La exhibición de las estructuras paramilitares impone un régimen de amenazas y asesinatos selectivos que evidencia el fracaso de la política de seguridad en el Magdalena Medio.
La reactivación de una guerra a sangre y fuego entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC) ha sumido a las comunidades de Santander en un estado de terror sistemático, evidenciando una vez más la incapacidad —o la indolencia— del Estado para desmantelar las estructuras narcoparapolíticas que hoy dictan la ley en el territorio.
A pesar de las reiteradas advertencias de la Defensoría del Pueblo y el clamor de las organizaciones de derechos humanos, la incursión de estos grupos en municipios como Rionegro y el corredor estratégico del Magdalena Medio no ha encontrado una respuesta militar ni judicial a la altura de la amenaza. Lo que se vive hoy no es una «percepción de inseguridad», es una ofensiva paramilitar que utiliza el asesinato selectivo y la amenaza como herramientas de control social y territorial.
El reporte desde el terreno es devastador. La población civil ha quedado atrapada en una pinza criminal. Las ACSN y el Clan del Golfo no solo se disputan las rutas del narcotráfico; se disputan la vida de los ciudadanos. Los métodos de terror denunciados incluyen:
Ejecuciones de personas señaladas arbitrariamente de colaborar con el bando contrario, sembrando el pánico para forzar la lealtad.
Una cacería humana contra quienes defienden la tierra o denuncian los atropellos, dejando a las comunidades descabezadas y en silencio.
Imposición de horarios, censura a la movilidad y el reclutamiento forzado de jóvenes bajo la sombra de la miseria económica.
El silencia complaciente y la parapolítica
Resulta inverosímil para cualquier analista serio del conflicto que estas estructuras se movilicen con tal libertad sin que existan redes de apoyo o, al menos, una alarmante negligencia en las cadenas de mando locales. La historia de Santander y el Magdalena Medio está escrita con la sangre de la parapolítica; hoy, el fantasma de esa alianza entre fusiles y sectores del poder parece estar más vivo que nunca.
Las «Alertas Tempranas» se han convertido en la crónica de muertes anunciadas que nadie evita. Mientras las autoridades se limitan a realizar consejos de seguridad para la foto, el tejido social de Santander se desgarra. No se trata solo de bandas criminales; son ejércitos con capacidad de infiltración institucional que buscan consolidar un orden social basado en el miedo y la renta ilícita.
En efecto, la Defensoría ya había emitido la Alerta Temprana (AT) 016 de 2025 para San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, corregimientos del municipio de Rionegro, en el departamento de Santander.
Ante estos hechos, la Corporación Jurídica Yira Castro reiteró su llamado al Estado e instó también “a las autoridades a adoptar medidas inmediatas, integrales y sostenidas que garanticen la protección efectiva de las comunidades y prevengan la repetición de estos hechos”, tanto en el lugar de las confrontaciones como en las zonas aledañas.
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