El excandidato de extrema derecha del partido Centro Democrático David Toledo lanzó señalamientos sin presentar pruebas ni denuncias ante la Fiscalía, lo que desató el anuncio de acciones judiciales por calumnia y persecución de género.
Un amplio sector de organizaciones sociales, congresistas y dirigentes del movimiento Pacto Histórico rodearon y expresaron su respaldo irrestricto a la abogada, lideresa social y defensora de derechos humanos Erika Prieto, tras ser víctima de una nueva campaña de difamación y persecución digital promovida por el influenciador de extrema derecha y militante del partido Centro Democrático, David Toledo.
En recientes publicaciones en redes sociales, Toledo —quien fue candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y aspirante al Concejo de Medellín por Salvación Nacional— lanzó graves señalamientos acusando a Prieto de pertenecer a estructuras armadas al margen de la ley. Sin embargo, el activista no aportó prueba alguna que sustente sus afirmaciones, ni formuló denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, configurando un evidente acto de estigmatización y calumnia sin asidero probatorio ni rigor jurídico.
Ante estos ataques, el exsenador Gustavo Bolívar anunció la activación de mecanismos de protección legal para responder a lo que calificó como una estrategia deliberada de destrucción moral:
«El Pacto Histórico anunció la creación de un equipo de defensa jurídica para proteger a su militancia del destripamiento físico y moral. Aquí hay un caso. Este tipo calumnia a Erika Prieto cada que quiere. Ella no es guerrillera ni narcotraficante. Hay que demandarlo ya».
Rechazo a la violencia política de género
La arremetida contra la lideresa provocó la inmediata reacción de congresistas y figuras públicas, quienes advirtieron que este tipo de hostigamientos sistemáticos buscan amedrentar e invisibilizar el liderazgo de las mujeres en la política.
La senadora María José Pizarro condenó la estrategia de difamación ejercida desde sectores ultraconservadores:
«Erika no está sola; las mujeres del movimiento Pacto Histórico la rodeamos. El hostigamiento y las campañas de difamación se han convertido en la forma de actuar de los influenciadores de extrema derecha. No pueden hacerlo con argumentos y respetando la democracia; la inteligencia no les da para tanto. Tenemos clara su estrategia: influenciadores incels atacando sistemáticamente a las mujeres progresistas. Eso es violencia política y la ley nos protege. Juntas vamos a actuar».
A este rechazo se sumó la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien alertó sobre el peligro de reinstaurar discursos de odio que históricamente han puesto en riesgo la vida de líderes sociales:
«Le envío toda mi solidaridad y afecto a Erika, que es víctima de una campaña de difamación por parte de un militante de extrema derecha… No vamos a normalizar esta arremetida, ni que la extrema derecha nos devuelva a los tiempos del infame lema uribista según el cual quienes no compartimos sus convicciones somos “guerrilleros vestidos de civil”».
Erika Prieto desmonta el montaje judicial y mediático
A través de una declaración pública, Erika Prieto desmintió tajantemente las acusaciones y visibilizó su labor en favor de los derechos humanos y la protección animal en el marco del Congreso de los Pueblos. Asimismo, denunció cómo la estigmatización constante le ha impedido retornar de manera segura a su ciudad natal junto a su familia.
Frente a las alusiones sobre pasados señalamientos judiciales, la defensora fue enfática en precisar que la propia administración de justicia desestimó las acusaciones en su contra por falta de pruebas:
«El proceso penal que usted menciona no permitió siquiera establecer una inferencia razonable de autoría o participación en mi contra. Por el contrario, presentaron fotografías editadas para fingir un reconocimiento fotográfico, situación que fue valorada por dos jueces de la República, quienes desestimaron por completo la solicitud de la Fiscalía».
El autor de los señalamientos, David Toledo, es un influenciador antioqueño de extrema derecha y excandidato a la Cámara por el partido Centro Democrático que no logró los votos necesarios para ser elegido, sumando además su posterior derrota electoral en 2023 como aspirante al Concejo de Medellín por el movimiento Salvación Nacional. La total ausencia de denuncias formales ante la Fiscalía y de pruebas sumarias evidencia, según la defensa de la lideresa, un ataque mediático orquestado para deslegitimar las luchas sociales.
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