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PERIODISMO PROPOSITIVO DE PAZ

Iván Cepeda exige cese de bombardeos en el Catatumbo y denuncia persecución judicial contra el Pacto Histórico desde Cúcuta

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PorREDACCION AlCarajo.org

Nov 17, 2026

En su intervención en Norte de Santander, el senador comprometió a su bancada con la instalación de una mesa humanitaria, rechazó los procesos abiertos contra su campaña presidencial y lanzó fuertes señalamientos sobre el entorno político del mandatario Abelardo de la Espriella.

El senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, pronunció en Cúcuta un discurso en el que exigió un cese inmediato de la violencia en la región del Catatumbo y denunció lo que calificó como una persecución judicial, política y mediática sistemática contra su movimiento y contra los 12.708.312 ciudadanos que respaldaron su aspiración presidencial.

Cepeda inició su intervención expresando su solidaridad con el campesinado y las comunidades de Norte de Santander ante la intensificación de los bombardeos y los ataques armados en la subregión del Catatumbo. El congresista exigió a todos los actores armados el respeto irrestricto por la vida, la protección de los liderazgos sociales y el fin de las hostilidades contra la población civil.

En ese contexto, anunció que la bancada parlamentaria del Pacto Histórico respaldará formalmente la conformación de una mesa humanitaria en el territorio orientada a buscar salidas negociadas y garantías de paz para las comunidades afectadas por el conflicto.

De la Espriella y sus socios narcoparamilitares.

Según Cepeda, los vínculos históricos con el paramilitarismo y el narcotráfico de Abelardo se remontan a la participación en el denominado Pacto de Santa Fe de Ralito, asegurando que De la Espriella mantiene sociedades y aliados provenientes de esas estructuras dentro de su entorno político. Asimismo, el congresista contrapuso su situación patrimonial a la del jefe de Estado, sosteniendo que todos sus bienes son producto de su trabajo, cuentan con trazabilidad fiscal y carecen de vínculos con empresas fachada o personas ligadas al narcotráfico.

Bajo el título Persecuciones judiciales y estratagemas políticas, Cepeda advirtió que las investigaciones abiertas contra su campaña presidencial, la de Carolina Corcho y la lista al Senado responden a un patrón de «judicialización arbitraria» impulsado para debilitar a la oposición de cara a las elecciones regionales de 2027. En este sentido, interpeló directamente al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, exigiendo el fin de los señalamientos oficiales contra su colectividad.

El dirigente enumeró una serie de hechos que, a su juicio, configuran un cerco institucional contra el Pacto Histórico:

Denunció el traslado arbitrario de más de 4.000 puestos de votación rurales y la exclusión del voto en el exterior durante la consulta interna del 26 de octubre de 2025, así como la posterior decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impidió su participación en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

Desmontaje del denominado «voto fusil»: Calificó como una calumnia que pone en riesgo a las comunidades rurales la versión mediática según la cual cuatro millones de votos de su movimiento fueron producto de presiones armadas. Subrayó que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya ha inadmitido o rechazado ocho demandas de nulidad electoral sustentadas en esa tesis, mientras avanzan las demandas interpuestas por el Pacto Histórico por presuntas irregularidades en los escrutinios y en el software electoral de 2026.

Negó que su campaña utilizara a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para alterar los sistemas de la Registraduría. Por el contrario, acusó a la campaña oficialista de haber contado con una intervención extranjera sin precedentes —mencionando al presidente estadounidense Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, a congresistas republicanos y al Gobierno de Israel—, además de una operación de guerra sucia digital liderada por asesores como Fernando Cerimedo y Javier Negre mediante el despliegue de más de dos millones de cuentas automatizadas (bots) operadas presuntamente desde Medellín y Miami.

«No tengo temor alguno al escrutinio de la justicia; por el contrario, considero que la rendición de cuentas y la transparencia son obligatorias e irrenunciables para quienes ejercemos responsabilidades públicas. Exijo únicamente que se respeten nuestros derechos y que la justicia actúe con imparcialidad, independencia y el mismo rigor para todas y todos», concluyó el senador al reiterar que su campaña se financió bajo estrictos criterios de austeridad y sin aportes de poderes privados.

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