Comunidades de Ajuchitlán del Progreso anuncian movilización masiva y acuden a la ONU mientras la gobernadora Evelyn Salgado guarda silencio ante la extorsión armada.
El secuestro de ocho campesinos, incluidos dos menores de edad, mantiene en vilo a los pobladores del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero. El suceso evidencia la alarmante impunidad con la que operan los grupos narcoparamilitares en una de las regiones más marginadas de México, así como la inoperancia gubernamental para frenar la violencia y la disputa por el control territorial.
El crimen se perpetró el pasado 24 de septiembre de 2026, cuando integrantes del cártel La Nueva Familia Michoacana interceptaron y privaron de la libertad a un grupo de agricultores que se desplazaban a trabajar sus tierras. Reportes de prensa permitieron establecer la identidad de las víctimas: Jordi Alberto Atanacio Vidal (12 años); Everardo León Atanacio (17 años); José Leodanis Medrano López (24 años); Ulises Medrano López (24 años); Isidro Brito Arriola (32 años); Domingo Atanacio Quirino (50 años); Fidel Quirino Atanacio (54 años); y Nicolás Atanacio González (74 años).
El menor Jordi Alberto Atanacio Vidal fue liberado por el grupo armado en un paraje rural, no por un acto de piedad, sino para actuar como mensajero de la extorsión. El niño portaba la orden del cartel dirigida a los habitantes del ejido: las siete víctimas restantes solo recuperarán la libertad a cambio de que la comunidad acepte el dominio territorial y las operaciones delictivas de la organización criminal.
Ante la nula respuesta gubernamental tras más de 10 días de la privación de la libertad, las comunidades emitieron un comunicado advirtiendo que iniciaron acciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tiempo que alistan una movilización masiva frente al silencio de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Juan Atanacio Orozco, padre del menor liberado e hijo del anciano secuestrado, denunció la desprotección absoluta que viven los habitantes rurales:
«Parece que ahora cultivar maíz y cuidar a nuestros animalitos es un delito. Ya no sabemos qué hacer, somos gente humilde, trabajadora. Y el gobierno nos está dejando solos».
Origen, expansión y letalidad de La Nueva Familia Michoacana
La Nueva Familia Michoacana es una estructura criminal surgida hacia el año 2011 a partir de las facciones y fragmentaciones de la antigua Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Tras la caída de sus antiguos capos, la organización se consolidó y reorganizó bajo el mando de los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias «El Pez», y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias «El Fresa». El grupo desplazó su centro de operaciones hacia la región de Tierra Caliente, abarcando estados como Guerrero, Michoacán y el Estado de México, expandiéndose mediante la extorsión, el tráfico de fentanilo, el secuestro, la minería ilegal y los homicidios selectivos.
A lo largo de su trayectoria delictiva, a esta organización y sus múltiples células armadas se les atribuyen ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas en el sur y centro de México. Investigaciones independientes y registros periodísticos estiman que las disputas territoriales y las acciones sanguinarias de este cartel han dejado un saldo acumulado de miles de muertes y masacres sistemáticas, como la incursión armada en Totolapan en 2022 y constantes emboscadas contra autoridades y comunidades campesinas.
El flujo ilícito de armas desde EE. UU.
El desmedido poder de fuego de La Nueva Familia Michoacana para someter a comunidades enteras se alimenta directamente del tráfico ilícito de armamento pesado proveniente de los Estados Unidos. Según investigaciones publicadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), así como reportes de investigación periodística del portal El Universal y la agencia Reuters, las redes operativas del cártel compran este armamento en tiendas y armerías privadas autorizadas en estados como Texas, Georgia y Florida a través de compradores prestanombres (pawn shops y distribuidores con licencia federal FFL).
De acuerdo con las acusaciones formales presentadas en cortes federales de EE. UU. y documentadas por CBS News y Milenio, entre los principales fabricantes corporativos estadounidenses cuyas armas alimentan el arsenal del cártel se destacan:
Century Arms: Empresa señalada en investigaciones judiciales por la exportación ilícita de rifles de asalto tipo WASR-10 y variantes de la plataforma AK-47 («cuernos de chivo»).
Barrett Firearms Manufacturing: Fabricante de los fusiles de francotirador calibre .50 (modelo M82), capaces de perforar blindajes militares y derribar aeronaves, los cuales han sido incautados en múltiples operativos contra La Nueva Familia Michoacana en Tierra Caliente.
Colt’s Manufacturing Company y Glock Inc.: Proveedoras de pistolas semiautomáticas de 9mm y fusiles de la plataforma AR-15, adquiridos masivamente en el mercado civil estadounidense para ser traficados de manera clandestina hacia el territorio mexicano tras limar sus números de serie.
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