Por: Luis Emil Sanabria Durán
La propuesta de convocar una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud ha puesto en evidencia la profunda disputa entre una democracia limitada al juego parlamentario y una democracia que aspira a ser verdaderamente participativa. Aunque la consulta es un mecanismo constitucional legítimo y democrático, su sola mención ha desatado una intensa reacción de rechazo por parte de sectores políticos conservadores, gremios económicos y grandes medios de comunicación que —más allá de los argumentos técnicos— temen que el pueblo se exprese directamente sobre los cambios que el país necesita.
Defender el derecho a la consulta es defender la soberanía popular, y oponerse a ella de manera sistemática revela no solo una resistencia a las reformas, sino una desconfianza estructural frente al juicio ciudadano. Sin embargo, también es necesario reconocer con madurez política que no basta con invocar este derecho o convocarla por decreto lesionando el contrato social de 1991. Las condiciones para una consulta victoriosa no están garantizadas sin un proceso previo de fortalecimiento social, pedagógico y político.
Por ello, si bien es justo defender la consulta como principio, también debe considerarse, si las condiciones no son favorables, la posibilidad de renunciar a su realización en este momento, no como un acto de debilidad, sino como una apuesta estratégica. Una retirada táctica y el reconocimiento de la fractura institucional existente generada por la oposición, que puede profundizarse al convocar la consulta por decreto, puede ser el primer paso de una victoria mayor, que debe incluir la obligación de reorganizar las fuerzas progresistas, fortalecer la base social, formar nuevos liderazgos y preparar con determinación el camino hacia 2026.
El objetivo estratégico debe estar claro. Construir un Frente Amplio capaz de conquistar las mayorías en el Congreso, de incidir en las altas cortes, de renovar los gobiernos locales y asegurar la continuidad del proyecto transformador. No basta con las mayorías simples que llevaron a la Presidencia al actual gobierno; hay que ganar otros sectores sociales, construir alianzas amplias, tejer un Acuerdo Nacional que haga posible la realización del Estado Social de Derecho y que enfrente, con legitimidad democrática, la pobreza, la corrupción, las violencias, las economías ilegales, la desigualdad y la exclusión.
En este camino, la organización social es insustituible. Debemos recomponer el tejido social que se ha debilitado, reanimar los espacios de base, volver a los territorios, formar políticamente a nuevas generaciones, y construir desde abajo la fuerza ciudadana que garantice que las reformas no dependan solo de decretos o voluntades individuales, sino de una sociedad movilizada, consciente y participativa.
En ese escenario, los sectores económicos y políticos de oposición que aún conservan su talante democrático, están obligados a reconocer que las reivindicaciones laborales incluidas en la reforma son más que justas. El derecho a la estabilidad, a la seguridad social, al trabajo digno y a jornadas decentes no puede seguir siendo visto como una amenaza para el desarrollo. Si realmente les interesa el empleo, deben comprometerse también con el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, que son quienes más generan trabajo en Colombia evitando la precarización.
En este marco, la paz como camino y como meta debe ocupar el centro de toda propuesta de cambio. Sin justicia social no habrá reconciliación verdadera. La paz exige transformar las condiciones estructurales que han alimentado el conflicto, como la exclusión económica, la precariedad laboral, la inequidad territorial y la falta de voz de millones de personas en las decisiones públicas.
La consulta, entonces, debe ser entendida como parte de una estrategia mayor, no como un fin en sí mismo. Si es viable, debe ser defendida con fuerza democrática y convicción ética. Pero si no hay condiciones políticas y sociales para asegurar su victoria, debe considerarse con responsabilidad renunciar a ella, en favor de un proceso de reconstrucción de alianzas y de fortalecimiento del bloque social y político del cambio.
El 2026 debe encontrarnos más fuertes, más organizados y con un proyecto claro que convoque a las mayorías por una Colombia democrática, justa, sostenible y en paz. Porque las transformaciones profundas no son producto del atajo ni del impulso inmediato, son el resultado de la claridad estratégica, la voluntad colectiva y la paciencia histórica de quienes luchan por una vida digna para todas y todos.
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