Su muerte eleva a 170 los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia este año, en medio del avance de la violencia armada y el control ilegal de grupos criminales.
La muerte de Nilson Andrés De Arco Salcedo, líder social, defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se convirtió este viernes en un nuevo golpe para las comunidades del municipio de Soledad y para el país, que enfrenta un crítico deterioro de la seguridad.
Colombia alcanza 170 activistas asesinados en lo que va del año 2025, una cifra que evidencia la gravedad de la crisis humanitaria producto del conflicto armado colombiano y la expansión del paramilitarismo que busca el exterminio del tejido social.
Nilson no era un nombre desconocido para los barrios populares de Soledad. Desde su juventud se integró a procesos comunitarios, promovió la formación ciudadana y acompañó a víctimas de violencia. Quienes compartieron con él lo recuerdan como un hombre inquieto, profundamente comprometido con la justicia social, cercano a la gente y con una sonrisa franca capaz de desarmar cualquier tensión. En lo personal, era un hijo, hermano y amigo querido, amante de la música caribeña y de los espacios comunitarios donde las raíces culturales se mezclaban con el diálogo.
De acuerdo con Indepaz, Nilson fue atacado el pasado 20 de julio mientras realizaba labores comunitarias en el barrio Los Campanos. Un hombre que descendió de una motocicleta le disparó a quemarropa. Aunque logró sobrevivir al atentado durante varios meses, murió finalmente este 14 de noviembre debido a las graves heridas. Su asesinato se suma a una tendencia creciente de violencia contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que Soledad atraviesa un escenario de alto riesgo debido a la presencia de diversas bandas criminales, disputas por rentas ilegales, extorsiones y control territorial. Señaló que la imposición de normas y mecanismos de gobernanza ilegal por parte de grupos armados constituye “un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, afectando especialmente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias.
Entre los grupos ilegales con presencia en la zona se encuentra el Clan del Golfo, también identificado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), heredero de estructuras paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su consolidación como una de las organizaciones criminales más poderosas del país ha intensificado la disputa territorial y las amenazas contra poblaciones vulnerables en municipios del Atlántico.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2024 fue uno de los años más violentos desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La persistencia de los enfrentamientos entre actores estatales y no estatales, el fortalecimiento de economías ilegales y la expansión de grupos armados han profundizado el clima de inseguridad que hoy vive Colombia. En este contexto, el asesinato de Nilson De Arco simboliza la fragilidad de quienes, a pesar de los riesgos, continúan defendiendo la vida, la memoria y los derechos de las comunidades.
Su legado —construido desde la dignidad, la resistencia y el trabajo de base— queda ahora en manos de quienes, como él, creen en un país más justo y sin miedo. Mientras tanto, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos exigen medidas urgentes de protección y un compromiso real del Estado para frenar la violencia armada y garantizar que crímenes como este no queden en la impunidad.
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