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Atentado con explosivos contra batallón del Ejército en La Jagua de Ibirico deja un soldado muerto y doce militares heridos

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PorREDACCION AlCarajo.org

Nov 22, 2026

El ataque contra el Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2 obligó a decretar toque de queda de 24 horas en el municipio del Cesar y reaviva los cuestionamientos sobre el deterioro de la seguridad de la Fuerza Pública bajo la estrategia «Patria Milagro» y las advertencias de la Defensoría del Pueblo y la ONU.

Un soldado fallecido y doce militares heridos —tres de ellos de gravedad en unidades de cuidados intensivos— dejó un ataque con explosivos perpetrado contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este domingo 22 de noviembre de 2026 por la Décima Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército, la acción ofensiva se produjo hacia las 11:00 p. m. del sábado mediante el empleo de rampas adaptadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados contra la guarnición militar.

Como resultado de las detonaciones murió el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina, perteneciente a la etnia wayúu, mientras que los doce uniformados lesionados fueron evacuados inicialmente al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres y posteriormente remitidos a distintos centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento.

La Gobernación del Cesar activó el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) para coordinar los traslados hacia clínicas de mayor complejidad, mientras reportes preliminares difundidos por emisoras nacionales como Caracol Radio, Blu Radio y La FM indicaron que en el hostigamiento también se habría evaluado el posible uso de drones acondicionados con explosivos, extremo que aún no ha sido confirmado en el balance oficial castrense.

«Rechazamos categóricamente esta acción criminal e invitamos a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita dar con los responsables del ataque», señaló la Décima Brigada en su pronunciamiento, recordando la disponibilidad de la línea gratuita 107 contra el terrorismo para prevenir nuevos hechos violentos.

Ante la gravedad de la alteración del orden público y el temor generado entre la población civil por el estruendo de las explosiones y el intercambio de disparos, el alcalde municipal, Leonardo Favio Hernández Cataño, expidió el Decreto N.º 0122 del 22 de noviembre de 2026, mediante el cual ordenó un toque de queda continuo de 24 horas desde las 12:00 a. m. de este domingo. La administración local indicó que la disposición busca salvaguardar la vida e integridad de los habitantes mientras las tropas adelantan operaciones de control y verificación en el perímetro urbano y rural.

Cuestionamientos a la seguridad y alertas de la Defensoría y la ONU

El atentado en el Cesar se suma a la cadena de acciones violentas contra unidades militares, estaciones de Policía e infraestructura vial registradas durante noviembre, lo que ha intensificado las críticas de sectores políticos y sociales frente a los resultados de la política de seguridad denominada «Patria Milagro», impulsada por el gobierno del estadounidense Abelardo de la Espriella. Analistas y voces de la oposición advierten que la falta de garantías operativas y de protección institucional ha dejado expuestos a los integrantes de la Fuerza Pública ante ataques con explosivos no convencionales.

A este panorama se suman las reiteradas advertencias de los organismos de derechos humanos sobre el deterioro del orden público en los territorios:

En sus recientes pronunciamientos y documentos de advertencia —como la Alerta Temprana N.º 006-2026 para el corredor nororiental y sus llamados urgentes frente a la escalada armada en 11 departamentos—, la entidad ha alertado sobre el uso creciente de artefactos explosivos improvisados (AEI) y drones cargados con explosivos en zonas habitadas, advirtiendo el riesgo de impactos indiscriminados sobre la población civil y exigiendo al Estado reforzar las medidas de prevención y protección.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha instado de manera reiterada al Estado colombiano a cumplir estrictamente con los estándares internacionales de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el manejo del orden público, advirtiendo en sus reportes recientes —como las observaciones divulgadas por la agencia EFE— sobre la necesidad de priorizar mecanismos efectivos de protección institucional y prevención frente a la escalada de violencia.

Hasta el cierre de esta edición, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido la autoría del ataque contra el Batallón Especial, Energético y Vial N.º 2, mientras la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia militar adelantan las inspecciones judiciales en la zona.

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