  Tabares y Lagos fueron condenados a ocho años de prisión por el mal llamado “escándalo” de las chuzadas, pues escándalo es la famosa canción de Rafael o los que arma Justin Bieber u otras estrellas de la farándula, pero esto no es ningún escándalo, es un amplio compendio de gravísimos crímenes que involucran a un presidente de un país supuestamente legal y democrático, con más de cincuenta millones de habitantes, y sobre quien, pese al aluvión de palmarios indicios, evidencias y testimonios, aún no existe decisión judicial, ni siquiera un avance en el curso de sus cientos de atropellados procesos. 

El prólogo del extensísimo episodio delictivo de las “chuzaDAS” fue abierto por la revista Semana el 21 de febrero de 2009.  A raíz de la publicación, la Fiscalía actuó de oficio y el fiscal Mario Germán Iguarán Arana dijo que “los hallazgos hedían y causaban pavor”.⁶⁴¹  El DAS fue allanado y años después desmantelado, más con el fin de borrar evidencias y la memoria histórica que con el ánimo genuino de desechar políticas ilegales de espionaje, pues estas prácticas continuarían dándose desde otros segmentos del estado como las fuerzas militares y de policía⁶⁴², la fiscalía⁶⁴³, o la propia UNP⁶⁴⁴, que fue en lo que mutó el “desaparecido” DAS.⁶⁴⁵   “El DAS se acabó como una estrategia de desaparición de pruebas, porque la estrategia de desprestigio continua.  Esta operación sigue, continua y no se reduce a la interceptación de un teléfono que es el delito menos grave”, dijo el periodista Julián Martínez.⁶⁴⁶  A raíz del destape de esta olla podrida, el 17 de abril de 2013 se expidió la ley 1621 de inteligencia y contrainteligencia, que según el gobierno pondría fin a las interceptaciones ilegales y persecuciones.  Sin embargo, especialistas como el abogado y catedrático Ramiro Bejarano Guzmán explican que lo que se hizo fue legalizarlas.⁶⁴⁷ 

La mayoría de archivos de inteligencia y contrainteligencia se destruyeron, como aseguraron sus propios detectives.⁶⁴⁸  Miles de piezas probatorias que demostraban el vínculo de la “Casa de Nari” con el paramilitarismo nunca se encontraron.  Sin embargo, muchos fueron los testimonios rescatados, incluyendo el testigo estrella, Rafael Enrique García Torres, exdirector de informática del DAS y condenado a once años de prisión por estos hechos, quien aportó mucha información sobre el funcionamiento del G-3, grupo de inteligencia y contrainteligencia que dependía de forma inmediata del director, y este del presidente de la República.  Este grupo (G-3) fue calificado por el ente acusador como una organización al margen de la ley que se dedicó a la persecución sistemática de periodistas, líderes sindicales, políticos y magistrados con el propósito de “neutralizar” a todo aquel que estuviese en desacuerdo con el mandatario.⁶⁴⁹  El G-3 fue posteriormente como «Goni» y contaba con manuales de funciones, gastos reservados y minutas de seguimientos, amedrentamientos y amenazas contra líderes sindicales, opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas.⁶⁵⁰  En ese mismo grupo y en general, en toda esa institución, se presentaron defraudaciones al fisco.⁶⁵¹   Sin contar la corrupción, de la que aún se desconocen las cifras, el DAS se gastó en 2008 más de cuatro mil setecientos millones persiguiendo al magistrado Iván Velásquez, por poner solo un ejemplo.  Anualmente a esa entidad se le destinaba dos billones de pesos del presupuesto nacional, es decir, del bolsillo de todos.⁶⁵²  ¿Cuánto le costaría a la sociedad colombiana el financiamiento de los crímenes contra la misma sociedad colombiana? 

Jaime Fernando Ovalle Olaz era, junto a Narváez, quien coordinaba el G-3.  Fue detenido en septiembre de 2009 y considerado una ficha clave para la investigación de la fiscalía.  Murió de cáncer en 2010, pero alcanzó a decir que la información que recogía era para el alto gobierno, o sea, la presidencia.  Su familia denunció que tras ser capturado, no fue atendido en su enfermedad como requería.  ¿La dejaron avanzar para que muriera y no hablara?⁶⁵³   

García Torres ofreció una contundente entrevista⁶⁵⁴, donde enfatizó estar diciendo la verdad y que si el precio era pagar con su vida, asumía las consecuencias.  En el extenso diálogo aseguró que “el DAS era un bloque más de las AUC”,⁶⁵⁵  que él y Jorge Noguera Cotes recibían órdenes directas del presidente Uribe, e incluso que desde el DAS se narcotraficaba y se lavaba dólares en asocio con bloques paramilitares, y que por eso a esa agencia se le conocía como “El Cartel de las Tres Letras”.⁶⁵⁶  El propio Noguera habría viajado a concretar los negocios de narcotráfico con carteles mexicanos como los Beltrán Leiva, para así coordinar los envíos de droga en lanchas rápidas hasta México y de allí a la costa este de los Estados Unidos; información que entregó a las autoridades de ese país.  Agregó que muchas veces los propios vehículos del DAS trasportaban la droga, que el presidente Uribe estaba al tanto de todos estos asuntos y que los aprobaba, que desde ese organismo diseñaban y ejecutaban planes de desestabilización, asesinatos y magnicidios en Venezuela; que el DAS le colaboró con armas a los grupos paramilitares como el bloque Norte,⁶⁵⁷ que se diseñaban instrucciones para limpiar la zona fronteriza con grupos especiales (aunque ese organismo no tenía facultades para crear fuerzas de choque) y así facilitar el tráfico de drogas en ese territorio y la penetración para los planes de derrocamiento de ese gobierno.  Por esas mismas épocas se presentaron varios atentados en Venezuela, uno de ellos, quizá el más grave, fue el intento de asesinato de Hugo Chávez con un centenar de paramilitares vestidos como ejército de ese país, hecho por el que cual ese gobierno responsabilizó al DAS, al presidente Uribe y a otros de sus colaboradores.  García dice que efectivamente, ese atentado fue iniciativa de sectores de la oposición de ese país en coordinación con el DAS y con la colaboración de grupos paramilitares, que se confinaron en fincas colombianas;⁶⁵⁸ el mismo patrón presente en el caso de los mercenarios estadounidenses y paramilitares colombianos capturados en playas de la Guaira en 2020, entrenados en fincas del narco-paramilitar “Doble Rueda».    

Rafael García dijo que frente a la existencia de planes para conspirar contra el gobierno de Venezuela y que cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto que creaba una zona especial de orden público en la frontera con Venezuela, el presidente Álvaro Uribe, se preocupó:  … “En el año 2003, Jorge Noguera creó un grupo especial y clandestino, el cual tenía la misión de infiltrarse en Venezuela para, supuestamente, ubicar miembros de la subversión refugiados en este país.  La creación de este grupo fue encargada a Jacqueline Sandoval Salazar, quien, como premio por este trabajo, inicialmente fue ascendida a subdirectora de contrainteligencia y luego a directora general operativa.  Jacqueline Sandoval en la actualidad es directora el DAS en Antioquia”.  Habla de una reunión con un propósito específico: “En esta reunión se definió enviar tropas de las autodefensas a los departamentos de Norte de Santander y Arauca, con el fin de combatir a la guerrilla en la frontera con Venezuela y entrar a este país cuando fuera necesario.  Fue de esta reunión de donde se fortalecieron los bloques Catatumbo y Vencedores de Arauca”.  Aseguro que el objetivo no solo era acabar con la guerrilla, si no utilizar el territorio venezolano para el transporte de droga apoyado por grupos paramilitares.  También dijo que se mató mucha gente venezolana y se la enterró en fosas comunes como en La Gabarra, Norte de Santander.⁶⁵⁹ 

Añadió que se espiaba a personas o entidades no gubernamentales en otros países, que en conjunto con altos funcionarios de la Aerocivil y la DIAN ingresaban los dineros del narcotráfico.  Casi cien millones de dólares producto de la venta de cocaína lograron ingresar mediante las maniobras del DAS y esas otras instituciones, según informó a las autoridades norteamericanas.⁶⁶⁰  “Se definió que el dinero sería enviado desde los Estados Unidos a través de correos humanos.  Estas personas serían recibidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por funcionarios del DAS, quienes se encargarían de que pasaran los controles sin problema alguno. El mecanismo ilegal para recibir a las personas y burlar los controles fue ideado y gestionado por Lilia Babativa, en ese entonces y ahora subdirectora de asuntos migratorios del DAS”, expresó.  También dijo que borraban nombres de paras y narcos de los archivos judiciales, que él y otros funcionarios del DAS se reunían con quienes manejaban la plataforma Esperanza (sistema avanzado de interceptaciones) en la fiscalía para intercambiar información y luego pasársela a paramilitares y otros delincuentes; que esto se debía a la existencia de un convenio entre Jorge Noguera y el entonces fiscal Luis Camilo Osorio.  Según García, Noguera Cotes le contaba que el presidente Uribe se refería a los paramilitares como “los amigos”: “Dile a los amigos que ese es un caprichito del presidente”⁶⁶¹, habría sido la frase de Uribe en referencia al pedido de los paras de remover a Emilio Vence Zabaleta de la dirección del DAS en Barranquilla.    “Las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS, yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente, yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente.  En el caso de la operación Ciclón por la que terminamos respondiendo Jorge Noguera y yo, el mismo Jorge Noguera me dijo que el presidente Uribe había autorizado y ordenado que el entregáramos esa información al Frente Resistencia Tairona de las AUC.  Esa operación contemplaba inclusive llegar a capturar a Hernán Giraldo Serna”, afirmó.⁶⁶²  Así mismo sucedía con otros delincuentes.  Comenta que cuando García estaba empezando a ser reseñado en informes investigativos de policía judicial que lo involucraban como presunto enlace con grupos paramilitares, él se puso nervioso, pero Jorge Noguera le dijo: “No te preocupes que el presidente y el fiscal están al tanto de esto y ellos nos protegen en su momento”.⁶⁶³ 

Explica cómo participó, mediante un software, en un fraude electoral en favor de Uribe para su primer periodo presidencial (337.085 votos)⁶⁶⁴, razón por la cual habría sido ubicado como subdirector de informática y Jorge Noguera en la dirección.  Por ese fraude, la Corte Suprema sentenció a Enrique Osorio de la Rosa, exfuncionario de la Registraduría en Santa Marta, a seis años de cárcel y a una multa de tres mil salarios mínimos por el delito de concierto para delinquir agravado al probarse que participó en la trampa electoral a favor de candidatos de alias Jorge 40, pero en cuanto a la responsabilidad de Uribe en esto, García Torres afirma que la fiscalía de Mario Iguarán Arana fue muy selectiva y que, aunque dio todos los detalles y pruebas del caso, no se ha investigado al expresidente.  En 2002, Jorge Noguera Cotes fue el jefe de campaña de Uribe en el Magdalena.  De ahí pasó a la dirección del DAS.  García recuerda cuando este le dijo que el presidente le ordenó “dedicarse a la guerra política”.⁶⁶⁵  “Jorge Noguera se convirtió en el Vladimiro Montesinos de Álvaro Uribe”, comentó en otra entrevista para la revista Semana.⁶⁶⁶   

“El presidente Álvaro Uribe conocía y aprobaba la existencia de esta red ilegal y las actividades delictivas a que nos dedicábamos (en beneficio de los paramilitares) quienes hacíamos parte de ella”.  … Jorge Noguera me llevó a la presidencia donde ingresamos sin dejar registro alguno y estuvimos con el presidente, quien nos confirmó la orden de que entregáramos la información a las autodefensas”. 

Del tema del narcotráfico desde el DAS se sabe muy poco.  Sus tentáculos se extendían sobre Venezuela, Panamá, México, Estados Unidos y otros países.  Cientos de toneladas de droga fueron exportadas mediante la coordinación entre ese y otros organismos estatales.  Las personas involucradas son incontables, pero muy pocos los procesados.⁶⁶⁷ 

García es un hombre de memoria fresca.  Recuerda nombres de personas, de operaciones, de lugares en Colombia, Venezuela y otras latitudes; de instituciones públicas o privadas relacionadas con el DAS, con narcos y paramilitares.  Fedegan, Indumil, Incoder, la Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía, el Congreso, el Ministerio del Interior, el de Ambiente, el de Comunicaciones, el de Agricultura, el de Transporte, el de Relaciones Exteriores, el Consejo Superior de la Judicatura, la CAR de Cundinamarca, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), son algunas de las instituciones estatales de más relevancia citadas por García.⁶⁶⁸  El DAS no era una rueda suelta sino el piñón central de una mega estructura criminal estatal bien sincronizada.  La inteligencia del estado puesta al servicio de la mafia narco-paramilitar y de la corrupción.  Una máquina que avanzaba a todo vapor sobre el mar de sangre de los colombianos, timoneada por el alto poder ejecutivo.  Dentro de todos esos nombres, que según García eran los asistentes de esa mafia, está el del exprocurador Edgardo Maya Villazón y el de su sobrino, Faruk Urrutia, entonces directivo de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, como colaborador de las autodefensas.⁶⁶⁹  Urrutia fue senador del Centro Democrático por el departamento del César y ocupó varios cargos públicos entre el 2002 y el 2010 (durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe), un hombre honesto, según Uribe.  A finales de 2019, su nombre fue tendencia en redes por una foto erótica que el expresidente, sin darse cuenta, posteó en su cuenta de Twitter.⁶⁷⁰  Urrutia dijo que esa foto se coló entre unos documentos sobre temas económicos en un mensaje que le envió a Uribe, a quien consideró su amigo.  Lo que dejó ver el anecdótico y trivial suceso no fue tanto la imagen pornográfica sino la amistad presente entre Uribe y alguien señalado de ser colaborador de paramilitares, algo común en el expresidente. 

Rafael Enrique García Torres es testigo de cómo en el DAS existían listas de personas que luego aparecían asesinadas⁶⁷¹ (especialmente personas con tendencias de izquierda).  Los catálogos con las identificaciones eran enviados por Jorge Noguera a través de Álvaro Pupo Castro, quien se las entregaba a su primo ‘Jorge 40’, comandante del bloque Norte, para que procediera a dar orden de ejecutarlos.⁶⁷²  El programa de protección ofrecido por el DAS se usaba para hacerle seguimientos a las personas que supuestamente cuidaban, algo en lo que coinciden muchas víctimas, entre ellas, el congresista Gustavo Petro Urrego, a quien le envenenaron sus mascotas, infiltraron, intimidaron y amenazaron a su familia, incluidos sus padres ancianos (obligándolos a exiliarse); amenazaron con poner una bomba en el jardín infantil de su hermana (quedó desempleada porque retiraron a los niños), persiguieron a su hermano, quisieron asociarlo con las Farc (pese a que fue él quien realizó un debate sobre Farc-Política donde, paradójicamente, el único procesado fue Luis Fernando Almario, político conservador-uribista),⁶⁷³ entre otras situaciones que enloquecerían de terror a cualquiera.  Desde que hizo el debate en el congreso de la república sobre el escándalo” de la “Para-Política” en Antioquia, Sucre y luego en otras zonas del país, por el cual el treinta y cinco por ciento de parlamentarios oficialistas terminó en la cárcel por sus nexos con el narco-paramilitarismo, se incrementaron las persecuciones en su contra.  En la calle y demás sitios públicos, muchas personas insultaban a los líderes políticos Petro, Piedad Córdoba, Carlos Gaviria, a los periodistas Morris, Coronell y a otros.  La campaña de desprestigio surtía efecto en la población.  Se creía que en realidad todo aquel que contradijera a Uribe era simpatizante del terrorismo, o peor aún, un integrante de este “vestido de civil”.  El fin último era encarcelarlos, de ahí el afán de hacerles montajes judiciales.  “Una cosa es la libertad de prensa y otra es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo”, decía Uribe en rueda de prensa a inicios de 2009, refiriéndose a los periodistas que eran críticos de sus políticas, en especial a Hollman Morris, quien tenía un espacio de denuncia, opinión y análisis llamado “Contravía”, y donde desarrollaba temas referentes a la guerra interna, a la violación de derechos humanos en Colombia y a la búsqueda de una salida pacífica al conflicto; espacio en el que se le daba voz a las víctimas de la violencia, a las minorías, a defensores de derechos humanos y a funcionarios públicos que trabajan por la paz.  A Morris, a su equipo de trabajo, abogados, y su familia, se le persiguió, interceptó, denostó, hostigó y hasta se logró la desfinanciación de su programa por parte de la Unión Europea, la cual fue una de sus creadoras y realizadoras.  Los hijos de Morris, menores de edad, fueron los más afectados, y en varias ocasiones él y su familia tuvieron que salir del país por amenazas.  El 16 de mayo de 2005, a la residencia del periodista llegó un ramo de flores fúnebres con la leyenda “Sentidas condolencias, familia Morris”.  Este hecho ocurrió tras las denuncias expuestas en el programa ‘Contravía’, relativas al proceso de negociación entre el gobierno nacional y grupos paramilitares y sobre la participación de fuerzas militares de Colombia en la masacre de San José de Apartadó, Antioquia.  El 9 de marzo de 2006, Hollman Morris recibió un video en el que, junto con otras personas, se le señalaba como miembro del “bloque internacional de las FARC” y se le clasificaba como objetivo militar.  El entonces director general del DAS, Andrés Peñate Giraldo, le comentó a Morris “que una de las amenazas que consistía en un video difamatorio fue elaborado en las instalaciones del DAS”.  Hollman Morris recibió un correo electrónico en el que un grupo paramilitar denominado “Frente Patriótico” le manifestó que se había ganado en la lotería un ataúd con el epitafio: “Para un guerrillero, delator, antipatriota”.  Al día siguiente recibió otro correo electrónico del mismo grupo en el que se veía una foto suya marcada por una “X” y el texto que le acompañaba: “4, 3, 2, ya casi”.  Después de estas amenazas, Morris y su esposa abandonaron Colombia por un corto periodo de tiempo.  Durante ese lapso, el DAS decidió, de manera unilateral, cambiar el vehículo blindado asignado a su esquema de protección por un “vehículo corriente” a pesar de que los hijos de Morris se movilizarían en él durante la ausencia de sus padres.  En el conjunto residencial donde vivía instalaron un potente sistema de audio-cámaras para vigilar sus movimientos y los de su familia.  Su escolta estaba infiltrada, como estaba infiltrada la de los demás perseguidos.  Miembros de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia hostigaban al periodista, decomisaban sus equipos de grabación, así como su material fílmico.  El 3 de febrero de 2009, la vicepresidencia de la República emitió un comunicado en el que señaló que Morris había utilizados su condición de periodista “para hacerle apología a la violencia”.  En la noche, el entonces presidente Uribe Vélez señaló que Hollman Morris —así como el periodista Jorge Enrique Botero— “se escuda(ban) en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo.  Posteriormente, Morris recibió varias amenazas de muerte en su correo electrónico: “Perro triple hijueputa gonorrea terrorista auxiliador de las FARC, deberías estar muerto por apoyar a un grupo de delincuentes … Vas a pagar caro malparido”, decía uno de esos mensajes.  Como esas, fueron decenas las amenazas, hostigamientos y toda clase de persecuciones que el periodista —premiado varias veces por su carrera tanto en Colombia como en el extranjero— soportó durante casi una década de los gobiernos de Uribe.   

En un documento hallado en el DAS, se lee:⁶⁷⁴  

CURSOS DE ACCIÓN (Contra Hollman Morris): 

Iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional, a través de las siguientes actividades: 

-Comunicados 

-Incluir en video de Farc. 

-Acciones de sabotaje (Robo pasaporte, cédula, etc.) 

-Gestionar suspensión de la VISA. 

Eso y más era lo que hacía el DAS con dineros públicos, con los impuestos de la sociedad.  La propia Marta Inés Leal Llanos, en la audiencia del 28 de octubre de 2010, aceptó que en el DAS se fabricó, entre muchas cosas más, un video calumniador para desprestigiar a Morris donde se le asociaba con la Farc.  Llama la atención que al inicio del film, cuando se presentan los supuestos créditos de la “productora”, esta se identifica como “Producciones Castro-Chávez”.  Esa misma palabreja fue acuñada y esgrimida incansablemente por Álvaro Uribe para alegar que el proceso de paz con las Farc y cualquier otro presidente que no sea él o el que diga él, estaba circunscrito a esta “ideología”.  Todo lo diferente a él se reduce, de forma macartista, a “Castrochavismo”; es decir, a las ideologías políticas de los difuntos Fidel Castro y Hugo Chávez.  Es facilista y falaz, pero con el catalizador del poderosísimo aparataje mediático del establecimiento, esta burda patraña ha logrado embaucar a millones.  Fue uno de los factores determinantes para que en 2016 se haya rechazado el acuerdo de paz con las FARC mediante el plebiscito.  “Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca”,⁶⁷⁵ contó el propio gerente de campaña del NO al plebiscito, Juan Carlos Vélez, un político muy cercano a Uribe y militante del Centro Democrático.  A la gente le dijeron, a través de cadenas WhatsApp y redes sociales principalmente, que el acuerdo de paz era el inicio de una dictadura “castrochavista” en Colombia y que eso significaba la expropiación de los teneres de los colombianos: Una casa, un taxi, una moto, un negocio, el puesto de hot dogs, un lote, todo, según la campaña uribista, iba a ser expropiado mediante el acuerdo de paz.  Así mismo, que se iba a “homosexualizar a la niñez”, que les quitarían la pensión para dársela a Timochenko y demás jefes de las FARC, que las iglesias serían cerradas y muchas otras patochadas solo dignas del más profundo estado de alteración de conciencia inducido por alguna sustancia psicodélica.  Los altos índices de analfabetismo de Colombia permiten que en gran parte del imaginario colectivo echen raíces este tipo de burlas e insultos al intelecto.  “El NO ganó con mentiras”, sentenció el Consejo de Estado.⁶⁷⁶ 

Hollman Morris continuó ejerciendo el periodismo al frente de Canal Capital en la administración del alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego, y Uribe continuó con las estigmatizaciones.  Morris le interpuso una denuncia por injuria y calumnia.  En 2016, desde un salón de la Corte Suprema de Justicia, Uribe tuvo que retractarse de sus afirmaciones y le pidió perdón a Morris frente a las cámaras de televisión.⁶⁷⁷  El hogar del periodista terminó destruido, conllevando al rompimiento del matrimonio y en distintos padecimientos de índole familiar.  La armonía del hogar de todas las víctimas del DAS sufrió daños irreversibles, y muchos integrantes de estas, especialmente los adultos mayores, murieron a causa de infartos, nerviosismo, depresión o por la agudización de diferentes enfermedades, producto del largo periodo de tiempo que esta pesadilla, gestada desde las entrañas del poder, torturó sus vidas; sueño tormentoso que el propio Jorge Noguera Cotes había presagiado en una entrevista para la revista Cromos, a inicios de 2005: “Si contáramos lo que día tras día sucede aquí (en el DAS) la gente no podría dormir”.⁶⁷⁸  En esa misma ocasión, Noguera exhibía orgulloso su colección de armas y se declaraba fanático de ellas.  “No concibe la vida sin una pistola al cinto”, anotó la revista.  Uribe también alcanzó a nombrar a Noguera de Cónsul en Milán, antes de que estallara la olla a presión que había empezado a hervir desde su llegada a la comandancia del Departamento Administrativo de Seguridad. 

Otras víctimas murieron por las balas, como el ingeniero agrónomo, escritor y destacado sociólogo Alfredo Correa de Andreis, a quien el DAS había designado en medio de sus montajes como alias “Eulogio”, un supuesto cabecilla de las Farc.  “La seguridad democrática” —comenta Julián Martínez— había pagado ochocientos mil pesos a testigos falsos para hacerle esa acusación.  Cuando Correa de Andreis iba a presentar las pruebas de su inocencia, y a pocas horas de presentarlas, lo mataron.⁶⁷⁹  Este catedrático universitario tenía entre sus múltiples áreas de estudio el del desplazamiento forzado en la costa por grupos armados.  Sus denuncias no calaban bien en muchos oscuros sectores.  Fue un racionalista, humanista y pacifista, apasionado defensor de derechos humanos.  Un sentipensante.⁶⁸⁰  En 2013 y 2019, el estado colombiano pidió perdón público por su asesinato.⁶⁸¹  Uno de los sectores con más víctimas del DAS y del narco-paramilitarismo ha sido el intelectual.  La búsqueda de la verdad siempre incomodará a las mafias; la educación de una sociedad, también: Una sociedad educada es el gran óbice para los gobiernos tiránicos.  El escolta de Correa de Andreis, Edelberto Ochoa, cayó en el mismo hecho.  El sindicalista Adán Pacheco, la periodista Zully Esther Codina Pérez, el defensor del pueblo de Barranquilla Pedro Pérez Orozco, el periodista Fernando Pisciotti, los exagentes del DAS que se disponían a entregar pruebas de los perpetradores intelectuales, y muchos más, fueron igualmente silenciados.  Otros quedaron escritos en las interminables listas de desaparecidos.  Muchos muertos del DAS son poco o nada conocidos,⁶⁸² pues son solo números sin nombre, frías estadísticas que atascan anaqueles judiciales y que se depositan en lóbregas oficinas esperando a que los largos años sobre los que termina pereciendo la justicia, los arranquen para siempre de la lánguida memoria de un país que ha optado por el olvido del ayer como mecanismo de supervivencia ante la barbarie del mañana.  Ese olvido es otra forma de revictimizarlos. 

Luis Guillermo Pérez Casas, abogado del colectivo CCAJAR y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), a quien le quemaron su casa, le amenazaron de muerte a sus hijos, le robaron su computador cuando tenía investigaciones sobre la relación de paramilitares y funcionarios del gobierno Uribe para mostrar en el parlamento europeo, y víctima también de salvajes seguimientos y campañas de desprestigio, dijo que las peleas al interior de DAS entre Jorge Noguera y José Miguel Narváez fueron las que terminaron salvándoles la vida a algunos de los perseguidos por el DAS, o si no hubieran muerto todos.⁶⁸³  “Son crímenes de lesa humanidad, por lo menos el crimen de persecución política está demostrado.  Ahora que no ha querido investigarlo, que no han querido reconocer ni la fiscalía ni la Corte Suprema porque siempre miran todo aisladamente, si se viese todo en su conjunto, está clarísimo que por lo menos, en términos del estatuto de Roma, hay un crimen de persecución política que se acompaña de asesinatos de desplazamiento forzado, de exilios, de amenazas de muerte, entre muchas otras acciones”, comenta Pérez Casas en una entrevista,⁶⁸⁴ adendando una concisa explicación sobre el porqué el expresidente no ha sido juzgado: “Si hubiésemos cometido la menor irregularidad, ya no existiríamos, el colectivo de abogados Alvear Restrepo hubiese desaparecido.  La fortaleza está en que veinticuatro miembros de su gobierno que se dedicaron a perseguirnos de esta manera han sido condenados.  ¿Por qué no ha sido condenado él? Porque tiene un fuero de impunidad que le garantiza la constitución política, y es que por esos crímenes solo lo puede condenar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que siguen delinquiendo pues porque prevarican en la medida en que no cumplen con su obligación constitucional de contribuir a la justicia”.⁶⁸⁵  

El abogado y excongresista Alirio Uribe Muñoz, expresó en 2010 en una entrevista que sobre su persona, familia y colegas de la sociedad de abogados José Alvear Restrepo, se cometió el delito de persecución (delito internacional).  Hace responsable al expresidente Uribe por estos hechos ya que existen las actas que dicen que esa información era para la presidencia y por las declaraciones de varios miembros del DAS que así lo confirmaron, además de que esa inteligencia estratégica era para definir política pública y tomar decisiones políticas desde el gobierno.⁶⁸⁶ 

A Yidis Medina Padilla la asociaron con el ELN y con secuestros.  Su foto y datos aparecían junto a la bandera de ese grupo y unos guerrilleros en dos mil afiches, pegados en postes de diferentes ciudades bajo el título de secuestradora y terrorista, en aras de desprestigiarla como venganza por sus confesiones sobre el “escándalo” (Sí, otro en los gobiernos de Uribe) de la “Yidis-Política”, donde vendió su voto para la reelección presidencial.  Además, se creó una página web y varios correos electrónicos, todos usados para señalarla de vínculos con ese grupo armado.⁶⁸⁷  Querían desvirtuar sus testimonios haciéndola ver como una guerrillera, o sea, como enemiga natural de Uribe, y que, por consiguiente, sus confesiones no eran creíbles, pues eran impulsadas por convicciones netamente políticas y/o del bando “malo” de la guerra; entre tanto, Uribe quedaba como la víctima.  El mismo guion, el mismo patrón de siempre.  … “Que le colaborara con el tema de esta señora, de esta bandida, como le decían ellos, que ya era orden de presidencia para comenzar el desprestigio de ella”, aseguró el testigo Julio Cesar Almanza, extrabajador del DAS. 

Medina confesó que Uribe y los ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios Betancourt la presionaron y sobornaron con suculentas tajadas burocráticas para obtener su decisión favorable que dio luz verde a la reelección en el año 2006.  Por ello, Pretelt y Palacios fueron condenados a seis años de cárcel por el delito de cohecho.⁶⁸⁸  Yidis Medina, Teodolindo Avendaño y otros también fueron a la cárcel por vender su voto.  Tras el cumplimiento de su condena, Medina nuevamente fue detenida y condenada a treinta y dos años de prisión, supuestamente por secuestro y por pertenecer al ELN, pero la justicia la absolvió al comprobar que esas acusaciones eran montajes dentro de la misma campaña de desprestigio gestada en el DAS.⁶⁸⁹  Tres años después de las trampas en favor de la reelección de Uribe, Noticias UNO reveló un video⁶⁹⁰ donde Yidis Medina explicaba al detalle lo que había sucedido, y el cual debía ser publicado “por si le llegaba a pasar algo”, pues venía siendo amenazada para que permaneciera en silencio: “Me dijo que cuidado iba a hablar algo porque si no el gobierno menos iba a cumplir, y que era muy fácil que yo apareciera asesinada, o que me accidentaran y dijeran: la atropellaron y se murió.”  … “Es mejor no tratar de hacer daño al gobierno porque ellos al fin y al cabo son el gobierno y usted puede aparecer accidentada o muerta por ahí en la séptima”, son algunos apartes de la confesión de Medina, refiriéndose a Iván Diaz Mateus, un congresista cercano al gobierno y condenado por la Yidispolítica.  El video fue realizado bajo acuerdo de confidencialidad.   

Por los graves montajes en su contra recibió una millonaria indemnización, aunque el tiempo en prisión y los perjuicios morales jamás pueden resarcirse ni con todo el dinero del mundo.  Algunas de las incontables víctimas del DAS también han sido ha sido reparadas, cada una tiene historias similares, unas más escalofriantes que otras, pero todas, desde luego, repudiables.  “Esto es peor que la parapolítica, porque aquí hay órdenes directas del presidente”, decía Petro mientras palmeaba los documentos probatorios con los cuales hizo el debate sobre las chuzadas en mayo de 2010, en el recinto del congreso de la República.⁶⁹¹  

Todos los directores del DAS durante el gobierno Uribe están investigados (Jorge Noguera Cotes, Andrés Mauricio Peñate, María del Pilar Hurtado, Joaquín Polo Montalvo, Felipe Muñoz); dos ya condenados.  Sobre la responsabilidad del expresidente Uribe, siendo el jefe directo de estos, García Torres respondió: … “(En el DAS) Cambian al director, cambian al subdirector, cambian a los directores de inteligencia, cambian todo el mundo y los problemas persisten y cada vez peor.  Hay una persona en toda la línea de mando que nunca ha cambiado, ¿quién es?: el presidente Álvaro Uribe.  En la línea de mando del DAS el que nunca ha cambiado es el presidente Álvaro Uribe.  Tonces (sic), ¿qué explicación tiene que, siendo él la única persona que no cambia en la línea de mando, los problemas persistan y se acentúen?  Es decir, el problema no es entonces el director del DAS, porque han puesto cuatro diferentes y los cuatro han sido investigados.  El DAS es una entidad adscrita a la presidencia de la República.  Y desde la época de Jorge Noguera, siempre, lo que fue el secretario privado (de la presidencia), ese tipo de cosas eran los que daban las ordenes al director del DAS.  Yo me acuerdo que Jorge Noguera lo llamaba Alberto Velásquez y él estaba conmigo y enseguida nooo (sic), apúrate, me llama Alberto Velásquez.  Creo que era secretario privado o secretario general.  ¿Será que el secretario privado por sí y ante sí le va a dar una orden al director del DAS?  Yo no lo puedo creer.  Yo era jefe de informática, el tiempo se encargó de demostrar que muchas de las ordenes ilegales que yo di, venían de arriba, no eran iniciativa de (Rafael) García”.⁶⁹²   

El exfuncionario dice que tenía que vivir escondido junto a su familia porque el gobierno había dado órdenes de matarlo.  Se consideró perseguido por el gobierno de Álvaro Uribe.  A lo largo de sus declaraciones aparece con frecuencia el nombre de Fernando Londoño Hoyos como fuerte instigador de las actividades ilícitas del DAS.  Londoño, como es de conocimiento público, ha sido ministro de Uribe y uno de sus grandes aliados de su carrera política.  Cuando el entrevistador Arnulfo Méndez le pregunta sobre el otro “escándalo”, el de la parapolítica, el cual está vigorosamente enhebrado con el del DAS, García contesta que lo que hicieron las autoridades fue constatar lo que él declaró; que fue tan cierto lo que dijo, que muchas de las personas se acogieron a sentencia anticipada, ni siquiera fueron a juicio, pues las autoridades corroboraron tantas cosas y lograron tal cúmulo de pruebas que ellos prefirieron aceptar su culpabilidad.  Es decir, Rafael Enrique García Torres es un testigo de alta credibilidad y así lo volvieron a ratificar los exámenes periciales y psiquiátricos efectuados por medicina legal⁶⁹³, pues, como es usual cuando aparecen testimonios que involucran a Uribe o sus allegados, a García Torres quisieron restarle credibilidad tachándolo de loco, de mentiroso compulsivo y hasta de amigo de Chávez.  El testimonio de Rafael García ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia puso en líos a su exjefe, Jorge Aurelio Noguera Cotes, a los congresistas Álvaro Araújo Castro, Alfonso Campo Escobar, Mauricio Pimiento y Luis Eduardo Vives Lacotoure, entre otros; todos coligados de forma mancomunada para lograr la presidencia de un hombre provinciano casi desconocido a nivel nacional, y tiempo después condenados por la parapolítica y otros delitos.⁶⁹⁴  ¿Qué supone uno?, como diría el propio Álvaro Uribe Vélez.  Un interrogante que se vuelve inexorable, mientras él y sus abogados alegan que los hechos criminales, eufemísticamente denominados “ChuzaDAS”, los cometieron funcionarios de mediano rango, que no los ordenó y que por supuesto, él nada sabía.⁶⁹⁵ 

“Desde luego que el presidente sabía”⁶⁹⁶, aseguró William Gabriel Romero, Sánchez, exsubdirector de fuentes humanas del DAS, refiriéndose a las operaciones de infiltración de los magistrados de la Corte. Añadió que Uribe “estaba muy satisfecho” con esa labor.  Según Romero, María del Pilar Hurtado le ordenó pagarles un millón de pesos adicionales a quienes hacían dichas infiltraciones como premio a sus resultados.  Asegura que el estado lo dejó solo después de cumplir órdenes del alto gobierno e hizo el llamado a María del Pilar Hurtado para que aclare lo que sucedió porque ella es “pieza esencial”.  Sobre las solicitudes de asilo político en diferentes países, alentadas por el presidente, las calificó como un hecho injusto y aseguró que Uribe se estaba blindando con las personas que lo pueden inculpar.⁶⁹⁷  Romero Sánchez ratificó en los estrados judiciales que las ordenes provenían de los más alto mandos, que quien firmaba los decretos por los que se desarrollaron ese tipo de acciones era el presidente.⁶⁹⁸  Las declaraciones de Romero ante la justicia son extensas, precisas, y cierran espacio a incertidumbres.⁶⁹⁹  “La Casa de Nariño no era la que chuzaba.  Eso lo ordenaba Uribe», dijo Romero bajo gravedad de juramento, condenado a ocho años de prisión y quien, al igual que los otros funcionarios que implicaron al entonces presidente, recibió amenazas contra su vida luego de sus declaraciones.⁷⁰⁰  Ante Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, William Romero reveló que recibió la orden de destruir todo el material que recolectaron tras los seguimientos realizados al interior de ese alto tribunal.⁷⁰¹  Romero declaró ante la Corte Suprema de Justicia: “La cadena de mando siempre llego desde el alto gobierno.  Siempre los directores del departamento Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado, Felipe Muñoz, siempre decían el señor presidente necesita esto, ordena esto, el señor está disgustado, el señor presidente felicita, el señor presidente anda en preocupación con sus opositores, o sea, nos lo hacían ver de manera reiterativa”.⁷⁰²  Romero también afirmó que sus superiores llegaban con órdenes expresas respecto de lo que el presidente solicita, y tenían que cumplirlo.  Amplió detalles sobre los pagos a las fuentes humanas y sobre las directrices de no dejar rastro de estos, efectuados a más novecientas personas.  Se refirió en especial a una denominada “Chucho” (Jesús Villamizar), que era el encargado de tomar las fotos a los blancos para posteriormente realizar los montajes.  Cerrando sus confesiones, dijo: “Quiero dejar constancia el día de hoy que a raíz de mis intervenciones y estar colaborando con la justicia, mi seguridad la tengo vulnerada, esta vulneración viene desde hace cerca de tres años y ahorita quiero dejar la constancia para que los organismos de derechos humanos tengan conocimiento de lo que me pueda suceder a mí, a mi familia y a los abogados que me asisten”.⁷⁰³ 

En declaraciones ante la Fiscalía, Romero aseguró: … “Todos los insumos logrados por estas subdirecciones eran enviados a la Subdirección de Análisis, que finalmente los consolidaba en un producto final dirigido a la Dirección del Departamento con destino a la Presidencia”.  A la pregunta sobre el destino final de la información recolectada sobre senadores y magistrados de la Corte, respondió: “Sí, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dada la retroalimentación que me dio la doctora María del Pilar en compañía del capitán Tabares”⁷⁰⁴ 

Como Romero, muchos testigos e investigadores de las chuzadas han sido amenazados.  En 2011, el congresista Camilo Abril decidió renunciar a liderar la investigación contra Uribe tan sólo dos días después de ser nombrado. Abril dijo que en marzo había remitido a la Fiscalía una investigación contra Uribe por hechos ocurridos durante su período como Gobernador de Antioquia y que «desde ese momento se empezaron a dar amenazas y ahora la presión ha sido muy alta”.  Explicó que no se sentía seguro para desarrollar su trabajo y dijo que no tenía las medidas de seguridad garantizadas para llevar a cabo el proceso. Dijo que se quería apartar para permitir el desarrollo del proceso.⁷⁰⁵  La juez Jenni Rosanía Jiménez que envió a la cárcel al director de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren Rincón, luego de que Uribe defendiera a ese funcionario diciendo que era honesto y que no merecía estar en la cárcel, y de que insinuara que la juez no era transparente, empezó a sufrir presiones para que renuncie a su cargo.  Luego, en una carta firmada por un líder de bandas delincuenciales le dijo que la querían matar.⁷⁰⁶  Al exdetective del DAS, Alexander Menjura, quien dijo estar dispuesto a declarar sobre lo sucedido en ese organismo, le amenazaron a sus hijos mediante un sufragio.  Poco tiempo después le hicieron una atentando con granada en su casa.  Aunque sobrevivieron, su casa quedó destruida.  Decidió salir del país con su familia.⁷⁰⁷  El intendente de la policía Oswaldo Villamil Torralba fue procesado por ser participe en las interceptaciones ilegales del DAS al magistrado Iván Velásquez.  Volvió a su trabajo tras vencerse los términos de su proceso, pero en el acto fue trasladado extrañamente a una zona roja, a pesar de seguir siendo testigo en estos hechos y no obstante las diligencias de su abogado para que se le brinde protección.  El propio exmagistrado Velásquez aseguró que su testimonio es indispensable para aclarar los seguimientos en su contra.⁷⁰⁸ 

Concordantes con los del condenado exdirector de fuentes humanas, William Romero Sánchez, son los testimonios dados por otros funcionarios de ese organismo como Andrés Mauricio Peñate Giraldo (quien había sido viceministro de defensa de Uribe y luego director del DAS), Gustavo Sierra Prieto, Martha Inés Leal, Jorge Alberto Lagos, Fernando Tabares, entre otros. Todos señalan al alto gobierno como el cerebro de este entramado criminal.  “Bernardo Moreno en su calidad de codirigente de la estructura organizada de poder transmitió a María del Pilar Hurtado la orden de la Presidencia de conocer lo que se discutía en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia porque el presidente Álvaro Uribe tenía interés en conocer lo que era discutido allí”, dijo la fiscalía.⁷⁰⁹  Agregó que quedó probado durante las audiencias que los dos exfuncionarios “se adhirieron a una empresa criminal integrada por funcionarios de la presidencia de la república, del DAS y de la UIAF que, amparados en su posición, emitieron y ejecutaron órdenes carentes de fundamento con el fin de desprestigiar a magistrados, congresistas y particularmente los considerados por el gobierno como blancos políticos”.  LA UIAF (Unidad de inteligencia de análisis financiero) era dirigida por Mario Aranguren Rincón, quien fue condenado en el marco de las chuzadas por concierto para delinquir y prevaricato por acción a once años y medio de prisión.⁷¹⁰  Aranguren fue procesado por entregarle información privada a los agentes del DAS sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, el periodista Coronell, entre otros.  Según la Fiscalía General, en su escrito de acusación, la UIAF le envió los registros bancarios y movimientos de los togados a la entonces directora del organismo, María del Pilar Hurtado y al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. Esta información, según el ente investigador, fue clave para realizar la campaña de desprestigio en contra de los magistrados y demás blancos del DAS.  En este plan se les intentó vincular con cuestionados empresarios y narcotraficantes, principalmente Ascencio Reyes, con el único fin de restarle credibilidad a sus decisiones.⁷¹¹  Por estos mismos hechos fue condenado el exsubdirector de la UIAF, Luis Eduardo Daza Giraldo.  La UIAF era una entidad adscrita al ministerio de Hacienda, dependía directamente de esa cartera.⁷¹²  El ministro de Hacienda de ese entonces era Óscar Iván Zuluaga, el excandidato presidencial del uribismo en 2014. 

Nombres como Escalera, Arauca, Halloween, Transmilenio, Amazonas, Puerto Asís, Zafiro, Bahía, entre otros, contenían las directrices de neutralización e inteligencia ofensiva contra los opositores del gobierno. 

Ramiro Bejarano opina en una entrevista: “En el DAS habrían podido nombrar a la madre Teresa de Calcuta como directora, pero si le hubieran dado las mismas órdenes que le dieron a Noguera o a la Dra. María del Pilar Hurtado, hubiese pasado lo mismo”.  En el mismo programa, Claudia Julieta Duque dice que las investigaciones llegaron hasta un punto del cual no se quiso pasar, y que se trató de crear una verdad socialmente aceptada, pero que no toda la verdad se ha dicho.  “El DAS es un capítulo siniestro de la historia de Colombia, de lo que no deben ser los organismos de seguridad ni de inteligencia del Estado”, sentenció el abogado Aliro Uribe.   

El DAS planificaba atentados para desestabilizar y generar terror en época electoral, culpaban a las FARC y decían que se iban a tomar Bogotá, la gente votaba aterrorizada en favor de los candidatos de la “seguridad democrática”.  El aparato mediático era fundamental para replicar y amplificar estos engaños.  Se comprobó que el DAS coordinaba estos atentados con apoyo de la policía, el ejército y otros organismos armados y de inteligencia del estado.⁷¹³ 

En el editorial de su programa radial matutino,⁷¹⁴ el veterano periodista Juan Gossaín manifestaba estar perplejo y asombrado con cada nueva revelación de las chuzadas.  Tenía en sus manos unos documentos incautados en las oficinas del DAS.  “Cada día el asunto es peor y es más repugnante y es más grave.”  Acto seguido anotaba: “Esto es monstruoso.  Esto es un crimen monstruoso.  ¿Quién lo cometió, quién lo ordenó, quien lo estimuló, o lo patrocinó, o lo calló o lo encubrió?  Eso es lo que la justicia está intentando establecer, pero a mí no me cabe duda de la monstruosidad de esto.  Los documentos hablan por sí solos.  Terrible ironía, terrible y dolorosa ironía, ¿sabe cuál?: En la parte superior izquierda de cada hoja decomisada en el DAS, incautada en el DAS en estos allanamientos, en la parte de arriba, a la izquierda, aparece el Escudo de nacional Colombia con la leyenda Libertad y Orden.  Yo si me sentaría a reírme de no fuera porque estas cosas dan ganas de llorar.  Libertad y orden.  Libertad, sobre todo.  Y a la derecha, en el otro ángulo, también arriba, cada hoja tiene el sello del DAS, el escudo del DAS”.  Y proseguía con la lectura de algunos de aquellos documentos que se asemejaban más a las maquinaciones retorcidas de un sociópata que a los del organismo encargado de velar por la seguridad de los habitantes de una nación:⁷¹⁵   

“Voy a permitirle leerles a ustedes algunos de estos documentos, de estas páginas, … Las voy a leer textualmente porque hablan por sí solas, son tan terribles que son elocuentes.  Oiga esto: Operaciones: Amazonas, Transmilenio, Bahía.  Estrategia: Desprestigio medios de comunicación, encuestas, chat.  Calles: Distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros.  Creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes.  Luego dice: Sabotaje: terrorismo, explosivo, incendiario, servicios públicos, tecnológicos.  Presión: amenazas y chantaje.  Ese es uno de los documentos.  Oigan otro: Desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno, generar división al interior de los, movimientos de oposición, impedir la materialización de escenarios convocados por la oposición, transbordo ideológico.  Luego, otro documento, también decomisado por la fiscalía en el allanamiento al DAS: Departamento Administrativo de Seguridad.  Dirección General de Inteligencia.  Subdirección de operaciones.  (Sarcástico) Libertad y Orden.  Amazonas el nombre de una de las operaciones, según dice al comienzo: “Objetivo general: Promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006.  Blancos: Partidos políticos opositores al Estado, Corte Constitucional, frente Social y Político. Carlos Gaviria Díaz: Generar vínculos con ONT-Farc.  Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba: Generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia; Horacio Serpa Uribe: Generar vínculos con el ELN; Polo Democrático Independiente, Gustavo Petro: Generar vínculos con las Farc; Antonio Navarro: Generar vínculos con el M19 y el narcotráfico; Wilson Borja: Generar infidelidad sentimental; Samuel Moreno: Demostrar relación con desfalcos financieros.  Estoy leyendo algunos documentos que fueron decomisados por la Fiscalía General de la Nación en las oficinas del DAS.  Hay otro que dice: Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, Umberto Sierra, Jaime Araujo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández, Tulio Alfredo Beltrán Sierra: Desprestigio, presión y sabotaje”.  Luego, la otra operación: “Transmilenio: Objetivo general: Neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y en el mundo.  Objetivo específico: Establecer vínculo con organizaciones terroristas en busca de su judicialización.  Casos: En desarrollo: Proyecciones: Operación Imprenta: Impedir la edición de libros E.A y otros.  Estrategias: Sabotaje y presión.  Acción: Servicios públicos, camiones de distribución, amenazas, guerra jurídica.  Operación Halloween –A mí no cabe duda de que esto lo hicieron unas verdaderas brujas-, Operación Halloween.  Objetivo: Concientizar a la población sobre a la realidad de la ideología comunista.  Estrategias: Desprestigio.  Acción: Publicación de libro, 10.000 ejemplares, entregados 7.620.  Proyecciones: Internet, 4000 ejemplares, creación página web.  Operación Arauca: Objetivo: Establecer vínculos entre CCAJAR y ELN.  Estrategia: sabotaje.  Acción: intercambio mensaje con cabecilla ELN, el cual será encontrado durante allanamiento (es decir, siembra de documentos falsos)”.  Además, “Operación intercambio: Objetivo: neutralizar influencia en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica.  Estrategias: desprestigio y sabotaje.  Acción: alianzas servicios de inteligencia extranjeros, comunicado y denuncia, páginas web, guerra jurídica. Operación Europa: Neutralizar influencia en sistema jurídico europeo, Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Gobiernos nacionales. Estrategias: desprestigio.  Acción: comunicados y denuncias, páginas web, guerra jurídica”.  Operación Risaralda, oiga esto: Objetivo: Generar división entre altos funcionarios de RedePaz.  Ana Teresa Bernal: Estrategias: Investigación operativa, desprestigio y sabotaje.  Acción: Comprobar actividades ilícitas de funcionarios RedePaz para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político, —me permito recordarle entre paréntesis, al bárbaro que hizo esto, que asilo se escribe con s, por lo menos—.  Comunicados: Desvinculación del esquema de seguridad del DAS. Operación Internet: Objetivo: Generar controversia en torno a las ONG. Estrategias: Desprestigio.  Acción: Emisión de comunicados a través de la creación de alas páginas Corporación Verdad y Justicia y Servicio Colombiano de Información y Estadística Para la Prevención del Conflicto. Operación Extranjeros: Objetivo: Neutralizar la operación de ciudadanos extranjeros que atentan contra la seguridad del estado.  Estrategias: Investigaciones Operativas, desprestigio y presión.  Acción: Deportación, comunicados y denuncias.  Esto es una prueba de seis páginas de las ciento sesenta y seis, que decomiso la fiscalía en el allanamiento del DAS.  Esto es escuetamente lo que dice esos terribles y monstruos documentos.  Déjenme decir los siguiente: “Esto no son chuzadas, esto es el espionaje más horrendo y asqueroso y repugnante del mundo, con atentados terroristas, como dice ahí, inclusive atacando camiones que reparten libros, con desprestigios de las personas, con ataques a sus familias, esto no es chuzadas, esto es muchísimo más grave que esto.  Esto es un plan de un organismo del Estado para acabar con el país.  Eso no es más, lo que dice ahí es eso”.  ¿Quién le dijo al DAS, quién les dijo a los funcionarios del DAS, que el gobierno y el estado son lo mismo? Por ejemplo, aquí dice: “Establecer vínculos con delincuentes de parte de los opositores del estado” ¡No! En una democracia, la gente tiene el derecho a oponerse al gobierno, sea cual sea el gobierno.  ¿Quién le dijo al DAS que aquí hay delito de opinión o el delito de discrepar o el delito de disentir del gobierno?, ¿quién le dijo al DAS que uno puede ir al colegio de los niños a perseguir a los hijos de los opositores? ¿quién les dijo que uno puede acostarse de noche en este país y no amanecer en su cama porque a la media noche sin proceso sin justicia, sin pruebas, sin una orden judicial, aparecen a cogerlo a uno en su casa? ¿quién les dijo eso? Los colombianos no solo les estamos pidiendo a la fiscalía, a la Corte Suprema, a todo el sistema judicial, no solo estamos pidiendo que nos digan quién hizo esto, quién lo ordeno, quién lo aprobó, quién lo llevo a cabo; quién, conociendo lo que el DAS estaba haciendo, se volvió encubridor de esto y no lo denuncio ante las autoridades, no solo lo pedimos, lo exigimos.  Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que intento convertir a nuestro país en un estado de policías y de terroristas de Estado, ¿quién? ¿quién intento convertir en esto en una nación de espías, quién fue el que concibió el macabro plan de perseguir a opositores reales o imaginarios como si fueran delincuentes, quién, quiénes están detrás de esto, tres detectives del DAS? ¡no me hagan reír, hombre!  Queremos y necesitamos y exigimos saber, que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga.  Mire, el cáncer no se cura con mejorales, dice el pueblo; esto lo que necesita es una alta operación de cirugía, esto no se cura con analgésicos, queremos saberlo, porque queremos saber si el DAS es una institución respetable del estado o es una cueva de bandidos.  Esto no lo hacen sino los bandidos, perseguir a los demás, poner bombas para hacer cree que era la oposición, como ellos la llaman; intentar manipular las elecciones, como lo dicen ahí mismo en los documentos que acabamos de leer.  Yo no sé si el país tenga, como yo, la indignación que estoy sintiendo; pero por lo menos, a título único, como si estuviera aquí clamando en el desierto, pido, exijo, como ciudadano colombiano —porque ese es mi derecho—, que me digan quién hizo esto.  ¿quién lo hizo, quién lo planeó, quién lo concibió, quién lo escribió, quién lo llevo a cabo, quién lo aprobó? ¿qué funcionario del estado —sea quien sea —, sabiendo que el DAS estaba cometiendo estos delitos, no los denunció ante las autoridades o no hizo nada por impedirlo?  Eso es lo que queremos saber.  Vuelvo y repito con San Juan, el evangelista … vuelvo y repito con él: Conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libres”.  Ese “quién” que Gossaín tanto reclamaba saber esa mañana del 19 de abril de 2010, siempre ha tenido nombre, pero es Innombrable.   

El periodista Daniel Coronell Castañeda, condenado al exilio porque dentro del marco de las chuzadas, y en llamadas telefónicas le dijeron que le entregarían a su hija “cortada en pedacitos”,⁷¹⁶ dice que para él es claro que el beneficiario de los seguimientos ilegales sobre su persona y familia, era Álvaro Uribe.⁷¹⁷  Coronell empezó a ser amenazado desde que Noticias UNO, del cual era directivo, publicó el recordado informe sobre Tranquilandia y el helicóptero de los Uribe Vélez.  Las intimidaciones, campañas de desprestigio, hostigamientos y demás, eran continuados.  Se presentaron amenazas en 2003 y en 2004.  En 2005, un correo amenazante fue rastreado, comprobándose que provenía del computador de Carlos Náder Simmonds, un amigo íntimo de Álvaro Uribe, quien calificó a Nader como “simpático y divertido”.⁷¹⁸  Carlos Náder Simmonds estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración, y fue quien celebró junto a Pablo Escobar el asesinato de Luis Carlos Galán diciendo que era “más buen muerto que un hijueputa”.⁷¹⁹  La frase “buenos muertos” no resultó ser original de Uribe sino de sus amigotes.  El proceso judicial donde se amenaza a Coronell y a su familia hasta ahora no ha arrojado condena alguna, dado que él decidió no declararse víctima para poder seguir investigando estos hechos.  Una decisión sabia porque declarándose víctima o no, la justicia se ha mostrado incompetente, por decir lo menos.  

En 2007, y luego de cambiar varias veces de número, el periodista recibió una áspera llamada de parte de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, reclamándole por su investigación intitulada “Guacharacas y Autogoles”,⁷²⁰ donde revelaba los negocios que su familia sostuvo con el clan Gallón Henao, narcos conocidos por ser partícipes del asesinato del futbolista Andrés Escobar.  Lo raro fue que ese número únicamente lo tenía la familia de él y los directivos del noticiero.  Yohir Akerman, investigador del diario El Espectador, explica que la línea de Coronell estaba interceptada por el DAS y que por eso Santiago Uribe conocía el número, el mismo que apareció en un archivo privado de ese organismo bajo el código “60949.html”, evitando citar su nombre puesto que era ilegal, entre otras cosas, porque no había base jurídica para interceptarlo.⁷²¹  Bernardo Moreno, exsecretario general de la presidencia, declaró bajo gravedad de juramento que Daniel Coronell, la Corte, y los congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba eran objetivos de primer nivel para el presidente.⁷²²  Akerman también revela que Fabio Duarte Traslaviña, coordinador de operaciones del DAS, dio la orden de perseguir en vehículos a la esposa de Coronell para ubicar su residencia, además de rastrear las cuentas bancarias de la familia y de situar negocios fachada en inmediaciones de su vivienda.⁷²³   La identificación de las fuentes periodísticas de Coronell eran obsesión de Uribe.⁷²⁴  No siendo suficiente con estas y otra clase de persecuciones, el periodista Felipe Zuleta Lleras denunció en una columna de El Espectador que Álvaro Uribe contactó a un grupo de comunicadores para que escribieran un libro en contra de Coronell.⁷²⁵ El encargado de lograr esa tarea fue el señor Juan Gonzalo Ángel, histórico amigo del expresidente y hermano de Luis Guillermo Ángel, mejor conocido como” Guillo”, la misma y cuestionada parentela que tantas veces se ha cruzado en los caminos del expresidente.  En 2008 se publicó un libelo contra Coronell en un medio de amplia circulación.  Lo escribió un hombre cercano a los hermanos Ángel.⁷²⁶  Pero son solo esas consabidas casualidades.   

Ignacio Gómez, compañero de investigaciones de Daniel Coronell y actual subdirector de Noticas UNO, ha sido mencionado en los seguimientos del DAS y al menos en tres ocasiones ha tenido que exiliarse por amenazas.  Cinco veces han asaltado sus sitios de residencia.  Extrañamente, los ladrones van solo por los equipos tecnológicos (computadores, memorias, etc.) donde guarda información de sus investigaciones en las que ha estado involucrado el expresidente Uribe o sus familiares cercanos.⁷²⁷ 

“Acciones de esta naturaleza no podían corresponder a la voluntad, a la decisión, de mandos medios de una institución, que todo tenía que estar dirigido y que había que mirar siempre arriba del das a qué está adscrito el DAS, quién es el jefe de la dirección del DAS, y a quien favorece, a quien beneficia toda a la actividad delictiva que realizaba el DAS.  Entonces señalar ahora estas personas que desde la casa de Nariño recibían felicitaciones que las transmitía la directora del das porque la infiltración a la Corte, por ejemplo, estaba resultando muy provechosa, eso lo único que hace es confirmar lo que tenía que sospecharse”, explicó el exmagistrado Iván Velásquez Gómez en una entrevista.⁷²⁸ 

“El balance no es positivo.  El proceso de Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no avanza, las pruebas que fueron decretadas y que se reiteraron a través de una acción de tutela siguen sin realizarse en lo fundamental; se niega la Comisión, pese a toda la evidencia que existe, a abrirle formal investigación penal y disciplinaria — porque también tiene esa competencia— a Álvaro Uribe Vélez.  Así que yo diría que el país conoce quizás un veinte por ciento de todos los crímenes que se cometieron desde el DAS durante la administración de Uribe Vélez. Nosotros hemos identificado más de seiscientas víctimas y, sin embargo, las posibilidades de justicia para esas víctimas están bastante restringidas, y las posibilidades de verdad son mucho menores”, fueron las palabras de Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.⁷²⁹ 

Un decálogo de frases crudas sobre lo que se hacía en el DAS, dichas por sus propias protagonistas,⁷³⁰ confirma que ese organismo en periodos de Uribe no fue otra cosa que una empresa criminal al servicio del narco-paramilitarismo y la corrupción: 

—Espionaje: “Lo que sí encontramos fueron actividades de inteligencia, entre ellos a funcionarios del gobierno, además de seguimientos y presiones a sindicalistas”, Jorge Alberto Lagos, exdirector de Contrainteligencia del DAS. 

—Alteración de información: “Sí hubo varios hallazgos en borrado de antecedentes.  Eso fue común en la administración anterior”, Andrés Peñate, exdirector del DAS.  

—Amenazas: “Del DAS salieron sufragios y panfletos amenazantes”, Jorge Alberto Lagos. 

—Guerra política: “En ciertos grupos del DAS parecía que la guerra fría no hubiera terminado.  Había un discurso muy anticomunista y anti-izquierda”, Andrés Peñate.   

—Protección de paramilitares: “Encontré un carro en la Costa, con blindaje de nivel cinco, que debía ser para la protección del presidente, asignado a ‘Jorge 40’”, Andrés Peñate.  

—Presencia en marchas y protestas: «Cuando se sabía que iban hacer una marcha o una protesta, cualquier tipo de situaciones de esta naturaleza que pudieran afectar al orden público, se avisaba al Ministerio de Defensa, a la Policía, etc.», Jorge Noguera. 

—Infiltración: “En la Costa Caribe el paramilitarismo había logrado cooptar la entidad”, Andrés Peñate. 

—Manejo de la información: “(Se detectaron) irregularidades que se estuvieran presentando en aeropuertos y fronteras, irregularidades en certificados judiciales, mal manejo de bases de datos, de ilícitos de orden público, extorsión, fuga de información, hurto u otras causas”, Jorge Alberto Lagos. 

—Desconfianza: “Las relaciones entre el Ministerio de Defensa y el DAS de Noguera fueron conflictivas, no solo por su oposición a la Ley de Inteligencia sino por su insistencia en dotar al DAS de mil fusiles de asalto», Andrés Peñate. 

—Quién puso a quién: “Yo tenía mis reservas, pero el presidente quiso que José Miguel Narváez fuera el subdirector del DAS», Jorge Noguera. 

Examinar uno a uno los casos de las chuzadas serían inacabable, como inacabable es la pila de indicios que apuntan a Álvaro Uribe Vélez como el perpetrador intelectual de ellos.  Se han identificado más de seiscientas víctimas⁷³¹, y aunque más de una cincuentena de funcionarios fueron judicializados y existe una veintena de condenados,⁷³² los procesos del DAS contra sus máximos responsables no avanzan y han sido constantemente torpedeados.   

Los exdirectores Jorge Noguera, condenado a veinticinco años de prisión⁷³³ por concierto para delinquir agravado, supresión de documento público, revelación de un asunto sometido a secreto, y por el homicidio del profesor Correa De Andreis, ni José Miguel Narváez, comprometido en los asesinatos de Manuel Cepeda y de Jaime Garzón, han sido condenados por las acciones criminales de las chuzaDAS.  En entrevista desde la Haya, Emeric Rogier, exfiscal de la Corte Penal Internacional, explicó que es alta la posibilidad de que dicha Corte internacional intervenga en el caso de las ”ChuzaDAS” si las instancias colombianas no mostraran avances en la justicia dado que, según sugiere Rogier, existe influencia del ejecutivo para que las investigaciones no prosperen, algo que lo ve hasta un ciego.  Pero esos hechos ya cumplen más de una década, lo que se ha avanzado es muy poco y las condenas que existen son a personas que cumplían órdenes.  Mucho se habla que la Corte Penal Internacional es solo un tigre de papel, aunque tampoco existe colaboración de las autoridades nacionales, como lo demuestra la desilusión de la fiscal de esa corte Fatou Bom Bensouda, luego de visitar Colombia en 2017 y reunirse con el cuestionado fiscal Néstor Umberto Martínez Neira, expresando que este no proporcionó la información que le había requerido.⁷³⁴  En 2013, ese alto tribunal expresó que se iba preocupada del país por los niveles de impunidad,⁷³⁵ sobre todo en crímenes de lesa humanidad como los mal denominados “falsos positivos”.  Colombia es un país bajo observación y monitoreo permanente de la Corte Penal Internacional desde 2004,⁷³⁶ una vergonzosa lista en la que figuran países como Georgia, Guinea, Mali, Uganda, Congo, Costa de Marfil, Kenia, Darfur y la República Central Africana, entre otros, donde, debido al atraso generalizado, las violaciones a los derechos humanos se exasperan y sus instituciones jurisdiccionales son tan obsoletas e ineficaces que “los fallos se dan con tambor”, como satíricamente apuntó el catedrático y escritor Gilberto Tobón Sanín. 

Fue tan contundente el acervo probatorio contra las altas directivas del DAS, que el entonces procurador general Alejandro Ordoñez Maldonado, un hombre muy plegado a la concepción ultraderechista del estado y aliado incondicional de Uribe, comunicaba el 4 de octubre de 2010, en rueda de prensa, las sanciones disciplinarias y las inhabilidades que ese ente de control imponía a dichos funcionarios.⁷³⁷ 

La flecha de la evidencia en el caso de las chuzadas se pone rígida y apunta a la “Casa de Nari” como el epicentro de la actividad criminal, y, por lógica, se diría que con total conocimiento de los principales funcionarios y del presidente Uribe Vélez.  Hace una década, en el documental sobre la vida de Uribe llamado “Expediente Uribe”, la actual alcaldesa de la capital colombiana, Claudia Nayibe López Hernández, quien fue investigadora de la parapolítica, dio su punto de vista respecto a lo que pasa con Uribe en materia jurídica: “Un hombre como Álvaro Uribe hoy, busca tan afanosa y urgentemente volver al poder, porque lo único que realmente lo protege y le ampara total impunidad, es estar en el poder”.⁷³⁸  Y luego, acertadamente avizoraba: “Álvaro Uribe era el mejor presidente del siglo veinte y veintiuno en Colombia, hoy es un expresidente, en un año será un expresidente problemático, en diez años será un bandido que llegó a la presidencia”.⁷³⁹  Así es.  Ese gigantesco mito esculpido por el cincel del poder mediático de los grandes cacaos del país y proyectado a través de pantallas de televisión y ondas radiales sobre una sociedad desarmada de elementos críticos que le adviertan del espejismo, empieza a tambalear por la sacudida de sus propias evidencias, como aquel Coloso de Rodas.   

En el mismo especial, la exalcaldesa de Apartadó, Gloria Isabel Cuartas Montoya, dijo: “El presidente Uribe tiene que asumir su responsabilidad política y jurídica.  Creo que ya no podemos seguir pensando que estos fueron actos aislados: el narcotráfico, el narco-paramilitarismo, utilizar todas las formas de lucha para abordar y deslegitimar el movimiento social”.⁷⁴⁰  Lo propio hizo el congresista Iván Cepeda Castro: “Cuando toda su historia, que es enciclopédica, pueda ser puesta en evidencia, el país y la opinión internacional se darán cuenta que, de lejos, Álvaro Uribe ha sido uno de los personajes más tenebrosos que ha existido, no solamente en la historia de Colombia sino de todo nuestro continente”.  

Los organismos de inteligencia de un país son creados para velar por la vida y seguridad de la ciudadanía, la democracia y otros valores y deberes constitucionales, no para atentar contra estos con esa saña salvaje ni para institucionalizar el crimen.  El propio Álvaro Uribe es consciente de la gravedad de los hechos surgidos desde el DAS, aunque, como siempre, y pese a que era su equipo de trabajo más cercano el que terminó condenado por estos hechos, Uribe dice que él nada sabía, que fueron por allá unas ruedas sueltas que traicionaron su confianza, que eran “buenos muchachos y de muy buena familia”, que “ponía las manos al fuego por ellos” y que “si hubieran delinquido, sentía dolor”; como se expresó de Jorge Noguera Cotes, el 22 de noviembre de 2006 y el 14 de septiembre de 2011 respectivamente.⁷⁴¹  Interesante ver como Uribe usa el condicional (”si hubieran”), empero que Noguera ya fue condenado con las más incontrovertibles pruebas, como si en sus fueros internos pusiera en duda, rechazara o no gustara de los fallos de la justicia.  Antes de destaparse los hechos criminales de las “chuzaDAS”, un envalentonado Uribe estigmatizaba a todo pulmón a sus opositores o críticos, acusándolos públicamente de terroristas vestidos de civil, de traficantes de derechos humanos, de vividores de los recursos de entidades no gubernamentales, y de todo tipo de denuestos; lo que inmediatamente era complementado por anónimas amenazas e intimidaciones contra esas personas y sus familias, así como de la destrucción del buen nombre a nivel nacional e internacional.  Es curioso que la expresión “guerrilleros vestidos de civil” también haya sido usada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil en 1996 cuando se refirió a la masacre de El Aro: “Los matamos porque eran guerrilleros vestidos de civil”,⁷⁴²  dijo en una entrevista, pese a que las investigaciones y sentencias dictaminaron que esas personas nada tenían que ver con las guerrillas.   

A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llegó a llamarlos “nostálgicos del terrorismo agónico”.  Estos jueces también fueron interceptados, perseguidos y siguieron siendo amenazados al igual que sus apoderados.⁷⁴³ Todas las acusaciones que Uribe escupía contra los togados, incluido el de acusar al presidente de esa corporación, el magistrado Yesid Ramírez, de recibir regalos de supuestos narcotraficantes, fueron ampliamente investigadas y descartadas por la justicia, comprobándose que sí eran complots, pero fabricados por el DAS para perjudicar a quienes investigaban a los parapolíticos.⁷⁴⁴  “No tengo duda de que el presidente tenga que ver con mi amenaza de muerte”, expresó Ramírez en un facsímil.⁷⁴⁵  Los teléfonos de ese magistrado y de sus escoltas eran continuamente interceptados.  La Mata Hari dijo que más se demoraban en cambiar de números que en volverlos a “interceptar”.⁷⁴⁶ 

El 4 de noviembre de 2010, David Ariosto Ballén García, abogado, exagente del DAS y testigo clave en este proceso, quien, según la fiscalía, estaba a punto de entregar información clave sobre los autores intelectuales de las chuzaDAS, fue asesinado por sicarios que se desplazaban en moto en el sector de El Poblado, en Medellín.  Su compañero, otro extrabajador del DAS, resultó herido en el mismo atentado, así como una mujer ubicada en al asiento trasero del vehículo.⁷⁴⁷  

Una saga entera de las ChuzaDAS seguiría siendo ínfima para acaparar el total de lo sucedido, pues no solo se trataba de interceptar teléfonos como se cree al guiarse por el título, sino de perseguir, constreñir, hostigar, sabotear, desprestigiar, infiltrar, eliminar, intimidar, amenazar, desterrar, desfalcar, violentar derechos, efectuar fraudes electorales o actividades de narcotráfico, asesinar selectivamente, desaparecer personas e infinidad de delitos perfecta y fríamente planificados con el fin de enmudecer todas las voces disidentes de las políticas gubernamentales.  Se trató de la puesta en marcha de una de tantas directrices del aparato organizado de poder criminal que expertos penalistas y criminólogos como Daniel Mendoza Leal, endilgan su capitanía a Álvaro Uribe Vélez.  Un aparato análogo al que existió en la Alemania Nazi, como definió y describió magistralmente el genio del derecho universal, Claus Roxin; en el cual, quien dirige ese aparato, no es necesariamente el mismo que ejecuta cada una de las acciones sino que puede ceñirse solo a impartir órdenes que, incluso, pueden ser tácitas o escondidas tras los arbustos de un lenguaje codificado.  Un piñón infaltable en el engranaje de la máquina productora de crímenes de estado.  Julián Martínez, el premiado periodista, es autor del voluminoso libro “CHUZA-DAS, ocho años de espionaje y barbarie”.  Martínez aseguró que allí solo pudo condensar el 0.5 por ciento de lo sucedido.⁷⁴⁸  Pero esa pequeña fracción contenida en su documento es ya muy aterradora y, como dijo el propio fiscal Iguarán, “hiede y causa pavor”.  ¿Cómo será el resto?    

“¿Se podría considerar que las chuzadas son el delito más grave del DAS?”, le preguntan a Julián Martínez en una entrevista, a lo que contesta: “No, el organismo del presidente llegó a asesinar sindicalistas y defensores de derechos humanos por el solo hecho de mostrar su discrepancia con la política de seguridad democrática”.⁷⁴⁹  Martínez ha sido constantemente hostigado por Uribe, le ha llamado periodista “pro FARC” y lo ha demandado varias veces.  Vive amenazado por las “Águilas Negras” y la “Oficina de Envigado”, y estuvo a punto de exiliarse.  Calificó a Uribe como “un monumento a la impunidad”.⁷⁵⁰ 

Cualquiera que estudie lo poco que se sabe del DAS en épocas de Uribe creerá estar leyendo el guion de una novela negra o de terror, incluso la incredulidad hará constantes apariciones por su mente al recordar que lo que está leyendo envuelve a un presidente de un país, declarado por sus seguidores como el mejor de su vida republicana; pero luego, las incontrovertibles pruebas por las que sus más cercanos funcionarios —dependientes directos suyos— terminaron presos, le recordará que no es un relato ficticio y escalofriante, sino un ligero repaso de la historia colombiana de inicios del siglo XXI. 

Álvaro Uribe negó tajantemente haber ordenado todos estos delitos, dijo que María del Pilar Hurtado ha sido una funcionaria proba,⁷⁵¹ que muchos seguimientos no eran ilegales pues se trataba de asuntos de seguridad nacional, que los testigos lo acusan con mentiras, que muchos de los que lo acusan eran simpatizantes de las Farc o la extrema izquierda, que era una persecución política; en fin, otra repetición de su repetidera.⁷⁵²  “Niega, niega y sigue negando, aunque todos sepan cómo, dónde y cuándo”. 

En compañía de su apoderado Jaime Granados se le vio en su comparecencia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara el 18 de agosto de 2011.  Allí, la voz de gamonal con la que rotulaba a todo aquel que criticaba su gobierno como un militante del terrorismo, no se trasmutaba siquiera en la del sosegado cura de algún pueblo paisa, sino en la del niño temeroso al que sorprenden quebrando el florero más preciado de la escuela, y al que lo asiste su padre —en este caso su defensor Granados—, ante el llamado disciplinario del rector.  Y lo mismo de siempre: negó rotundamente haber dado órdenes de cometer ilícitos, negó conocer a muchos de los altos funcionarios que resultaron culpables y defendió a otros de sus subordinados; se arropó con el desgastado disfraz de víctima, y aseguró, con no pocas dosis de cinismo, que por algunas de las víctimas como la esposa de Daniel Coronell hasta sentía aprecio; todo esto en medio de extensas respuestas donde reverberaban las más toscas falacias y subterfugios.⁷⁵³  De Fernando Garavito, uno de los primeros investigadores en denunciarlo, dijo —al tiempo que se le aguaban los ojos—, estar conmovido por su exilio, tras amenazas por la publicación de esa gran obra investigativa donde lo expuso ante Colombia y el mundo.  Así se muestra con frecuencia, como un tierno anciano, correctísimo, ético y patriota, víctima de viles conspiraciones de malvados comunistas, de opositores políticos, de paramilitares rencorosos por haberlos extraditado, solo con el fin de “hacerle daño a su gobierno” y su persona.  A eso redujo la cacería criminal de DAS.  Uribe ajusta su tono de voz cuando se proyecta como inocente o víctima, lo vuelve un terciopelo para adormecer bebes; se desenvuelve muy bien en la cálida narración y en la poesía, de la que se declara aficionado; pero en los terrenos de lo fáctico y la fría lógica se la pasa dando tumbos.  Con la lengua le da tres vueltas a la gente; con las evidencias, quien se enreda es él. 

Uribe nombró a Dani Stewart Usma Monsalve en la oficina de seguridad de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).  Usma laboró en el DAS liderando el grupo GAME, el cual fue desmantelado por Andrés Peñate y que tenía la función de crear y distribuir propaganda negra contra enemigos del gobierno, elaborar panfletos con información positiva sobre Uribe, montajes fílmicos, etc., además de estar patrocinado por la embajada de Estados Unidos, según las declaraciones del propio Usma ante la fiscalía.⁷⁵⁴  Martha Inés Leal también involucró a Usma en el episodio de la visita del paramilitar Job a Palacio de Nariño.  “En la base de datos GAES, grupo de asuntos especiales, el nombre de Usma aparece en reportes de cosas sospechosas, de blancos para ser investigados, pero con el desmantelamiento del DAS se limpió todo el pasado”, dijo uno de los investigadores.  Esas declaraciones coinciden con las del magistrado Iván Velázquez y las de otros, que aseguran que el fin del desmantelamiento del DAS era desaparecer evidencias y posibles culpables, o sea, ocultar la verdad.⁷⁵⁵  El exmagistrado Velásquez y el abogado del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) Luis Guillermo Pérez, cuestionaron vehemente el nombramiento de Usma en esa oficina.⁷⁵⁶  Así mismo, pruebas de polígrafo efectuadas a empleados del DAS fueron alteradas para beneficiarlos, según la fiscalía.  El noticiero Caracol también se refirió al respecto: “Con eso, aunque no se puede generalizar, algunas personas cercanas a las mafias que no pasaban polígrafo en el DAS eran enviados a otra prueba que milagrosamente superaban, y funcionarios lejanos de la corrupción también, a pruebas que no pasaban.”  Usma fue uno de ellos.⁷⁵⁷  Muchos de los exagentes involucrados en las chuzadas, simplemente fueron trasladados a otros cargos en importantes instituciones.  

En un párrafo de la edición de la revista Semana del 19 de diciembre de 2009, se lee: “Hasta el momento, la investigación ha tenido todo tipo de tropiezos.  Los fiscales presionados, investigadores amenazados, o funcionarios que utilizan a la prensa para desviar la atención, como el caso de una fiscal delegada ante el DAS, Claudia Esther Pérez, que salió a decir que “el DAS nunca había ‘chuzado’”.⁷⁵⁸ 

La primera reacción del gobierno fue minimizar la gravedad de las denuncias e intentar presentarlo como actos cometidos por “algunas manzanas podridas” y “una guerra de exdetectives de esa entidad que querían hacerle daño al DAS”.⁷⁵⁹  De manzanas podridas siempre hablan muchos medios de comunicación parcializados así como los gobiernos siempre que algo se les descubre: también hubo manzanas podridas en los “falsos positivos”, en las “chuzadas” del ejército, en el cartel de la toga, en muchos casos de la policía, en la DNE, en el PAE, en el cartel de la contratación de Bogotá, en Odebrecht, en la DIAN, en el Seguro Social, en Foncolpuertos, en Reficar, en Hidroituango, en fin; ya son tantas manzanas podridas que lo que se intuye podrido es el manzano; el manzano del establecimiento.   

Los tentáculos del DAS se extendieron a terrenos internacionales.  La organización Human Right Watch y José Manuel Vivanco, su director, fueron víctimas de estas prácticas delictivas.⁷⁶⁰  La Nóbel de Paz iraní Shirin Ebadi, que estuvo en Colombia en 2004, también fue objeto de “detallados seguimientos” desde su llegada a Bogotá.  De igual manera, varias entidades no gubernamentales de distintos países que apoyaban una salida pacífica al conflicto armado o denunciaban la corrupción y otras transgresiones del gobierno Uribe.⁷⁶¹   La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresará con posterioridad que “las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud”, y que en otros casos similares como la “Operación Andrómeda”, no se registraron resultados hasta la fecha (2020).”⁷⁶²  La organización de Naciones Unidas (ONU), a través del comité contra la tortura, manifestó su “gran preocupación” por las “chuzadas”, seguimientos ilegales del DAS a magistrados, periodistas y políticos de oposición.⁷⁶³  “Siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, a menudo contra sus familias”, aseguró Margaret Sekaggya, la relatora especial sobre derechos humanos de Naciones Unidas al término de su visita a Colombia en septiembre de 2009.  Por cierto, ni siquiera esa organización escapó de ser víctima del DAS.  Fuentes cercanas a la investigación que llevó a cabo la fiscalía señalaron que en el proceso reposaban hasta fotografías del excomisionado de la ONU Michael Frauling.  Se supo también que del proceso hacían parte varios correos electrónicos de funcionarios del organismo internacional.  Organizaciones locales como la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas) fueron blancos de seguimientos; todos sus miembros y sus familias.  Organismos internacionales de derechos humanos también resultaron afectados, blancos directos e indirectos de esta persecución.  Hombres vestidos con uniformes de empresas de servicios públicos seguían a esta y otras entidades defensoras de derechos humanos.  Inexplicablemente obtenían copias de las llaves de las víctimas, entraban a sus casas, robaban computadores, memorias USB, CD´s, documentos en general, y dejaban amenazas.  Alquilaban casas frente a sus residencias para no perderles la pista, sabían cuáles eran sus gustos en la comida, en los licores, sus aficiones, su situación sentimental, sus problemas familiares, sus deudas, gastos, estados financieros, infidelidades amorosas; en fin, les revisaban su vida, no con lupa sino con microscopio, buscando cosas para atacarlos, y como nada hallaban, los montajes no daban espera.  Hasta llegaron a hurgar en los depósitos de basura de las casas de las víctimas para ver si allí podía haber algo comprometedor,⁷⁶⁴  como sucedió con Iván Cepeda o con Alirio Uribe Muñoz.  A este último se le entraban a la casa, robaban documentos y computadores, enamoraron a su empleada de servicio para sacarle información, arrendaron una casa al frente de la suya para vigilarlo a tiempo completo y le esculcaban la basura para, a partir de los desechos, establecer hábitos alimenticios, posibles enfermedades, debilidades o fortalezas que podría tener, etc.; incluso, concluyeron y dijeron que era un hombre de grandes ideas e incorruptible, para después presentarlo, irónicamente, como uno de los jefes internacionales de las FARC,⁷⁶⁵  todo, por ser crítico del proyecto político de Uribe. 

Los Estados Unidos estaban al tanto de lo que acaecía en el DAS, así lo comprobaron los cables desclasificados por Wikileaks.  En ellos aparece, entre otros, el nombre del secretario de la presidencia Bernardo Moreno y del asesor de la misma, José Obdulio Gaviria, como sospechosos de ordenar” vigilancia privada”, así como los detalles de las reuniones del embajador William Brownfield con el vicepresidente Francisco Santos y con el director del DAS Felipe Muñoz, para hablar sobre el tema del espionaje ilegal.⁷⁶⁶  Julián Martínez dice que muchísima gente falta por responder, entre ella, José Obdulio Gaviria, quien estaba constantemente en todas las reuniones del DAS y exigía resultados, algo que confirmó el propio Andrés Peñate.⁷⁶⁷ César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo y otros altos funcionarios también asistían a esas reuniones donde se fraguaban delitos.  Pero Uribe como presidente no sabía nada, según él.  El abogado Luis Guillermo Pérez Casas aseguró que la CIA también estuvo involucrada en las acciones delictivas del DAS.  Según José Miguel Narváez, la CIA ordenaba asesinatos que ejecutaban agentes del DAS y el gobierno norteamericano financió labores no oficiales de represión.  Los Estados Unidos están metidos en todas partes, y lo saben todo de todos.  De eso no cabe la más mínima duda. 

En la lista de víctimas extranjeras del DAS figuran las más prestigiosas organizaciones: la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas.  La situación llegó al extremo de incluir entre los blancos del espionaje a organismos intergubernamentales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denunció públicamente esta situación.⁷⁶⁸  Estas y muchas otras organizaciones defensoras de los derechos humanos (nacionales y extranjeras) se han pronunciado a lo largo de todos estos años sobre los gravísimos hechos de las chuzadas.  Sin embargo, la más importante de las voces, la de la justicia colombiana, aún se oye lánguida, y lo que sí atrona son los niveles de violaciones de derechos humanos y de impunidad que varias veces han ubicado a Colombia, ante la opinión mundial, como un país inviable. 

“Desde las entrañas mismas del Estado se larva la conspiración de la impunidad”.   —Mirna Mack 

 
De igual manera, el homicidio de Job sigue sin aclararse; la investigación ha sido constantemente torpedeada.  Las autoridades contemplan variadas hipótesis: Disputas por la jefatura de la oficina de Envigado a la que supuestamente seguía ligado; vendettas cosechadas en su largo recorrido por el hampa, y, desde luego, la del silenciamiento a raíz del episodio de la “Casa de Nari” sigue vigente, sobre todo si se analiza, en este mismo entramado de montajes contra la Corte Suprema de Justicia, otra sección del amplísimo capítulo de las “chuzaDAS” y que es copia calcada del caso Job: Un exparamilitar denunciando un supuesto complot contra Uribe, la comprobación que el complot no era contra Uribe sino contra la Corte (u otros), y su posterior asesinato o atentado: El caso Tasmania. 

 
Rápido, como la famosa caricatura de su apodo, José Orlando Moncada Zapata se les escabulló a sus asesinos el día que llegaron a su casa descargando una lluvia de balas que agujerearon la puerta hasta hacerla desaparecer.  Al ingresar, ya Tasmania había pasado a la clandestinidad donde se resguarda hasta el día de hoy.  El 17 de abril de 2018, tres semanas antes del atentado, había recibido el beneficio de libertad condicional y salió del penal de Palogordo en Girón Santander, donde pagaba una pena de catorce años por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.  En 2005 había sido capturado en un operativo en la comuna nororiental de Medellín; se desempeñaba como encargado del accionar de las autodefensas del bloque Suroeste de las AUC, al mando de alias René.  Días antes de su salida de la cárcel, Tasmania también fue víctima de un atentado con puñal. 

 
Aunque sus ademanes lo muestran como una persona tímida y alicaída, era un peligroso aunque poco conocido delincuente, hasta que una carta, supuestamente redactada por él, lo sacó del anonimato, llegando a figurar en la prensa local y extranjera.  “Yo firmé ese documento, a cambio me dijieron (sic) de que a mí me iba a ir muy bien, me prometieron una casa para mi mamá y una plata; hablaban de cuatrocientos millones de pesos”, le dijo a un periodista de Noticias Uno que lo entrevistó en 2009. 

 
Tasmania se refiere a la falsa carta fechada el 11 de septiembre de 2007, donde incriminaba a los entonces magistrados Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por ofrecerle prebendas a cambio de enlodar, con paramilitarismo y otros delitos, al entonces presidente Uribe, a su hermano Santiago y a su primo Mario. 

 
El 8 de octubre de ese mismo año, la Presidencia emitió un comunicado asegurando que Iván Velásquez visitaba penitenciarías ofreciendo beneficios a presos, entre ellos a Moncada, a cambio de que se le incrimine en paramilitarismo y en el asesinato del jefe de las Autodefensas del norte antioqueño, alias René.  Mostró además la carta de Tasmania y le pidió a la fiscalía procesar al togado.  La misiva, al igual que en pasadas ocasiones, había llegado al despacho del presidente saltando los canales ordinarios y legales de envió y/o recepción.  La imagen de los magistrados auxiliares quedó fuertemente golpeada, y junto al gobierno, el propio Tasmania se unía a la campaña de descredito dando entrevistas a medios radiales y televisivos en las que repetía el libreto trazado.  Los magistrados tenían la labor de investigar la parapolítica, y su recorrido por cárceles, zonas de presencia paramilitar, testimonios en distintos ámbitos judiciales, etc., hacían parte legal y legítima de sus funciones.  La fiscal que tenía el caso de Moncada les había contado que éste quería colaborar con información sobre algunos políticos que tenían nexos con paramilitares y por eso viajaron desde Bogotá a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para escucharlo. 

 
En la corta reunión, en la que también estaba Sergio Augusto Gonzales Mejía, el abogado de Moncada, Velásquez fue directo y lacónico: “¿Conoce políticos de la región?”, Moncada respondió que no.  Luego, Velásquez le pregunta si conoce al “Tuso” Sierra.  Moncada dice que tampoco.  Velásquez empezaba a dudar de la sinceridad del reo, sin embargo, hace otra pregunta: “Conoce a Mario Uribe”, a lo que responde nuevamente que no.  “Vámonos, hemos viajado a perder el tiempo”, le dijo Velásquez a su compañera, la magistrada Camargo. 

 
Era muy extraña la actitud de Tasmania al haberlo citado para hablar de parapolíticos pero nada decía sobre parapolíticos, ni de paramilitares, ni menos de las figuras relevantes de esos sectores como lo eran Mario Uribe y “El tuso” Sierra, por su influencia en la zona antioqueña.  Si no los conocía a ellos menos iba a conocer a otros; o bien era un farsante, o sencillamente no estaba dispuesto a hablar.  Pero cuando este ve a Velásquez resuelto a irse, Moncada, con voz timorata le dice: “Yo sé algunas cosas de Álvaro Uribe”.  El magistrado le contesta que no está investigando al presidente ya que esas no son sus funciones sino las de la Comisión de Acusaciones.  Cuando Velásquez se despide, el abogado del paramilitar lo detiene asegurándole que su cliente sí tiene algo que decirle y le pide un momento a solas con Moncada.  Al salir, Gonzales le dice a Velásquez que estaba dispuesto a hablar a cambio de beneficios.  “Tendrá los que la ley contempla”, respondió secamente Velásquez, dando por terminada la infructuosa diligencia.  Se trataba de una intentona de entrampamiento al investigador. 

 
Poco tiempo después de la firma de la carta, Moncada tuvo beneficios dentro del penal sin siquiera haberlos solicitado: lo trasladaron a un patio mucho mejor “por orden presidencial” como le contaron, violando las exigencias de ley para traslados, ya que lo ubicaron en uno destinado a Justicia y Paz, cuando ni siquiera hacía parte de ese programa; tenía acceso a elementos privilegiados para un convicto como televisor, computador y teléfono, además de visitas continuas de su familia.  Posteriormente, según su declaración, le ofrecieron el dinero y la casa para mantenerse en su versión.  Pero no le cumplieron, su madre solo recibía modestas cuotas para arrendar un apartamento y una suma de dinero muy por debajo de lo pactado; su defensor Gonzales era quien se lo entregaba.  Los magistrados Velásquez y Camargo rechazaron vehementemente las acusaciones y presentaron la denuncia penal para que este suceso se investigue ya que configuraba calumnia agravada y daño a su buen nombre.  Simultáneamente, la fiscalía inicia un proceso contra los togados y en una de sus diligencias cita a Tasmania para dar su versión.  El paramilitar solicita otra reunión con Velásquez para aclarar el asunto.  Velásquez asistió con una grabadora para dejar prueba de lo dicho por el enigmático hombre.  Este nuevo encuentro se llevó a cabo el 13 de junio de 2008.  Allí le confiesa a Velásquez que su abogado Sergio González fue el artífice del complot; cuenta cómo este le había presentado un documento el 11 de septiembre para que lo firmara “por orden del señor”.  Se refería a El Tuso Sierra, quien es primo de María Eugenia Ramírez, esposa de Mario Uribe.  El Tuso y Mario Uribe son paisanos y negociaban tierras.⁷⁶⁹  Pocos días después González se lo dejó leer y le dijo que tenía que mantenerse en lo que decía ahí sobre Velásquez “porque los señores (Mario Uribe y Santiago Uribe Vélez) me iban a dar una casa para mi mamá, una plata y me iban a meter en Justicia y Paz”.  Añade que “como el Tuso Sierra fue extraditado, las promesas se quedaron en veremos”, entonces “hablé con Ernesto Báez, Julián Bolívar y El Alemán.  Ellos me dijeron que lo mejor era que dijera la verdad, que hablara”; luego le dice a Velásquez que tiene el presentimiento de que lo van a matar.  Su retractación coincide con las sospechas que causó la carta que firmó acusándolo falsamente, teniendo en cuenta la escritura de la misma y que el exparamilitar apenas tenía tercero de primaria.  Los beneficios de los que gozaba desde que acusó falsamente a Velásquez le fueron inmediatamente suspendidos cuando se retractó. “Me premiaron por decir una mentira, me castigaron por decir la verdad”, aseveró en una entrevista para Noticias UNO en 2011.  Dice también que teme correr la misma suerte de los paramilitares Francisco Villalba y alias 110, que fueron asesinados poco después de quedar libres.  La entrevista fue dada de forma secreta a Daniel Coronell, Ignacio Gómez y al camarógrafo, y no podía ser revelada a menos que la vida del entrevistado corriera peligro ya que en ella hay unas graves acusaciones que hasta hoy permanecen sin revelarse.  Al parecer se trata de un atentado en el que participó, y del que conoce los detalles sobre quién dio la orden, las armas, los carros en que se transportaron, qué empresarios, oficiales de la fuerza pública y otros personajes hicieron parte de él, etc.  ¿A cuál atentado se refiere Tasmania? ¿Será al mismo al que se refiere alias Alberto Guerrero y que trata sobre el asesinato fallido a alias René?  René es el mismo que resultó involucrado en el complot contra el magistrado Velásquez, quien supuestamente ofrecía beneficios jurídicos y otro tipo de prebendas a cambio de que Tasmania acuse a Uribe por ese atentado.  Pues Alberto Guerrero amplía sus testimonios en el año 2014, en una entrevista para el programa Contravía, de la que pueden tomarse muchos elementos que harían pensar que efectivamente se trata del mismo hecho: “Cuando Uribe le hace el atentado a René, que es el comandante del suroeste, nadie ha dicho el porqué Uribe le manda a hacer ese atentado.  Resulta que René empezó a sembrar unos cultivos de coca en una vereda del pueblo de Uribe, entonces se va Álvaro Uribe, don Ernesto Garcés y el mismo Santiago Uribe y le dicen a René: “No nos cambie la cultura cafetera en la región por una cultura cocalera”, y ahí empezaron los problemas … el comandante de la policía, el sargento Ramos, es quien le entrega los fusiles a Tasmania, y le dan los viáticos, y es quien lo dentra (sic) en la zona pa´ hacer el atentado a René, y ya René se salva del atentado y se va a vivir pa´ donde don Vicente Castaño”.    

 
¿Quién es Ernesto Garcés (Luis Ernesto Garcés Soto)?: es un cafetero de esa región, con más de cien haciendas cafeteras en todo el país, al que apodan “El Monarca de Sabaneta” ya que el ochenta por ciento de los suelos (más de un millón de metros cuadrados) de ese municipio son de su propiedad, como lo son muchos en otras regiones; estuvo preso a inicios de los noventa por conformación del grupo paramilitar La Escopeta, al cual habrían pertenecido también los primos de Álvaro Uribe, los Ochoa Vélez.  Fue senador por el partido conservador y amigo de jefes paramilitares como Ernesto Báez; también hace parte de una inmensa constructora en Antioquia, que es dueña de ochocientos mil metros cuadrados en su municipio y de otros dos millones en zonas rurales aledañas, así como en el de La Estrella, además de un amplio grupo de empresas dedicadas a la actividad pecuaria, inmobiliaria, entre otras.  Posee vastas extensiones de tierra en Antioquia y Córdoba.  Investigado por apropiación de baldíos para él, su familia y sus allegados.  Es uno de tantos mega terratenientes vinculados con el paramilitarismo que, como “cosa rara”, son muy amigos de Santiago y Álvaro Uribe, además de aportantes a sus campañas.  ¿Se trata de este empresario al que se refiere Tasmania en el video-prueba bajo custodia? ¿El sargento Ramos, al que se refiere Alberto Guerrero, es el mismo al que se refiere Tasmania en ese mismo archivo? ¿Esos otros “personajes” son Santiago y su hermano Álvaro Uribe, presunto determinador intelectual del crimen? ¿Por qué, mediante montajes, le quisieron endilgar la responsabilidad al magistrado Iván Velásquez sobre la participación de Uribe en el atentado a René, en un supuesto intento de mancillar su honor de parte del togado? ¿Era esa una acción apresurada de culpa manifiesta? Al confrontar los hechos y las versiones de Alberto Guerrero y Tasmania, logran concatenarse y condensar una gran probabilidad de serlo.  “René sabe que Uribe lo mandó a matar”, dice Guerrero, pero agrega que tomó la decisión de guardar silencio para preservar su vida porque cuando llegó a la cárcel, a René le llegó una razón.  ¿De parte de quién saldría el recado?  

Alberto Guerrero agrega que René “conoce todos los pecados del paramilitarismo en el suroeste antioqueño”, quiénes lo conformaron, financiaron y apoyaron desde sus puestos de poder político, pero que al igual que otros jefes paramilitares presos como Julián Bolívar, Simón, Castañeda, Memín, Giovanny Gonzales, Pedro Hasbún (a quien Guerrero le habría rechazado un dinero para no hablar del hermano del expresidente), entre muchos más, han decidido no declarar contra Uribe por temor a que les pase lo mismo que a otros que se han atrevido a hacerlo, es decir, morir o ver morir a sus familiares.  Así es, si a los más grandes y desalmados criminales de la historia de este país, los que jugaban fútbol con las cabezas de sus víctimas, los que violaban y empalaban mujeres, los que le arrancaban la cabeza a los niños, los que bebían la sangre de los asesinados, a los que las estadísticas los responsabilizan de cientos de miles de muertes y de los actos de violencia más horrendos de la historia colombiana, ahora el escuchar el nombre de Álvaro Uribe Vélez les hiela la sangre, ¿Qué supone uno?, como él mismo suele decir. 

En 2015, Don Berna aseguro haber presenciado una pelea entre “René” y Ernesto Garcés en la finca La 15, un “cuartel general de los paras”, y que “René” dijo que Garcés y Santiago Uribe urdieron un plan para matarlo.  Según Don Berna, Garcés Soto dijo al término de la acalorada reunión: “Yo no voy a arreglar con este tipo.  O me mata él o lo mato yo.  Además, tengo el apoyo de Santiago Uribe y tengo el apoyo del presidente”.  Don Berna agregó que él se llevó a René para otro sitio hasta que se calmaron las cosas y que Jesús Ignacio Roldán, alias Monoloche, fue testigo de esa pelea.  Don Berna agregó que “René” dijo que Ernesto Garcés y Santiago Uribe eran socios en negocios de tierras.  “El problema entre René y Garcés nunca se solucionó y el primero de ellos, recalcó el testigo, siempre ha vivido preocupado de que algo le pueda pasar en la cárcel”. 

Los esfuerzos por hacer ver que contra Uribe había un supuesto cartel de testigos falsos pagados o sobornados por la corte no se limitó a Moncada Zapata, también se descubrió que usaron al sargento del ejército Edwin Guzmán, quien, en octubre de 2007, ante el consulado de Colombia en New York, dijo que el magistrado Iván Velásquez le ofreció beneficios a cambio de enlodar al presidente Uribe y a su primo Mario.  Estas declaraciones, al igual que las de Tasmania, fueron retomadas por funcionarios del gobierno afirmando que no solo eran muy graves sino que probaban la existencia de un complot y un cartel de testigos falsos contra Uribe.  Lo de Guzmán, según lo dicho años después a la revista Semana, también era un montaje contra la corte: “A mí me ofrecieron que si decía eso me iban a ayudar a conseguir las visas para traer a mi familia a Estados Unidos, y como yo estaba desesperado, pues dije lo que dijeron que dijera.  Lo malo es que después de que me pusieron a hablar con periodistas y di las declaraciones, no me volvieron ni a pasar al teléfono y obviamente no me cumplieron con nada.  Unos meses después, como en abril de 2008, me llamaron de la embajada de Colombia en Washington para lo mismo, pero como ya me habían hecho conejo una vez, yo no me presté para volver a declarar».⁷⁷⁰ 

Y otra falsa declaración se había sumado a las de Moncada Zapata y a las de Guzmán, la de Ferney Suaza Marín, un exparamilitar del bloque Bananeros que pidió la palabra en un foro televisado sobre desmovilizados en Apartadó y volvió a repetir el libreto:⁷⁷¹ Que varias personas le ofrecieron doscientos millones de pesos para involucrar al presidente con paramilitares.  El propio Uribe y el alto consejero Fabio Valencia Cossio amplificaron las aseveraciones de Suaza en la gran prensa, asegurando que esa era la prueba de un complot a nivel internacional contra su gobierno, ya que Uribe era incómodo para ciertos políticos internacionales pues él era un “muro de contención” (la frase que descresta a sus seguidores)”, haciendo referencia al entonces mandatario venezolano Hugo Chávez frías y a la senadora Piedad Córdoba, alguien cercana a los afectos de Chávez.  Agregó que esto era infame y que era cosa de cada ocho días”.  “Una semana arman una cosa desde una cárcel y a la siguiente, desde el exterior», puntualizó.  El entonces ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, se sumó a las voces de indignación del gobierno, a la vez que pidió a la fiscalía investigar las graves denuncias hechas por el exparamilitar, quien fue ampliamente elogiado por Uribe debido a su “honestidad” y por no haber cedido al chantaje.  La prensa privada copó sus espacios con las declaraciones de Suaza y en el imaginario colectivo calaba la idea de que en verdad Uribe era una víctima un terrible complot: “La idea era que lo enlodara (a Uribe), lo involucrara en alguna situación que tuviera que ver con el Bloque Bananero y que hiciera comentarios de que él había orientado acciones o situaciones en ese aspecto.  Ese ofrecimiento fue en el transcurso de la semana pasada y en el día de ayer volví a recibir llamadas donde se me sugería que aprovechase la oportunidad, explicó Suaza en conversación con varios medios de comunicación.  Lo que ellos decían era: ‘hágale un señalamiento directo al presidente de la República, no tiene quién lo desmienta.’”   … “En la conversación se hablaron muchas cosas.  Entre eso, la posibilidad de que me buscaran, a través de una ONG, asilo político en un país extranjero.  En Canadá o en otra parte.  Soy muy claro y contundente.  Por esa razón no le guardo nada a nadie y en ese sentido pienso que tengo un gesto de responsabilidad ante el país y seriedad ante esa situación al ponerla al descubierto.  Este momento me resulta bochornoso e indignante”, precisó el exparamilitar.    

Una vez más se descubriría que todo era una farsa bien montada:⁷⁷²  

Las declaraciones no solo eran falsas, sino que hacían parte de un complot en el que nuevamente aparecen exparas y miembros del alto gobierno de la época de Uribe juntos.  La revista Semana tuvo acceso a varias grabaciones que demuestran que el episodio del exparamilitar Suaza fue un montaje para ayudar al gobierno, en el que participó ese otro oscuro personaje que se volvió tristemente conocido por la opinión pública: Antonio López, alias “Job”.  Suaza hablaba con Job sobre la intervención pública y lo felicitaba porque había sido un éxito en la prensa, como al parecer tenían presupuestado.  Job también le preguntaba sobre cuando se reunía con Uribe y con el comisionado (Luis Carlos Restrepo).  “Al comisionado no le diga que usted y yo hablamos, solamente al presidente, ¿oyó?”, le advierte Job a su interlocutor.  ¿Eso significa que Uribe estaba al tanto de las actuaciones de Job con respecto a la consecución de falsos testigos?  Continuando la charla, Suaza le pide a Job que le consiga una casa para su familia como parte del acuerdo.  Tras el asesinato de Job, Suaza salió al exilio, posiblemente intuyendo su muerte, pues le quitaron el esquema de protección que le habían proporcionado después de que en sus declaraciones ante la fiscalía no proporcionara datos de mayor relevancia.  Esto generó malestar entre algunos funcionarios del gobierno que esperaban una declaración más explosiva.  Ferney Suaza Marín le confesó a jerarcas de la Iglesia y ONG´s internacionales que él se había prestado para una estrategia diseñada por Job y por funcionarios del gobierno.  La fiscalía calificó todos estos hechos como vulgares montajes con el fin de desacreditar a la Corte Suprema de Justicia.  En 2019, Suaza fue condenado a cuarenta años de prisión por el asesinato de Martha Cecilia Aguirre Ríos, una líder social de Urabá.⁷⁷³  Se supo que éste goza de privilegios en la cárcel como computadores, acceso a equipos tecnológicos, redes sociales, cómoda celda, ente otros.⁷⁷⁴ 

Durante tres años el gobierno de Uribe denunció la existencia de un cartel de testigos.  Tenía razón: “Tasmania”, Guzmán y Suaza son prueba de ello. Pero, a diferencia del discurso oficial, esos testigos trabajaban no para atacar al gobierno, sino como la punta de lanza de una conspiración para desprestigiar a la Corte Suprema.⁷⁷⁵ 
 

En el caso Tasmania, en un acápite de la sentencia condenatoria a su abogado, y en el capítulo de las premisas relevantes que fueron plenamente demostradas, se lee: “Moncada Zapata dice que él estudió hasta tercero de primaria, que no escribió dicho documento, que la explicación sobre el mismo le corresponde brindarla al abogado González Mejía, quien fue la persona que se la entregó el 11 de septiembre para que la firmara, por lo cual consultó con Juan Carlos Sierra y ése le respondió que “le iba a mandar una carta al Presidente para ayudar a unos amigos, que no me azarara, que eso había que hacerlo o había que hacerlo, en tono más bien amenazante, me dijeron que yo no tenía como proteger a mi familia y me ofrecieron beneficios”.  Se le pregunta a quiénes se refiere y responde que a Juan Carlos Sierra y Sergio González.  Tasmania también aportó a la investigación un documento que le suministraron a modo de libreto, escrito en letra de computador, resaltada, en tamaño grande y titulado “LO QUE PASÓ FUE LO SIGUIENTE”, el cual fue admitido como prueba en el proceso, libreto que, según unos compañeros de patio, memorizaba antes de cada entrevista. 

“Cuando yo decidí decir la verdad me quitaron los beneficios, me quedé sin abogado, me trasladaron de cárcel, mi familia quedó botada”, dijo Moncada luego de su retractación.  Las amenazas no pararon desde entonces.  Su abogado Sergio Gonzales le había advertido que no se retractara, que “tuviera en cuenta con quién se estaba metiendo”.  El fullero jurista ha sido hasta ahora el único condenado por este episodio a una pena de setenta meses de prisión, al comprobarse que había sido el verdadero autor de la carta que firmó el paramilitar y que fue fabricada para hacerle un favor a Mario y Santiago Uribe, de quienes era un viejo amigo e incluso compartían el mismo edificio que albergaba sus oficinas en Medellín, así como unos linderos de sus haciendas en Andes-Antioquia.  Según el periodista Julián Martínez, la carta, al parecer, se redactó en el apartamento de Mario Uribe donde también estaba Santiago Uribe.⁷⁷⁶  Gonzales, quien tenía línea directa con la Casa de Nariño, también ofició como mensajero en la entrega de los capos del narcotráfico Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera (“Los Mellizos”).  El super dateado abogado que llegó a conocer las intimidades de la Corte sobre la parapolítica, pues en alianza con el DAS ejecutaban planes delictivos en contra de los contradictores de Uribe, fue uno de los gestores del contacto con el abogado de don Berna que terminó en la famosa reunión de los paramilitares en la “Casa de Nari”.  Sin duda, era una pieza fundamental en el mecanismo de conspiraciones tendientes a desprestigiar a la Corte, pero las otras siguen dejando un espacio a cubrir en él: ¿Por qué el Tuso Sierra fue parte activa de este complot y en qué o a quiénes beneficiaba? ¿El Tuso fue extraditado con el fin de que acallar sus posibles declaraciones? ¿Cuál es la responsabilidad de Álvaro, Santiago y Mario Uribe en este enredo judicial? ¿Por qué, como lo probó la investigación, Marta Leal, la funcionaria del DAS, la misma que se reunió con Job, viajó a recibir la falsa carta de retractación de Tasmania por órdenes de María del Pilar Hurtado Afanador, otra funcionaria directamente conectada al presidente, subordinada suya e involucrada en el mismo caso, quien a su vez le había informado de la situación al secretario general de la presidencia de la época, Bernardo Moreno Villegas, que también hizo parte de las chuzaDAS, las cuales abarcan acciones de desprestigio a opositores del gobierno Uribe o a los cuerpos de justicia como la Corte?  Por donde sea que se mire, la cadena de sucesos señala un punto de partida: La casa de Nariño, el presidente.  Cuando ya la opinión pública estaba en lo álgido del debate, el entonces presidente planteó un dilema en el programa Hora 20 de Caracol radio —emisora a la que llamó personalmente para participar del debate—: “Aquí sólo hay tres opciones: o el presidente es un asesino, o Tasmania es un mentiroso, o los magistrados de la Corte son unos manipuladores”.⁷⁷⁷  Nuevamente Uribe estaba consciente de la gravedad de lo sucedido alrededor del caso Tasmania.  Ni Moncada Zapata mentía ni la Corte manipulaba, pero el descaro muchas veces se confunde con la valentía. 

 
El magistrado Iván Velásquez expresó que la fiscalía se quedó a medio camino, sugiriendo que la conspiración que se tejió en su contra para sacarlo de las pesquisas que encabezaba tuvo que haber sido fraguada por muchas otras personas con mayor jerarquía y poder distintas al abogado Sergio González Mejía, puesto que no se ordenaron pesquisas paralelas para dar con otros posibles responsables.  Velásquez dice que el montaje de Tasmania pretendía retirarlo de la Corte y ponerlo preso.  Asegura que el paramilitar alias HH declaró en Justicia y Paz que Job lo visitó para pedirle apoyo porque el fin era encarcelar al magistrado.⁷⁷⁸  En agosto de 2020 y desde la clandestinidad Tasmania reapareció en un video, algo diferente por las huellas de los años y el sobrepeso, para ratificarse en lo que hace más de una década había dicho: “Al Dr. Iván Velásquez le han hecho muchos montajes, incluyendo el que fui obligado a hacerle, el cual le hice mucho daño y por eso le pedí perdón y le conté mi verdad”.  “Fui obligado a sostener esa mentira y firmar esa carta … Y repito: nunca redacté esa carta.  Y la firmé porque tenía que hacerlo y así me lo hicieron ver”.⁷⁷⁹  EL desprestigio a la corte siempre era potenciado por sectores de la poderosa prensa privada y muchos de sus periodistas.  En el expediente de la investigación sobre la chuzaDAS se mencionan las frecuentes reuniones de María del Pilar Hurtado con la periodista Salud Hernández,⁷⁸⁰ previo a la publicación de sus columnas con información falsa sobre los magistrados.  Los periodistas Gloria Congote, María Alejandra Villamizar y Libardo Cardona, entre otros, tuvieron que rectificar sus afirmaciones contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.⁷⁸¹   La función de la prensa privada como punta de lanza del establecimiento es tan extensa y nutrida que solo podría desmenuzarse en varios tomos de una enciclopedia. 

El encadenamiento lógico de sucesos le da la razón al denominado investigador estrella de la parapolítica, quien fue víctima de la más cerril persecución, intimidación y de una escalada de amenazas que llegaron hasta su familia, lo que le llevó a renunciar en 2012 a la Corte Suprema de Justicia y a salir para Guatemala donde fue nombrado por el secretario general de Naciones Unidas (ONU), Ban ki Moon, como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cargo desde donde destaparía grandes ollas podridas de la corrupción que dieron con el encarcelamiento de varios funcionarios de alto nivel así como los del propio presidente de ese país, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.  Sus diáfanas e incisivas investigaciones empezaban a definir la difusa silueta del actual presidente Jimmy Morales.  El hijo y el hermano de este terminaron presos.  Fue entonces cuando Morales, en 2017, decidió no renovar el mandato de la CICIG y expulsar a Velásquez declarándolo persona no grata.  La decisión produjo sendas protestas en Guatemala en respaldando al abogado y finalmente la decisión fue revocada por la Corte de Constitucionalidad de ese país.  En 2018, con varios premios y reconocimientos por su labor, Velásquez recibe el de mayor peso: El galardón Right Livelihood, también conocido como premio Nóbel alternativo, por su lucha contra la corrupción.⁷⁸²  “Su labor es un modelo de acción legal local e internacional único y referencia para países con problemas similares”, declaró la organización que tiene su sede en Estocolmo. 

 
Velásquez salía legitimado nacional e internacionalmente; Uribe, debilitado.  Sus planes difamatorios tomaron la trayectoria de un búmeran y golpearon con fuerza su credibilidad, pero no con la suficiente para derruirla, pues posee la gran viga sostenedora: el poder económico de los “cacaos” de este país que patrocinan sus campañas, y su descomunal poder mediático; ¿el fin?: Monopolizar el Estado —que tiene una función esencialmente pública—, y perpetuar el statu quo por medio de sus intendentes políticos; en este caso, Uribe.  “El fin justifica los medios”, dijo Maquiavelo.  La frase parece aplicarse no solo en el campo político sino en el económico y hasta en el judicial, porque, en sujeción y respeto el derecho universal a la presunción de inocencia, hay eslabones fácticos que cualquier persona, sin ostentar el título de experto criminólogo, podría unir, concatenar, encadenar, pues las ecuaciones que podrían resolverlos no son abstrusas o irresolutas, solo se han configurado elementales.  La verdad sobre estos casos permanece amarrada con las sogas de la inoperancia judicial.  Pero la verdad —tarde o temprano— termina siendo un caballo desbocado e inatajable que revienta ataduras y se lleva por delante a quien se atraviese en su obligado camino. 

Frente a todo este arrume de “buenos muertos”, el prestigioso periodista Julián Martínez, aseveró: “Todos los asesinatos de personas que tienen que ver con procesos de los Uribe Vélez, todos los asesinatos que han ocurrido, le sirven a Álvaro Uribe.  Terminan beneficiándolo jurídicamente”.⁷⁸³  

Las voces que se han atrevido a señalarlo a él o a su familia como criminales han sido sistemáticamente silenciadas por medio de las balas, de las armas blancas o del metal filoso y chirriante de las sierras eléctricas, de presuntos accidentes inducidos, de potentes venenos o bajo el bozal invisible pero eficaz de la amenaza.  Es un hecho real, tangible, no el fruto de la imaginación de un autor de novelas policiacas o de la narco-literatura, aunque, sin duda alguna, a cualquier escritor de ese género lo embargaría un estremecimiento tal que obligaría a su mano a narrarlo, casi instintivamente.  Pero si la labor del artista de la palabra es contarlo, la de la justicia es determinar sus autores intelectuales y materiales, cosa que no ha sucedido pese a la ensanchada longitud de tiempo y a la descripción detallada de los sucesos que cada muerto ha logrado hacer, porque contrario a la creencia, los muertos también hablan.