Familias movilizadas exigen la entrega de 853 folios militares clave, en un país donde las desapariciones forzadas ya superan las 130.000 víctimas.
A doce años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la impunidad institucional se mantiene absoluta: la justicia mexicana no ha emitido una sola condena firme contra los responsables de la masacre, mientras se desconoce el paradero de 43 de los jóvenes.
La conmemoración de este trágico aniversario expone un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que trascendió las administraciones de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), constituyendo hoy un desafío para la presidenta Claudia Sheinbaum. El caso retrata la crisis estructural de un país donde las cifras de desaparecidos pasaron de 30.000 en 2014 a más de 130.000 en la actualidad.
Bajo la consigna «Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga», las familias iniciaron una semana de protestas exigiendo el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan visibilizan el impacto del luto prolongado y la dilación estatal. «Los 12 años han sido muy difíciles, no quisiéramos seguir caminando más y queremos ya una respuesta de las autoridades, pero niegan e inventan sus ‘mentiras históricas’ que hacen mucho daño», denunció Hilda Legideño, madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño. La organización documentó además que ocho padres y madres han fallecido a lo largo de este periodo sin conocer el destino de sus hijos.
En el marco de las movilizaciones, las familias protestaron ante la sede del 27.º Batallón de Infantería en Iguala, instalación militar donde señalan que fueron trasladados al menos 25 de los normalistas la noche de los hechos. Desde allí, exigieron formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional la entrega de 853 folios clasificados que contienen registros de inteligencia cruciales para la localización de las víctimas.
La noche del crimen de Estado
Los hechos se desencadenaron cuando un grupo de estudiantes tomó autobuses intermunicipales para trasladarse a una movilización en la Ciudad de México. En la terminal de Iguala se inició un operativo de persecución y ataque armado en el que participaron de forma articulada efectivos de la policía municipal, estatal, federal y miembros del Ejército. La incursión dejó un saldo de seis personas ejecutadas —entre ellas el normalista de 22 años Julio César Mondragón—, 25 heridos de gravedad y 43 jóvenes de entre 17 y 25 años desaparecidos.
A la fecha, peritajes forenses solo han logrado la identificación de restos pertenecientes a tres de las víctimas: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Aunque el caso acumula cientos de detenciones de agentes policiales, militares y presuntos integrantes del crimen organizado —incluyendo los arrestos del exfiscal general Jesús Murillo Karam y del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre—, decenas de procesados fueron liberados tras comprobarse que sus testimonios fueron obtenidos bajo tortura por las propias autoridades investigadoras.
Investigaciones independientes desarrolladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acreditaron las graves omisiones, alteración de la escena del crimen y obstrucción de la justicia cometidas por diversas instancias gubernamentales. Pese a que el propio Estado mexicano calificó oficialmente el caso como «un crimen de Estado», las pesquisas judiciales registraron una parálisis sustancial al momento de deslindar responsabilidades directas en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas.
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