En guerra contra la paz

Por: Arleison Arcos Rivas

Uno de los lamentos que más llama la atención sobre los hechos que por estos días inquietan al país se duele de que los exguerrilleros de las desmovilizadas FARC “no hayan pagado un solo día de cárcel”. Incluso desde la cabeza del ejecutivo, en abierta extralimitación en funciones, se estimula el socavamiento de un trámite proveniente de la Corte Suprema de Justicia con declaratorias proselitistas sobre la “inocencia y honorabilidad” del domiciliado en El Ubérrimo.

No sólo por la inaceptable e indebida injerencia que la Presidencia está ejerciendo, contraria al respeto e imparcialidad en las instancias estatales sino por el destape de las cartas contra el proceso de paz, la postura de Iván Duque es insustancial. Cuando la que debería ser la honrosa primera magistratura se expresa dolida porque “muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión” no sólo miente, sino que desconoce la normatividad que le obliga, nacida de los Acuerdos de Paz firmados entre el Jefe de Estado y de Gobierno con la comandancia de un grupo insurrecto.

Los fundamentos de la alternatividad penal correspondientes a la justicia transicional aplicable a quienes se sometieron a un proceso de dejación de armas e incorporación a la vida ciudadana tienen sentido en cuanto representan un esfuerzo institucional e insurgente por establecer las bases para la terminación de las expresiones armadas de los conflictos, avanzando hacia su desescalamiento y transformación; al menos con las FARC. Así, tanto las causas de la sublevación como las consecuencias de pactar un proceso de complejo diseño jurídico, político, económico y militar que cobija a auxiliadores, combatientes y comandantes de la que fuera considerada “la guerrilla más antigua del mundo”, implican para las instituciones gubernamentales la plena comprensión del delito político, lo cual no ocurre en este caso.

En segundo lugar, siendo expresamente contenido en los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón, los crímenes de lesa humanidad no resultan amnistiables, por lo que la alternatividad penal constituye una medida sancionatoria que, una vez se aborde la etapa de juzgamiento, implicará sentencias y penas que deberán cumplirse según lo establecido para quienes aportaron con suficiencia a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Por ello resulta incomprensible el ataque virulento a este proceso por parte de un presidente que recorre el mundo con ponchera en mano para acumular aportes económicos con los que diferentes países y organismos apuestan por la estabilización del proceso de definición de situaciones jurídicas y de promoción de iniciativas de desarrollo.

Sin lugar a dudas, lo que reclaman las enconadas y rabiosas expresiones proferidas por quienes, incluso con pedidos de pistola y promesa de plomo, persisten en cuestionar los acuerdos ya firmados y en ejecución, implicará que el país se empeñe en un nuevo diseño de aseguramiento proporcional y sustitución penitenciaria para actores estatales y terceros civiles cuyas actuaciones con ocasión del conflicto armado les exponen a procesos jurídicos ordinarios y penas significativamente mayores a las acordadas con las FARC. Cabe recordar que tal procedimiento existía y fue descontado de los acuerdos por parte de la Corte Constitucional; decisión que hoy, ante las evidencias de que se requiere tal instrumento, parece desafortunada. Su existencia y necesidad, sin embargo, debe tramitarse bajo el ordenamiento y las regulaciones hoy existentes, en lugar de empeñarse en desconocer el inmenso desafío que el país ha confiado a la Jurisdicción Especial de Paz, responsable de sustanciar y fallar en asuntos tan delicados que mantienen la alerta permanente y el diálogo con la Corte Penal Internacional.

Si lo que se quiere, en el dinamismo normativo contemporáneo, es contar con un instrumento jurídico-político que cobije a figuras seriamente comprometidas con actos contrarios a la legalidad, al menos según los señalamientos y sindicaciones, como Álvaro Uribe Vélez y una pléyade de políticos, agentes estatales, representantes gremiales, terratenientes, comerciantes, ganaderos y demás auxiliadores, auspiciadores o partícipes en la creación, financiación y operación de ejércitos mercenarios, escuadrones de la muerte, y fuerzas parapoliciales y paramilitares responsables de matanzas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones y destierros; el camino no es el cuestionamiento de las instituciones de justicia hoy existentes sino la instalación de procedimientos que aporten plenitud al esclarecimiento y no repetición de los hechos irregulares y crímenes que permanecen dolorosamente en silencio. 

No es con actos de fe que declaran la subjetiva honorabilidad y ejemplaridad de quien “ha ocupado la más alta dignidad del Estado”, sino con el respeto irrestricto a las reglas del juego constitucional como puede asegurarse que el país camine, por fin, hacia una paz estable y duradera.

Fuente: Diaspora

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