El intento de asesinato de un candidato presidencial conservador se da un momento particularmente álgido de la coyuntura política colombiana . Co-escrito con Diana Carolina Alfonso y publicado en Diario Red América Latina el 8 de junio de 2025.
En horas de la tarde del sábado un sicario abrió fuego contra Miguel Uribe Turbay, que recibió en el acto varios impactos de bala y se desplomó inconsciente. Uribe Turbay es senador, miembro del partido del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y uno de los tantos pre-candidatos del espectro derechista (al menos son cinco los postulados por Centro Democrático) que anunció sus intenciones de disputar el gobierno en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el año entrante. Según el último parte médico de la Fundación Santa Fe, a donde fue trasladado el dirigente político, su estado seguiría siendo crítico tras la realización de dos cirugías cerebrovasculares de alta complejidad.
El atentado tuvo lugar en un barrio de clase media de la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital colombiana. Horas después del ataque el Ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció una recompensa de 3 mil millones de pesos colombianos por cualquier información que pudiese resultar útil para la investigación. Por su parte, el director de la Policía confirmó la captura de dos sospechosos, entre ellos un menor de 14 años que habría sido contratado para perpetrar el ataque.
Las primeras repercusiones, de Gustavo Petro a Marco Rubio
Casi en la medianoche, el presidente de la República Gustavo Petro se dirigió a la nación al frente del Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad. Allí manifestó su plena solidaridad y compromiso con la familia Uribe Turbay, evocó el asesinato de su madre Diana Turbay por sicarios del Cartel de Medellín en 1991 y abogó por “una política sin violencia en una sociedad sin violencia”.
También se pronunció contra “el intento oportunista de utilizar con fines políticos el dolor de la familia”. El mandatario no descartó ninguna hipótesis, manifestó albergar sus propias sospechas y llamó a investigar al propio esquema de seguridad del senador. Por último recordó los antecedentes magnicidas de los años 80 y 90 contra el candidato liberal Luis Carlos Galán y contra los izquierdistas Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Sosa y Carlos Pizarro Leongómez.
“Cuando se mata a un dirigente político –afirmó Petro– y esa es nuestra historia desde los tiempos de Bolívar, que pudo haber sido asesinado por sus propios hijos, por la propia patria que fundó, desde ahí comenzó nuestra tragedia, nos matamos con fatalidad, y la muerte de un dirigente político, cualquiera sea su pensamiento, puede ocasionar una vorágine de violencia, si no lo controlamos, si nos dejamos llenar el corazón de la venganza, el prejuicio y el odio, porque por odio político nos hemos matado los colombianos”.
Otras declaraciones de alto impacto fueron las de Vicky Dávila, también pre-candidata presidencial opositora y ex directora de la conocida Revista Semana. Adelantándose a las primeras investigaciones responsabilizó al presidente y a lo que llamó sus “sicarios de las redes sociales”, trazando un peligroso paralelismo entre los comunicadores digitales afines al Pacto Histórico y el perpetrador del ataque. “Ese clima de odio lo han propuesto ellos, ese no es el país que queremos. Necesitamos garantías para hacer la campaña”, exigió Dávila.
Casi idénticas fueron las declaraciones del Secretario de Estado de los Estados Unidos .“Es el resultado de la retórica izquierdista”, aseguró Marco Rubio, quien pidió a Petro “moderar su discurso incendiario”. En la misma línea se posicionó el economista Juan Daniel Oviedo, también precandidato, quien se refirió al “odio que ha caracterizado los dos últimos años de Colombia”.
El contexto: las reformas y la Consulta Popular
El escenario en que se dio el atentado no podría ser más agitado. El gobierno progresista del Pacto Histórico, el primero de su tipo en casi dos siglos de vida republicana, promedia un primer periodo marcado por las tentativas de alcanzar la “paz total” con los últimos factores armados, por una evolución promisoria de los principales indicadores socio-económicos y por el impulso a varias reformas estructurales significativas: laboral, sanitaria, previsional, tributaria, agraria y judicial.
Sin embargo, valiéndose ante todo del control de la institución parlamentaria, la mayoría de estas medidas fueron bloqueadas por la oposición política. Para Petro, las reformas serían “la expresión más genuina del voto popular en 2022, la esencia de lo que el pueblo pidió, primero en el estallido social de 2021 y después en las urnas”.
La pulseada actual gira en torno a la tentativa oficial de impulsar una Consulta Popular –apoyada por las centrales sindicales y por comités y movilizaciones desplegadas en todo el país– para que sea la propia ciudadanía la que se manifieste sobre su necesidad. La Consulta fue anunciada por el gobierno el 11 de marzo en respuesta al naufragio del último intento de aprobar en el Senado la reforma laboral, que buscaba entre otras cosas fortalecer las negociaciones colectivas, formalizar a 3 millones de trabajadores y trabajadoras y garantizar una serie de derechos laborales elementales.
Pero la misma Consulta fue torpedeada en una sesión parlamentaria que terminó en escándalo. Presidida por el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, la sesión incurrió en vicios procedimentales, según lo determinó el fallo de la jueza Hilda Saffon Botero apenas un día antes del atentado contra Miguel Uribe. Vencido el plazo legal para resolver la apelación, el Congreso ya no podría oponerse, por lo que el presidente tendría vía libre para convocar a la Consulta por decreto, algo que la oposición busca evitar a toda costa.
Una (extensísima) historia de violencia
Las narrativas dominantes como las de Dávila, Oviedo o Rubio adjudican al gobierno el inicio de la violencia en un país que la sufre de forma crónica; para algunos desde el magnicidio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948 que desató el conocido «Bogotazo», y para otros desde la conspiración santandereana que intentó asesinar al mismísimo Simón Bolívar en septiembre de 1828, hace casi dos siglos. La violencia ha sido un factor tan omnipresente en la vida política colombiana, y un recurso tan frecuente en manos de las oligarquías vernáculas, que el país generó una disciplina singular para estudiar sus orígenes y sus causas probables: la “violentología”.
Así, en esta narrativa fantástica, la violencia en general, y el atentado contra Miguel Uribe en particular, serían el fruto de la “polarización gubernamental”, la “retórica incendiaria del presidente”, los “sicarios digitales del Pacto Histórico” o de las “polémicas y resistidas reformas”.
La derecha política y mediática cultiva así una memoria selectiva que soslaya hechos tan resonantes como los seis magnicidios del siglo XX cometidos por el régimen bipartidista (la mayoría contra líderes de izquierda), el estímulo a un conflicto armado (interno primero, y luego trasnacionalizado) a lo largo de siete décadas, el recurso al paramilitarismo como mecanismo de control de territorios y poblaciones, las alianzas con el narcotráfico (desde el mismo rol del ex presidente Uribe como jefe de una Aeronáutica Civil al servicio de Pablo Escobar), el desplazamiento de 8 millones y medio de personas (en su mayoría campesinas y racializadas), el exterminio de la Unión Patriótica (partido surgido de una de las tantas veces incumplidas promesas de paz), el funesto “Plan Colombia” y la supuesta “guerra contra el narcotráfico” promovida por los Estados Unidos, los 6.402 “falsos positivos” (civiles presentados como guerrilleros abatidos), el asesinato de cientos de firmantes de paz y líderes sociales desde los acuerdos entre el Estado y las FARC-EP en 2016, la militarización del Paro Nacional del 2021 con un saldo de más de 400 desaparecidos y un largo etcétera.
De hecho, el propio Petro sufrió varios atentados contra su vida, tanto en campaña como siendo ya presidente en ejercicio, como el ataque en Turbo en 2018, en Cúcuta en 2019 y en Bogotá en 2024. También la vicepresidenta Francia Márquez Mina, dirigentes de su espacio y su propia familia, sufrieron otros tantos atentados.
Paradójicamente, al momento del ataque el mismo senador Uribe invitaba a que los “colombianos de bien” se armaran, mientras el empresario antioqueño Santiago Botero, también lanzado a la contienda electoral, proponía en el encuentro de Asobancaria “darle bala” a los manifestantes, así como reformar la Constitución de 1991 para implementar la pena de muerte. Instigando la misma violencia y sugiriendo indirectamente presuntas responsabilidades, el periódico Infobae aseguraba una hora después del ataque contra Uribe que segundos antes alguien habría gritado “Petro presidente”.
Preguntas necesarias
Lamentablemente, el hecho tampoco resulta excepcional en el contexto latinoamericano actual: a los recientes intentos de magnicidio contra Cristina Kirchner en Argentina y Evo Morales en Bolivia, hay que sumar lo acontecido durante la campaña presidencial del año 2023 en Ecuador, cuando el candidato conservador Fernando Villavicencio fue asesinado. El hecho, presuntamente orquestado por el crimen organizado, fue instrumentalizado por la derecha y capitalizado por Daniel Noboa, que alcanzó la presidencia sumando más de 3 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta electoral. Su viuda, Verónica Sarauz, expresó críticas al gobierno y declaró que la fiscal del Estado Diana Salazar le habría presionado para que culpara del magnicidio al ex presidente Rafael Correa, algo que la prensa corporativa se encargó de hacer de todos modos.
Por eso no son pocos los políticos y analistas que temen en Colombia operaciones del mismo tipo, en medio de una coyuntura que será decisiva para definir si las oligarquías locales vuelven a hacerse con el botín del Estado en 2026.
Por lo tanto, las preguntas que se imponen son: ¿quién gana y quién pierde con un escenario político turbio y con la promoción de una política de río revuelto? ¿Por qué el atentado se dio justo ahora, horas después de un resonante triunfo judicial por parte del oficialismo? ¿Por qué un gobierno con altos índices de aprobación, respaldo social organizado y que apuesta por una Consulta Popular para destrabar el impasse parlamentario apostaría por asesinar a un candidato que no representa ninguna amenaza electoral? ¿Qué sectores cargan sobre sus hombros con un historial de violencia genocida y magnicida? ¿Y quiénes han resuelto en el pasado sus propias internas recurriendo a la aniquilación física de sus adversarios?
Publicado originalmente en Todos los Puentes.
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