Damon Winter/The New York Times
La escalada injerencista de EE. UU. en Latinoamérica: ¿Lucha antidrogas o estrategia militar para encubrir una red transnacional de crimen y política?
La política guerrerista de Estados Unidos contra los pueblos del mundo escala y, esta vez, vuelve a arremeter contra Latinoamérica. Desde su constitución en 1776 hasta 2019, EE. UU. ha realizado más de 400 intervenciones militares, y el 34 % de ellas tuvo lugar en Latinoamérica, según la Universidad Tufts de EE.UU.
Donald Trump viola todo tipo de derecho Internacional, aplica toda clase de arma de guerra para someter a los pueblos del mundo quedó demostrado al apoyar al genocidio en Gaza, promover la guerra en Ucrania, bombardear a Irán y, ahora arremete, contra Latinoamérica.
El despliegue de destructores, buques de asalto anfibio, un crucero e incluso un submarino nuclear en aguas del mar Caribe, presuntamente para ir contra el narcotráfico, es otra de sus falacias no solo para amenazar la soberanía latinoamericana, sino para tomar ventaja y prepararse para la guerra contra Rusia y China.
Amenazar públicamente al pueblo venezolano con derrocar al presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro, mediante la intervención de la CIA no es solo arrogancia, sino una vieja estrategia político-militar cargada de falacias, en complot con aliados en el terreno, para legalizar el «crimen organizado transnacional». Este crimen no lo cometen los delincuentes comunes, sino delincuentes políticos que ocupan cargos de jefes de Estado, como lo hace Donald Trump.
El Crimen Organizado Transnacional que ejerce Donald Trump se hace evidente en la coacción económica de aranceles, que busca asfixiar financieramente a Colombia, al igual que los gobiernos estadounidenses lo aplicaron contra Venezuela, causando una fuerte migración en el mundo.
La arremetida de Donald Trump contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al señalarlo como «líder del narcotráfico», tiene un solo objetivo: descalificarlo, estigmatizarlo y amedrentarlo en pleno contexto electoral para imponer un gobierno de ultraderecha que se arrodille a sus políticas. El fin es disponer del territorio colombiano para llevar a cabo la intervención militar en Venezuela.
En esta acción coordinada del Crimen Organizado Transnacional trumpista, los rostros son visibles: el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión en primera instancia por sobornos y fraude procesal. También es solicitado por el Juzgado Tercero Penal de Medellín por su presunta responsabilidad en masacres y el asesinato de dos defensores de derechos humanos, Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, perpetrados en los años 90.
La periodista de ultraderecha e «hija política» de Uribe, Vicky Dávila, quien abiertamente ha pedido la intervención militar contra Venezuela y contra el gobierno de su propio país, Gustavo Petro. Como ella, se suma la mayoría de empresarios y políticos de ultraderecha, como lo hizo María Corina Machado, reconocida por buscar a los grupos paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta para que asesinaran a venezolanos en manifestaciones y responsabilizar al gobierno de Maduro de generar el caos y no poder controlarlo. Con estas acciones, es evidente quiénes forman parte del Crimen Organizado y por qué no cesa la violencia en Latinoamérica, y el narcotráfico se sigue expandiendo por el mundo.
La principal ruta del narcotráfico no sale por las costas venezolanas; no, sale por el Pacífico colombiano, específicamente por el departamento de Nariño, cruzando a Ecuador por tierra y aire.
En los últimos 12 años, Ecuador ha sido gobernado por la ultraderecha: Lenín Moreno, Guillermo Lasso Garcés y Daniel Noboa, quienes han seguido al pie de la letra las políticas de drogas de EE. UU. Los resultados son: un Ecuador consumido en el microcrimen organizado, expansión del narcotráfico, lavado de activos, red de trata de blancas y violencia.
La cocaína en Ecuador, como sucedió bajo el gobierno del «hijo político» de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, sale por aeropuertos porque las fuerzas militares y de policía también forman parte del aparato paraestatal gobernado por ellos. El pasado 19 de septiembre de 2025, autoridades de Rusia incautaron 1.5 toneladas de cocaína en San Petersburgo, transportadas en bananos. Bajo el gobierno de Iván Duque, se detuvo al embajador San Clemente en su hacienda, donde tenía producción de cocaína. Hoy, esos son los amigos de Trump y son los que defienden la intervención de Colombia y Venezuela.
Es lo mismo que sucedió con las denominadas Zonas de Futuro en Colombia, todas vigiladas por EE. UU., en las que, en lugar de minorar la violencia, esta se incrementó, no solo en la producción de cocaína, sino en la violación de menores de edad a manos de militares estadounidenses.
El Crimen Organizado Trasnacional de Estados Unidos lleva operando desde su nacimiento y ha amenazado la seguridad Goblal cometiendo delitos en varios Estados en un concierto para delinquir con Estados aliados, recordemos cuando ejecutó bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, Japón en 1945.
Los bombardeos en Laos, Vietnam; en Afganistán (1998,2001, 2021), Irán y Siria (2014 y 2025). Bombardeos no frontales, es decir, utiliza a terceros para enviar sus bombas: Palestina, Rusia, Venezuela y Colombia.
Este Crimen Organizado Trasnacional opera también mediante la asfixia financiera mediante la imposición unilateral de aranceles y bloqueos económicos en los que asesina de hambre a millones de personas en el mundo.
El Crimen Organizado Transnacional liderado por EE. UU. nunca traerá bienestar o paz a ningún pueblo del mundo, porque ellos viven de la producción de armas y de quedarse con las rutas de los narcotraficantes, como sucedió con el «Mayo» Zambada y el «Chapo» Guzmán, carteles que siguen funcionando sin problema en Estados Unidos.