DICTADURA

El Estado colombiano no le garantiza la seguridad y la vida a sus ciudadanos, que desde sus orígenes es la razón de ser de un Estado. Solo en el 2020 van registradas más de cuarenta masacres en el territorio nacional.

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Los poderes públicos del país se ha concentrado peligrósamente en un solo sector. En la imagen la representación del ejecutívo, el legislativo, la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo.

@vgaviriadiaz

La Constitución de 1991 fue el resultado de un Acuerdo de Paz. Si bien, fue acompañado de un importante movimiento ciudadano, particularmente estudiantil, como el del de la “Séptima Papeleta” de donde surgieron vigentes liderazgos de la política nacional de hoy, la reforma de la Constitución de 1886 (que era la que regía al país hasta ese momento) fue el fruto de las negociaciones de paz con el M19 (que tenía entre sus principales consignas la apertura democrática) una parte del EPL, el Movimiento Quintín Lame, el PRT y un sector del ELN llamado Corriente de Renovación Socialista, entre otros.

La Constitución nació como un Acuerdo de un contexto de guerra y sufrimiento generado por el conflicto armado, pero también por la guerra que el cartel de Medellín le había declarado al Estado colombiano con sus conocidos carrobombas y el asesinato de los principales líderes políticos y sociales, entre esos varios candidatos a la presidencia de la República.

Sin profundizar mucho, que no es el centro de este artículo, la Carta 1991 permitió herramientas tan importantes para la garantía de derechos como la tutela, pero también abrió la puerta para las privatizaciones y la implementación del neoliberalismo impulsado por Cesar Gaviria. Sin embargo, el centro de esta Constitución fue el fortalecimiento de la división de poderes, para que no solamente se lograra que ninguna de ellas (ejecutiva, legislativa y Judicial) tuviera supremacía sobre la otra, sino que se tuviera un diseño mucho más avanzado sobre la elección de sus integrantes para que no existiera la usurpación de su labor.   

Este equilibrio, que nos viene por herencia desde el siglo XVIII con los textos del Barón de Montesquieu, sería acompañado en la Carta Magna del 91 por el fortalecimiento de los órganos de control, el Ministerio Público (que crearía la Defensoría), la Fiscalía General  y los organismos electorales (el CNE al que se le debe una reforma) y un sin número de instituciones que intentaban darle forma al Estado Social de Derecho (ya no solo Estado de Derecho) como la Corte Constitucional como guardiana de nuestra ley de leyes.

Sin continuar con la historia, este era un gran esfuerzo por crear un Estado para el pueblo colombiano en un país que se aprestaba a entrar al siglo XXI, para que al menos en el papel existiera una institucionalidad equilibrada (fundada en un sistema de pesos y contrapesos) y garante de los derechos de todas y todos. El diseño nunca fue perfecto, pero el modelo neoliberal, la doble reelección y las mafias gobernantes, acabaron con este diseño de Estado y hoy estamos lejos de tener algo parecido a una democracia en nuestro país.

A pesar de que hay elecciones y que hay mujeres y hombres ubicados en la dirección de todas estas entidades, el colombiano no es un Estado de derecho y mucho menos un Estado social de derecho, como era el sueño de los constituyentes del 91. El sueño de paz, el de esos años, se ha roto.

El Estado colombiano no le garantiza la seguridad y la vida a sus ciudadanos, que desde sus orígenes es la razón de ser de un Estado.  Solo en el 2020 van registradas más de cuarenta masacres en el territorio nacional (una de ellas indignaría a cualquier persona no colombiana, que ya sufrimos de adormecimiento humanitario), han ocurrido más de 150 asesinatos de líderes, lideresas y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz, que han perdido la vida a manos de los agentes de la muerte, con la particularidad de que esto ocurre en los territorios mas militarizados del país. Tenemos una de las fuerzas militares mas grandes del continente que se consumen a diario mas de noventa y siete mil millones de pesos (más de 67 millones de pesos por minuto) y ni si quiera con eso se garantiza la vida a los firmantes de la paz, que recientemente tuvieron que desplazarse con sus familias por la incapacidad del Estado para cuidarlos, en el espacio en el que este mismo les asignó (el ETCR Santa Lucia en Ituango). Este es el Estado Colombiano que hoy detenta el uribismo “gran adalid de la seguridad”.

Y si no es por el lado de la seguridad y la vida, mucho menos por el de la democracia; el tal equilibrio de poderes hoy no existe. Acaba de ser elegida como jefa de la apetitosa burocracia de la Procuraduría, la hasta hace pocos días Ministra de Justicia Margarita Cabello, que a pesar de la imagen de “gran jurista” que le quisieron vender, los únicos “logros” en su administración fue justificar la masacre de al menos 23 personas privadas de la libertad a finales de marzo, diseñar un “decreto de excarcelarción” que no sirvió para nada y hacer cero gestión en la solicitud de extradición del líder paramilitar Salvatore Mancuso (o más bien ser coparticipe del sainete de las cuatro veces errada solicitud)  y como la otra parte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, fue designado por la Cámara y el apoyo del partido de gobierno, otro flamante egresado de la Sergia Arboleda, alma mater del señor presidente, donde también se formó el Fiscal General.

Este declarado “mejor amigo del presidente” Duque y quien junto con el Contralor organiza “viajes oficiales” para irse de paseo con sus familias a San Andres, abre investigaciones por trabajadores “mineros” que apoyaron a Gustavo Petro, pero hace de oídos sordos con el gigante elefante de la ñeñepolítica.  Y si seguimos con la lista, tenemos un organismo electoral, en el que un excandidato del Centro Democrático es el encargado de investigar la campaña de Iván Duque por dineros del narcotráfico, pero le abre investigación por aportes solidario de un par de profesores a la campaña de Gustavo Petro.  Y ya para completar, un legislativo reducido a su mínima expresión, que, a pesar de la valentía de unos pocos, la gran mayoría vive engolosinada por la burocracia estatal, cómodos en sus casas en “sesiones virtuales” (cambiar la Constitución por zoom es la nueva realidad), aprobando proyectos inannes en medio de una pandemia y metiendo micos como el que busca legalizar el fracking en medio de una reforma a la ley de regalias. Tanto así es la nimiedad a la que han llevado el legislativo que el anterior presidente del Senado, el “liberal” Lidio Garcia utilizó una de las acostumbradas “jugaditas” de esa presidencia, para enviar una supuesta aprobación de este parlamento a la presencia de tropas gringas en nuestro territorio.

Es por esto que el partido de gobierno quiere acabar con las Cortes y crear una sola, única y pequeñita que esté a su mando, para acabar con la tercera rama del poder público que les falta y que ya empiezan a alinear con el nombramiento de nuevos magistrados, claramente de una línea ultraconservadora.

Esto no es ni de lejos una democracia, no hay equilibrio de poderes, no hay garantías a la vida, no hay defensa a los derechos humanos, se usan los Fondos de la Paz para hacerle publicidad al presidente y “perfilar” a sus críticos y gran parte del gobierno está volcado a hacer todo tipo de triquiñuelas para liberar a su jefe, cuando al fin una Alta Corte se decidió a iniciar un proceso del largo prontuario de investigaciones que tiene su mesías encarnado.

¿Sin equilibrio de poderes estamos en presencia de una dictadura? Esta ya no es una dictadura como la de Pinochet en Chile, o Somoza en Nicaragua, Videla y tantos otros militares discípulos de las Escuelas de las Américas que gobernaron este continente a lo largo del siglo XX. Es algo más sofisticado y de mostrar, esta dictadura tiene apariencia de democracia, tiene elecciones y funciona relativamente como un Estado Liberal y como en la época de las Malvinas, venden por los medios oficiales (son privados, pero como veletas al régimen) que “vamos ganando la guerra” mientras el país se desmorona, y con los medios críticos como Noticias UNO presiona su cierre.

Este es un Estado autoritario, más cercano a una dictadura que a la democracia, que ha logrado concentrar casi todo el poder público y está lejos de rendirle cuentas a sus comunidades, que saca decretos para prohibir la protesta, o la estigmatiza con la “oportuna” excusa de difundir la pandemia y dispara a matar a los reporteros que se atreven a cubrir los abusos, como el fotógrafo de “Voces del Guayabero” que cubría las protestas contra la erradicación en esa zona, o las persecuciones a periodistas como Gonzalo Guillen y Julián Martinez que se han atrevido a denunciar los abusos.

La guerra contra el pueblo, propio de las dictaduras continua, basta con las constantes denuncias de abusos de la fuerza pública contra las comunidades en buena parte del territorio nacional, de la policía y del ejército que legitima hasta el asesinato de jóvenes y niños donde han sido reclutados, violando toda normatividad internacional. Pues como lo afirma la Secretaria de Turismo de Tumaco, a propósito de la masacre de jóvenes en su territorio “un delincuente dado de baja no tiene edad” (le faltó aclarar: mientras no sea gente de bien integrantes de las familias que gobiernan).

Hoy el Estado colombiano se ha transformado en dictadura, el uribismo gobierno sin ningún tipo de limitación y ahora hasta promulga leyes sin control gracias a la pandemia, que solo piensa en aumentar los impuestos a los más pobres, enriqueciendo a los más ricos dueños de los bancos;  está volcado a proteger intereses de unas pocas familias (o clanes) de los territorios, los negocios de multinacionales o del monocultivo que inunda los campos, a la extracción del petróleo y otras pocos sectores primarios que mantienen a nuestro país básicamente en la premodernidad y en una organización del territorio semifeudal (en donde los paramilitares funcionarían como ejército del señor feudal).

Decía un viejo barbudo en la primera mitad del siglo XIX “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” y lo vemos, en Colombia la frase no es tan ajena.

Colombia está entrando poco a poco a régimen dictatorial con extrema concentración del poder público, a una ofensiva ultraconservadora y con unas fuerzas armadas supremamente potentes para la represión y el cuidado de los negocios de las familias gobernantes (mas no para la defensa de sus ciudadanos) y lo peor, en medio de la crisis generada por la pandemia, algo similar al ambiente que permitió el ascenso del Tercer Reich en Alemania en los años 30 del siglo XX.

 Va siendo hora que los colombianos y colombianas despertemos de la somnolencia que nos ha anestesiado frente a la muerte de nuestros nacionales y tal vez, como diría una reconocida opinadora, es justo que pensemos en hacer un “cerco (¿diplomático?) humanitario contra la dictadura del uribismo”. Paradójicamente la lucha hoy es por el Estado de Derecho, por el equilibrio de poderes y por los derechos básicos que se reivindicaban en la revolución francesa por allá a finales del siglo XVIII.   

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2 thoughts on “DICTADURA

  1. Terrible y triste realidad, Cada vez que leo escritos como este quiero irme del País con mis hijas, tanta porquería parece imposible me enfermo y me siento impotente. Igual Victor, gracias a historias como esta podamos hacer consciente a alguien para ver si despierta este país y no sigue apoyando tanto delincuentes.

    1. Es cierto, pero tampoco podemos perder la esperanza y dejarle el país a los mismos clanes que han gobernado este país desde hace tantos años. Por ahora, la labor pedagógica, de uno en uno, es muy importante.

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