Segunda parte, las Guerras de los Niños

@R_AlarconP

Este es otro de los apartados del capitulo 6 “LOS NIÑOS EN LA GUERRA” que hacen parte de mi libro LOS NIÑOS EN COLOMBIA: EL FUTURO ABANDONADO”

Su autor el periodista Guillermo Rico

Tumaco

Marlene Tello es afrodescendiente que explica como la violencia golpea a Tumaco. Su presencia en la Cumbre obedeció a la posibilidad de dejar constancia de su propuesta y exigencia de paz para Tumaco.

 «Mi hermana perdió a dos hijos y yo uno, somos las que tenemos los hijos para que la guerra nos los quite. Eso no es justo, pedimos que las mujeres seamos escuchadas, reconocidos nuestros derechos políticos y la exigencia que estemos en la mesa de negociación de La Habana, somos las que hemos puesto la cuota de sangre más alta del país. Lo hablamos desde el vientre, nuestros hijos no están llegando a una edad adulta porque los violentos los asesinan».

Turbo, (Antioquia) 

Carmenza María Álvarez Herrera ha sido desplazada tres veces del sector del Urabá antioqueño, más exactamente del municipio de Turbo. «Es un municipio que ha dado los hijos para la guerra, hoy esos muchachos sobrevivientes del conflicto van a regresar y tenemos que crear alternativas para un regreso con futuro, para eso el Gobierno debe garantizar que sus vidas serán respetadas, que habrá alternativas de desarrollo para ellos, al fin y al cabo, esas fueron las causas que los llevaron a hacer parte de esos grupos».

«Soy militante de la Ruta Pacífica de Mujeres del Valle, me llamo Elizabeth Ortega Carvajal, el Carvajal es por mi madre y no por los capitalistas del Valle, vengo en solidaridad de muchas organizaciones como los corteros de caña. Estamos respaldando los diálogos de paz y protestando a la indiferencia del Gobierno con los corteros de caña».

Aquí hay una actitud de silencio cómplice de los gobiernos con los dueños de los ingenios de azúcar del Valle, atentando contra los núcleos familiares de los trabajadores que cumplen como esclavos en jornadas interminables de trabajo, sin salud, recreación, educación ni descanso, explica la vocera.

«Son situaciones de violencia estatal y de los grandes capitales, contra los trabajadores. Es una forma de aplicar las políticas de violencia y guerra contra un conglomerado que no sabe otra cosa que trabajar en la caña de azúcar. Es además, una situación que el país desconoce, pero que debemos denunciar, por eso estamos aquí», aseguró.

 Objetoras de conciencia

El evento fue el mejor escenario para que las luchadoras por la objeción de conciencia denunciaran la forma como el ejército nacional viola la sentencia del Concejo de Estado sobre los operativos contra los jóvenes. “Detenidos arbitrariamente, son obligados a prestar el servicio militar. En operativos que hacen en los barrios populares o las zonas marginadas, donde no existe información sobre esos fallos», explica Daisy Palacios.

Ha sido un proceso largo, ligado a la guerra, el paramilitarismo que pone como carne de cañón a nuestros jóvenes. «Es una profundización de la violencia en la vida civil, familiar y juvenil. Por esta razón las mujeres nos vinculamos a esta lucha, buscamos una alternativa de paz con respeto, donde nadie sea obligado a portar un fusil».

Pero la “creatividad” de los paramilitares para integrar en sus filas a los jóvenes no tiene límites: educadores, líderes religiosos, policías y militares son personajes que cumplen papeles muy activos en el reclutamiento. Hacen parte de esas redes de apoyo de los grupos ilegales y generalmente reciben dinero por cada muchacho entregado al servicio de la guerra.

En marzo de 2016 la fiscalía general de la nación capturó a Lucila Inés Gutiérrez, quien por varios años se desempeñó como rectora del colegio de Nuestra Señora del Rosario, de Charalá (Santander), su cargo le servía de fachada para determinar cuáles estudiantes tenían el perfil para ser reclutados por los paramilitares, pero además cuales niñas podrían integrar las redes de prostitución que sirve a esas bandas de asesinos. Pero la rectora no actuaba sola, su cómplice era también su esposo y político de la región que llegó al concejo del municipio por presión de los paras, se trata de Luis Moreno, hoy privado de la libertad.

Inicialmente la rectora buscaba a sus posibles víctimas, pero con el tiempo todo el colegio de Nuestra Señora del Rosario quedó a disposición de estos grupos, para que sus estudiantes fueran utilizados unos, en actividades propias del conflicto y otros, como “niños de compañía”. Se calcula que por lo menos 210 menores fueron reclutados por el Bloque Central Bolívar y sometidos a todo tipo de vejámenes. “al terminar las clases los estudiantes salían a prestar guardia o a patrullar en diferentes lugares de ese municipio de Santander”, explica el informe de la fiscalía.

La revista Semana publico parte de la declaración de un menor que cuenta: “Un día salí del colegio, un tipo uniformado me salió al paso, me dijo que lo acompañara y en un salón del colegio me dijo que tenía que trabajar para ellos o no volvería a ver a mis padres. Me tocó hacer de todo y hoy tengo una herida mental que nunca se me va a quitar”. Casos como este, de menores víctimas de violencia política, militar y sexual, se empiezan a documentar en la historia del país, un crimen de guerra que alcanzó los mayores niveles de impunidad y apenas comienza a tener sanciones por parte de la Fiscalía sólo por las declaraciones que varios paramilitares entregaron, en el marco de la ley de Justicia y Paz.

Pero el cinismo es aún mayor. Con frecuencia los delincuentes de extrema derecha organizaban reinados y fiestas de todo tipo, para poder buscar las niñas más bonitas y después llevárselas a sus campamentos para que sus comandantes las esclavizaran sexualmente. Nunca se presentaron denuncias de estos crímenes porque la población es muy pequeña y había un gran peligro de que se filtraría la información y los denunciantes fueran asesinados.

Otro relato señala a una rectora de colegio y su esposo, fue el señalamiento que hicieron contra un estudiante, habitante del pueblo a quien acusaron de ser colaborador de la insurgencia y fue asesinado por los paras, su cuerpo fue enterrado en los propios jardines del centro educativo, tiempo después su cuerpo fue descubierto por los alumnos que jugaban en el sector, entonces la organización responsable del crimen, ordenó desaparecer el cadáver.

La propuesta en general era la de crear un nuevo grupo que operara en la frontera con Venezuela, por eso se dedicaron a llevarse a los muchachos que al final, como ya lo describí, superaron los 210 estudiantes que fueron entrenados en un campo muy cercano al colegio.

Los delitos que hoy enfrentan esta cadena de delincuentes son Concierto para delinquir, secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual, desplazamiento forzado, acto sexual abusivo y reclutamiento ilícito, sin embargo, es mucho lo que tendrá que investigar la fiscalía, porque estos son apenas los detalles preliminares de una cadena de acontecimientos que pueden ser repetitivos en varias partes del país.

Cuando Luis Carlos Restrepo, alias el doctor ternura, adelantó el proceso de justicia y paz, recibió una orden definitiva de su jefe, por ningún motivo podrían aparecer niños en las filas de los paramilitares que se “reintegraron” su presencia haría perder la imagen de ejercito libertario que el entonces presidente Uribe quería imprimirles a estos grupos de asesinos y saqueadores del patrimonio de los pobres.  Así que en una reunión alias Ternura les dijo a los comandantes paracos “denle una plata y mándelos con sus familias” al hacerlo, todos los muchachos que generalmente había llegado allí por la fuerza, raptados o con amenazas que asesinarían a sus padres si se volaban, perdieron su característica de víctimas, porque eso, eran víctimas que ratificaba, desde la forma como llegaron, como los retuvieron y actuaron, siempre con el temor de que alguna desobediencia fuera motivo de asesinato de algún ser querido.  

Casi 9.000 niños fueron reclutados para la guerra en Colombia

El Tiempo 21 de marzo de 2016

“Otros jóvenes me influenciaron y me dijeron que me fuera con ellos para unirme a los paramilitares; me fui porque la vida de nosotros como campesinos era muy dura, vivía con mis hermanos, y mi mamá, en Apartadó, y no estaba de acuerdo con que mi mamá de pronto fuera a tener otro hijo porque ya éramos una familia grande. Entonces un día llevé a mi mamá a San Pedro de Urabá para que le hicieran una ligadura de trompas, y mi papá se enojó muy feo conmigo y ahí fue cuando decidí irme para allá”.

Ese es el relato de Carlos Quintero, uno de los 309 niños que fueron vinculados a las filas paramilitares por Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. “Como a todo niño, a mí me llamaron la atención las armas. El campamento quedaba en el Chocó. Llegamos en la noche y nos presentaron a una muchacha que me alumbró con una linterna y dijo: ‘este me gusta”, recuerda Carlos.

“Duré siete años durmiendo en el monte, aprendí a manejar las armas y a combatir, pero cuando había un compañero herido me cubrían para que yo lo atendiera porque me instruyeron como enfermero en primeros auxilios”.

Para Carlos, quien hoy tiene 33 años e hizo parte del grupo de paramilitares que se enfrentó con la guerrilla el 2 de mayo del 2002 en Bojayá (Chocó), lo más difícil de hacer parte de la guerra era ver caer a sus compañeros. “Muchos de nuestros compañeros quedaron inválidos, y es muy duro ver que se mueren en un combate y además dejan huérfanos por ahí”.

“Para nosotros fue un alivio salir de eso porque de todas maneras uno sabe que en cualquier momento lo pueden matar. La vida me cambió, recibí una casa gratis, tengo tres hijos y soy una persona que trabaja por la comunidad”, concluye.

Los niños en situación de vulnerabilidad fueron el objetivo principal de los ‘paras’ para integrarlos a sus filas. Con frecuencia, un grupo de jóvenes recorría los pueblos y veredas del Totumo, uno de los ocho corregimientos del municipio de Necoclí, Antioquia, en busca de menores.

Digna se unió a ellos cuando tenía quince años. “Yo no tenía ni papá ni mamá, y la señora con la que estaba me pegaba mucho y yo no quería seguir ahí”, relata.

“Allá todo fue muy difícil; yo era patrullera, como todos los demás tenía armas. Una vez en un combate me hirieron en una pierna. Duré siete años allá. Cuando me fui a desmovilizar, pensaba: qué voy a comer, dónde voy a vivir, porque no tenía nada. Al menos allá tenía comida. Ahora vivo con mis cinco hijos de la ayuda del Gobierno, pero no es suficiente; yo vivo en un ranchito que si llueve nos mojamos. Estoy esperando a que me den la casa que me prometieron”, dice Digna.

En una sentencia sobre reclutamiento forzado, la Corte Suprema de Justicia describió las afectaciones que sufren los menores en la guerra.

“Las dimensiones del daño físico y psicológico causado a los niños por la guerra son indescriptibles y dejan huellas que jamás podrán ser borradas. Los niños no podrán olvidar lo que han visto y sufrido y, sobre todo, lo que han hecho. Cuando los menores entran al grupo ilegal tienen una afectación a su identidad; se les niega el derecho de tener un hogar y educación, son privados de su niñez y de su adolescencia”, dice el fallo del alto tribunal.

El fenómeno en cifras

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 8.942 personas fueron vinculadas de forma ilegal a diferentes grupos al margen de la ley cuando todavía eran menores de 18 años. (2.715 fueron reclutadas antes de 1985; los más de 6.000 restantes, en los últimos 20 años).

Los departamentos con mayor incidencia de este fenómeno de utilización de niños, niñas y adolescentes son: Antioquia (20%), Meta (9%), Caquetá (7%), Cauca y Tolima (6%), Putumayo (5%) y Nariño, Valle del Cauca y Arauca (4%).

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF señala que, de sus registros, el 63 % de los niños reclutados corresponden a las Farc; a las Auc 18 %; al Eln 16 % y a las bandas criminales  3 %.

La Unidad para las Víctimas dice que de esos, el 66 por ciento eran hombres; el 31 por ciento, mujeres, y del 2,3 por ciento restante no tiene registro. En total, un 0,02 corresponde a población LBGTI.

En ese mismo registro hay 32.247 personas inscritas por desplazamiento forzado asociado a la amenaza de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes. Es decir, familias que abandonaron su hogar porque un grupo armado amenazó con llevarse a alguno de sus hijos.

La entidad encargada de la reparación de las víctimas del conflicto en el país indica que, aproximadamente, 30.000 menores, que sufrieron diferentes hechos victimizantes, han sido beneficiados con la entrega de un encargo fiduciario, el cual se hace efectivo al cumplir la mayoría de edad. Alrededor de 2.500 víctimas de vinculación a grupos armados ilegales recibieron indemnización.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señala que, entre los niños desvinculados que han sido atendidos por su programa especializado, cerca del nueve por ciento pertenecían a comunidades indígenas y siete por ciento, a afrodescendientes.

El martes 17 de mayo de 2016, el portal Verdad Abierta publicó el siguiente informe donde, no solo denuncia las grande equivocaciones de los procesos de paz con diferentes organizaciones en el pasado, sino la forma como los menores, niños, niñas y adolescentes fueron revictimizados al excluirlos y cerrarles toda posibilidad de acceder a los programas de reinserción del gobierno nacional.

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