Operativos de la fuerza pública en Meta, Santa Marta y Bogotá dejan un rastro de homicidios, torturas, profilaxis social y retenciones arbitrarias contra comunidades vulnerables.
El espectro de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las violaciones a los derechos humanos ha reaparecido de manera vertiginosa en Colombia a tan solo semanas del inicio de la gestión del estadounidense Abelardo de la Espriella.
Uno de los episodios más atroces ocurrió el pasado 22 de septiembre de 2026 en la vereda Guaduales Nueva Esperanza, jurisdicción del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. De acuerdo con la denuncia formal emitida por la Junta de Acción Comunal, tropas sin identificar del Ejército Nacional irrumpieron de forma violenta y arbitraria a las 12:30 del mediodía en la vivienda de una humilde familia campesina.
En un acto de absoluta barbarie, los uniformados abordaron a la señora Yuli Andrea Motta Tovar mientras realizaba labores cotidianas cerca de la finca. La campesina fue arrastrada hasta una zona boscosa, amarrada, golpeada salvajemente y obligada a desnudarse mientras era sometida a interrogatorios vejatorios por parte de la tropa. Simultáneamente, otro grupo de militares retuvo ilegalmente dentro de la vivienda a su compañero permanente, el señor Luis Carlos Guerrero Real, junto a sus dos hijos menores de edad, configurando un delito de secuestro perpetrado por la propia Fuerza Pública.
Hacia las 3:35 de la tarde, al percatarse de la retención arbitraria de la familia, el campesino e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Cachicamo, Luis Carlos Mojica Guzmán, se aproximó de manera indefensa a la vivienda para averiguar lo ocurrido. Sin mediar palabra alguna, los efectivos militares abrieron fuego a quemarropa contra el agricultor. Testigos presenciales confirmaron que Mojica Guzmán se encontraba completamente desarmado y no representaba peligro alguno; sin embargo, los soldados le dispararon con sevicia descargándole un proveedor completo de fusil mientras le gritaban insultos degradantes.
Tras consumar la ejecución extrajudicial a la vista de uno de los niños que huyó aterrorizado en bicicleta para pedir auxilio, los militares procedieron a la desaparición del cadáver, recogiendo el cuerpo ensangrentado y trasladándolo con rumbo desconocido a bordo de la unidad militar. Durante las horas posteriores, las tropas utilizaron a la familia campesina como escudo humano mientras disparaban ráfagas de fusil e incluso proyectiles desde un helicóptero militar contra los vecinos que intentaban mediar y socorrer a las víctimas, amedrentando a los pobladores y arrojando a los campesinos al suelo bajo amenaza de muerte.
Las exigencias de las organizaciones comunitarias dirigidas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo reclaman la identificación inmediata de los comandantes a cargo de la operación, la investigación de los actos de tortura y violencia de género cometidos contra Yuli Andrea Motta, la atención psicológica urgente para los menores de edad sometidos a esta pesadilla y la devolución del cuerpo del campesino asesinado.
Ajusticiamientos en Santa Marta: ejecuciones bajo el velo de ‘falsos positivos’
La sombra del crimen de Estado se extiende con igual gravedad hacia el Caribe colombiano. En la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, operativos de la Fuerza Pública desencadenaron el ajusticiamiento de civiles que posteriormente pretendieron ser presentados como criminales dados de baja.
El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), mediante un comunicado a la opinión pública fechado el 23 de septiembre de 2026, denunció la ejecución a sangre fría del ciudadano José Luis Pérez Villanueva, conocido como «Cholo». Según la denuncia de la estructura y testimonios de la comunidad, el hombre se encontraba completamente dormido y en presencia de su esposa cuando fue ajusticiado por efectivos militares pese a haberse entregado de manera pacífica.
En el mismo operativo militar, la Fuerza Pública ejecutó al joven Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un adolescente de apenas 18 años de edad que se encontraba indefenso y desarmado. Las tropas habrían ultimado vilmente al joven bajo la falsa premisa de que se trataba del hijo del máximo cabecilla del grupo armado, alias «Pinocho». Este hecho obligó al propio ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, a reconocer públicamente que el muchacho no guardaba relación alguna con la estructura criminal, confirmando que la operación militar cobró la vida de una persona inocente bajo patrones evidentes de ‘falsos positivos’.
Las arbitrariedades cometidas durante estas incursiones desataron la parálisis de las actividades económicas, el confinamiento de comunidades rurales e indígenas en los departamentos de Magdalena y La Guajira y el anuncio de paros armados defensivos frente a los sistemáticos atropellos contra los derechos fundamentales.
Profilaxis social y racismo de Estado en la capital
A las ejecuciones en zonas rurales se suma la brutalidad policial en los centros urbanos, signada por patrones de profilaxis social y persecución racial. El pasado 20 de septiembre de 2026, en el barrio Caracolí, en el límite entre la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y el municipio de Soacha, el joven afrodescendiente de 34 años, Donovan Balanta, perdió la vida a manos de efectivos de la Policía Metropolitana de Soacha.
Balanta fue abordado, reducido de forma violenta y sometido a un uso desmedido e inconstitucional de la fuerza por parte de los uniformados, ingresando sin signos vitales al centro asistencial al que fue trasladado. La Defensoría del Pueblo, a través de su pronunciamiento oficial del 27 de septiembre de 2026, exigió la apertura de investigaciones penales y disciplinarias contra los siete policías implicados, al tiempo que advirtió sobre la comisión de conductas asociadas al perfilamiento racial y la discriminación sistemática.
El organismo citó los hallazgos del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de las Naciones Unidas (EMLER), los cuales confirman que en Colombia persisten prácticas institucionales de racismo estructural, abuso de poder y violencia letal desproporcionada dirigida contra la juventud afrodescendiente.
El cúmulo de ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales en el marco de operaciones militares, retenciones ilegales de menores y perfilamientos raciales ocurridos en tan corto periodo de tiempo bajo la administración de Abelardo de la Espriella dibuja un panorama sombrío para la vigencia de los derechos humanos en Colombia.
Organizaciones nacionales e internacionales exigen el cese inmediato de la impunidad y el juzgamiento de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Las denuncias interpuestas por las comunidades víctimas dejan en evidencia que la doctrina de la «seguridad» impulsada por el Ejecutivo actual está reproduciendo los pasajes más oscuros del conflicto armado colombiano, en los que la vida de campesinos, afrodescendientes y jóvenes vulnerables es sacrificada impunemente en nombre de los resultados operacionales del Estado.
Sobre el autor
