• mayo 26, 2022 10:35 pm

El debate de moción de censura al Ministro de Defensa, de casi doce horas de duración, por la masacre ocurrida a manos de las fuerzas militares el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo en el Putumayo, así como las declaraciones realizadas por militares acusados de falsos positivos en la Jurisdicción Especial de Paz, dejan varias lecciones para analizar, pero realmente son pequeñas muestras de la necesidad urgente de la transformación de la política de seguridad en la que se fundamenta el Estado colombiano. 

Las intervenciones de la oposición que citó el debate se fundamentaron en las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, la crisis humanitaria agudizada por el operativo y el impacto generado en la comunidad, su Junta de Acción comunal y al Cabildo Bajo Remanso de la comunidad Kiwcha y la del Ministro de Defensa, aplaudido y replicado por la bancada de gobierno, estuvo sustentada en la legitimidad del operativo, en los largos meses de preparación y en lo positivo de la operación militar que era un paso mas en el combate de las disidencias, que son ahora el enemigo público de la comunidad de la vereda, del departamento y del país. Una discusión en dimensiones diferentes

Obviamente desde el uribismo se atacó a los congresistas que citaron el debate diciendo que iban en contra del respeto por las fuerzas militares, de su heroicidad porque estos no se podían poner en duda hasta la realización del bazar comunitario hasta por la venta de whisky, porque según el representante del Cesar, esta botella valía más de un millón de pesos, lo que quiere decir que no era una comunidad pobre y de la presencia de cultivos de coca en el territorio (en una zona cocalera) que según ellos era demostración de la podredumbre, de la crisis social y de la “maldad” que se escondía en ese lugar, lo que al final legitimaba el asesinato de las trece personas de la comunidad.  Buscando con esto la deshumanización de los ciudadanos victimizados; no once, como difundieron las versiones militares, ocultando dos muertes de jóvenes que habían prestado el servicio militar y que cayeron también como víctimas de las balas militares.

“La operación militar fue para defender a los putumayenses”, diría el Ministro de Defensa, en medio del debate. Y considero que ese hoy debe ser el debate sobre la seguridad, porque una política de seguridad no se puede seguir midiendo en número de colombianos y colombianas muertas, en “número de bajas” porque por ese camino llegamos a las 6.402 ejecuciones extrajudiciales de la seguridad democrática, que se han conocido como falsos positivos.  

En los ámbitos teóricos se suele comentar que el foco de la doctrina de la seguridad nacional es la defensa del Estado, por eso hay que eliminar su “enemigo interno” que lo busca atacar, esto tan en boga desde los 60s del siglo XX es una concepción de la política de seguridad que ya nadie tiene como referente; pero acá pareciera seguir vigente. Hoy la seguridad en Colombia, a pesar de las varias reformas adelantadas en las fuerzas militares, se sigue fundamentando en la búsqueda de los enemigos del Estado, el basilisco de Laureano, el comunismo en una época del siglo XX, las guerrillas en otras, las FARC-EP, desde el primer gobierno de Álvaro Uribe (con lo que sustentó su política de “seguridad democrática” y el Plan Patriota) y hoy las disidencias en sus diferentes versiones, ese el monstruo a combatir, ese es el enfoque del gasto de los 18 billones de pesos que dedica el presupuesto de los colombianos y colombianas año a año al sector defensa (sin contar con la cooperación internacional que no entra en el presupuesto, que pueden ser cientos de miles, como me explicaba el colega David Cárdenas).  En Colombia siempre hay un enemigo interno y el presupuesto de la seguridad es dedicado a buscarlo, atacarlo o neutralizarlo.

Un nuevo gobierno requiere el cambio de perspectiva de la seguridad, un cambio de enfoque que busque resolver los problemas de seguridad de la ciudadanía sin pasar por encima de la ciudadanía. Usted no puede legitimar un operativo militar, que desvertebra el tejido comunitario de una comunidad, pensando que todo es por el bien de esa comunidad. O no puede echarle bala a una movilización ciudadana, agarrar a gases y palos una protesta social, por el bien y la tranquilidad de la ciudadanía, o de la “propiedad privada” de esa ciudadanía.

Un nuevo enfoque en la seguridad hacia el bienestar general es lo que se debe desarrollar en un nuevo gobierno, no podemos seguir desangrando el presupuesto nacional, el segundo en defensa en Latinoamérica, cuando la gente se siente intranquila en las calles de la ciudad, o en los caminos de su vereda, y mas cuando uno de los temores principales termina siendo la presencia del Estado representado en la fuerzas militares en sus territorios; como seguramente pasará de acá en adelante en esa región del municipio de Puerto Leguizamo.

La seguridad humana es un enfoque en la política de seguridad que vienen desarrollando diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas, por allá desde mediados de los 90S y evoluciona con su implementación año a año. Lo fundamental es el cambio de enfoque, de la seguridad del Estado, a la seguridad del ser humano; es definir qué condiciones se le deben garantizar a la comunidad en general para desarrollar sus proyectos de vida individual y colectiva en las mejores condiciones de tranquilidad, en las condiciones que le permitan desarrollar sus principales capacidades humanas. Esto lleva a pensar en que la seguridad no solo es llenar de policías parques y avenidas, la seguridad pasa por un elemento preventivo mas que reactivo a través del desarrollo de siete dimensiones (que hasta ahora) se han elaborado desde los debates alrededor de la seguridad humana. Estamos hablando de seguridad alimentaria, seguridad en la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad, seguridad política, de diferentes dimensiones de la condición de tranquilidad para el ser humano, el ciudadano y la comunidad de la que hace parte.

Obviamente, estas condiciones no son responsabilidad, ni tarea del personal armado. Un concepto de seguridad humana, no buscaría legitimar el operativo militar que llevó a la muerte de 13 personas en la Vereda Alto Remanso afirmando que allí hay una economía cocalera (como en importantes zonas de los municipios mas grandes del país), con el fin de defender la “heroicidad” de sus acciones, tendría que pensar por que la comunidad tiene que llegar a la economía cocalera para poder subsistir, por que la Junta de Acción Comunal y no el Estado hace bazares y todo tipo de recolecta para hacer vías y para mejorar las condiciones de vida de sus niños y niñas, o para cuidar y defender de la contaminación al rio, como era la labor que solía cumplir Pablo Panduro Coquinche, gobernador del resguardo Bajo Remanso, antes de morir bajo las balas de los militares.

Un enfoque de seguridad humana, debe poner los ojos del Estado en la garantía de los derechos humanos de su ciudadanía, no en 12 horas en el Congreso de la República, usando todos los medios de comunicación, buscando defender la legitimidad del asesinato de trece personas. De trece colombianos y colombianas, a los cuales el mismo Estado no solo le incumplió su derecho fundamental a la vida, sino que los tenía abandonados y abandonas a disposición de los grupos armados ilegales que se disputan las economías y las formas de ser Estado en esa región. 

Eso, en términos generales, desde una visión sencilla es seguridad humana. Obviamente, eso llevaría a desarrollar la seguridad en manos de civiles y las fuerzas militares deberían estar cumpliendo sus deberes constitucionales (como el cuidado, la vida y tranquilidad de la gente) bajo el mando civil y el control social y político de la ciudadanía; como cualquier otro funcionario o funcionaria estatal, en una doctrina de respeto y cuidado de todas y todos, bajo las mejores condiciones laborales, de bienestar y de estudio de sus policías y militares.

Y a todas estas, ustedes, lectores y lectoras, ¿que requieren para tener una vida tranquila, que les da seguridad para garantizar el desarrollo de sus capacidades humanas en armonía y respeto por el ambiente y el planeta del que hacen parte?

Ya es hora de hacer un cambio, es un desgaste impresionante para un Estado invertir tal cantidad de recursos económicos, sociales y en vidas humanas, para un modelo de seguridad que nos tiene con las peores cifras de inseguridad de los últimos años y con el miedo a salir a la calle o a ir a una fiesta comunitaria, o a ser un líder o lideresa social. Como diría aquel reconocido científico poco amigo de los peines “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

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