Los violentos imponen su ley en Nariño

Varias subregiones y poblaciones intermedias y pequeñas del suroccidente colombiano están bajo el poder de los grupos armados. La guerra, nunca terminó.

Por Víctor Chaves R. #ReporteroNomada

Cauca y Nariño, en el suroccidente colombiano, son escenario de nuevas y demasiadas expresiones de violencia enmarcadas en el conflicto social y armado. La masacre de jóvenes en Samaniego, Leiva y otros hechos de agresión armada entre bandas y grupos, o a la población civil, forman parte de lo poco que se sabe de la magnitud de lo que se padece en estos momentos en ese amplio territorio.

Todos sabían que esta era potra historia anunciada. La ausencia del Estado en estos territorios, que lejos de mermar, aumentó tras la reincorporación de los guerrilleros delas Farc – ep a la vida civil, fue nuevamente el abono para nuevas expresiones de una guerra, cuya fragmentación y anarquía produce pavor entre los pobladores, víctimas también históricas de este sangriento y doloroso drama.

La pobreza extrema extiende sus fauces por entre playas, valles, colinas y montañas. La pandemia, para ellos, no es sino un aditamento para una crisis que ya se ha extendido demasiado tiempo. Y por supuesto, es tierra abonada para la delincuencia organizada, disfrazada de nuevas guerrillas, bandas o mostrando su auténtica estirpe paramilitar. Personas de estos territorios que hablan pero en voz baja de lo que sucede en sus tierras, aseguran que el miedo se ha tomado muchos de los pueblitos y cabeceras y que hacia las 6 de la tarde prácticamente quien se queda por fuera de sus casas, arriesga su vida.

Está claro para las víctimas de la guerra colombiana, que en estos momentos la disputa territorial y el control del negocio de la siembra y recolección de hoja de coca y el procesamiento químico para convertirla en base y cocaína  ha desbordado cualquier consideración de carácter humanitario. La ausencia de ideologías o de posturas políticas claras le da a este episodio de la guerra un carácter de alto dramatismo y de difícil control. Sobre todo porque de parte del estado no hay una verdadera intención de atender de lleno la enorme problemática social que golpea estos territorios y su “asistencia” v se limita a aumentar un pie de fuerza, de por sí desprestigiado y que genera más temor y zozobra que otra cosa entre la población civil.

Las autoridades locales, territoriales y regionales no pueden sino limitar su discurso a implorar acciones al gobierno central y a solicitar las consabidas exhaustivas investigaciones, que, se sabe, tienen muy pocas posibilidades de hallar algo.

La falta de una clara y definitiva estrategia que permita buscarle salidas a la encrucijada del narcotráfico y de las economías ilegales, como la minería informal, el contrabando de combustibles y otras, hace prever lo inoficioso de los consejos de seguridad, pues, como ha sucedido antes, se convierten en una nueva carpeta de reivindicaciones históricamente reclamadas y soluciones gaseosas.

Puros contentillos, que no van a solucionar la grave problemática que afecta el suroccidente de Colombia.

Es importante caracterizar la dimensión de esta fase del conflicto armado en Nariño y el sur del Cauca para que se tomen medidas en materia de Derechos Humanos, DDHH y Derecho Internacional Humanitario, DIH, pensando en que nuestros hermanos que pueblan estos territorios merecen un poco de tranquilidad y dignidad en el tratamiento que reciben de parte de los actores armados.

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