La ultraderecha institucional en el CNE intenta un «golpe de Estado» contra Petro por supuestos sobretopes de financiación. El proceso contrasta con la impunidad histórica en los casos de Odebrecht y el presunto financiamiento narco de la campaña de Iván Duque.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado una contundente denuncia institucional, acusando a integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formar parte de la oposición política y de intentar perpetrar un “golpe blando” con el objetivo de destituirlo de su cargo. La declaración, realizada en cadena nacional, es una respuesta directa a la sanción impuesta por el CNE a su campaña electoral de 2022 por presuntas violaciones a los topes de financiamiento.
El jefe de Estado no solo rechazó la decisión administrativa, sino que cuestionó severamente la falta de imparcialidad del tribunal electoral, señalando directamente al conjuez Majer Nayi Abushijab, de quien afirmó: “El conjuez es el abogado de Fico, y con él hicieron mayoría. La oposición busca un golpe de Estado putrefacto. Que lo intenten”. Esta aseveración coloca el proceso sancionatorio en el centro de una guerra política y judicial sin precedentes.
Juicio político selectivo
El mandatario colombiano, Gustavo Petro insistió en que el proceso en su contra está “politizado” y que las cifras sobre los supuestos excesos de financiamiento son falsas.
“El juicio contra cualquier conducta política de un movimiento debe ser de acuerdo al principio universal del juez independiente, neutral y no de nuestra propia oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado”, expresó Petro.
El presidente defendió la legalidad de su campaña, negando rotundamente haber recibido “un solo peso del narcotráfico” o haber violado los topes. Argumentó que el CNE incluyó en su fallo actos que se realizaron “después de la campaña electoral” y pagos legítimos a “testigos electorales”, un derecho ciudadano fundamental para garantizar la transparencia.
La denuncia de Petro se extiende a la doble moral del CNE en la fiscalización de recursos. El mandatario cuestionó que se califiquen como “sobretopes” las donaciones provenientes de sindicatos como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO), mientras que las contribuciones de “banqueros y corporaciones empresariales” a la derecha no son investigadas con el mismo rigor. “¿Por qué los sindicatos son castigados y los patrones no? Porque unos son pobres y apoyan al progresismo, y otros son ricos y respaldan a la extrema derecha”, declaró, trazando una clara línea de conflicto de clases y político-ideológico.
Alocución del presidente de Colombia, Gustavo Petro
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Precedentes preocupantes del CNE
La decisión del CNE determinó que la campaña de Petro excedió los límites de financiación en más de 3.500 millones de pesos (940.000 dólares) y recibió aportes prohibidos. Las sanciones económicas recayeron sobre el gerente de la campaña, Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol), la auditora y la tesorera, además de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), quienes deberán pagar multas individuales superiores a los 580 millones de pesos.
El caso ha generado un profundo malestar en la cúpula del gobierno, especialmente al contrastar con el historial de impunidad en la justicia electoral colombiana. Esta es la primera sanción a una campaña presidencial en la historia del país, según registros oficiales, lo que subraya la selectividad del proceso. Investigaciones anteriores del CNE contra campañas de expresidentes como Juan Manuel Santos (caso Odebrecht) e Iván Duque (por presunto financiamiento narco), no culminaron en sanciones punitivas. Este proceso, en cambio, avanzó con una velocidad inusual hacia conclusiones condenatorias.
Mientras la oposición, liderada por el Centro Democrático, exige al Congreso adelantar un juicio político contra Petro, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes propuso, en un borrador de 250 páginas, cerrar el proceso y no avanzar a una investigación formal contra el presidente. El fallo final de la Comisión, que se prevé para la próxima semana, podría archivar el caso.
Ricardo Roa, el exgerente de campaña, ya ha calificado la medida del CNE como inválida por su falta de verdad y anunció que acudirán a “todas las herramientas jurídicas pertinentes” para revertir la sanción, prometiendo dar la batalla legal en defensa del proyecto político del actual gobierno.
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