La caravana «Vivamos Humanos» brindó atención integral a 1.400 personas en Tibú, visibilizando la urgencia de garantías para la vida y el retorno en la región.
Del 24 al 28 de marzo de 2026, el municipio de Tibú, en el corazón del Catatumbo, recibió la visita de la caravana humanitaria organizada por la corporación Vivamos Humanos. La iniciativa surge como respuesta a la crisis humanitaria que se agudizó desde 2025, producto de las confrontaciones entre diversos actores armados, incluidos el ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
Bajo la coordinación de 22 entidades nacionales e internacionales, la misión recorrió las veredas de Campo Seis, Bertrania, Versalles y el Kilómetro 25. Durante la jornada, se brindó atención en salud física y mental, además de asesoría jurídica para víctimas del conflicto, alcanzando a más de 1.400 personas que hoy intentan resistir en un territorio marcado por el control territorial.
la infancia bajo asedio
Para Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de Vivamos Humanos, la imagen más poderosa del recorrido fue, paradójicamente, una escena cotidiana: niños jugando en un parque. En una zona donde los drones, las minas antipersonales y los combates son constantes, el simple acto de habitar el espacio público es un acto de valentía.
“El miedo está tan enquistado que la comunidad no permitía que los niños salieran al parque que ellos mismos construyeron. Es un llamado de atención urgente; es difícil comprender desde fuera cómo la zozobra impide incluso que un niño juegue por temor a lo que pueda pasar”, explicó Mejía a Colombia+20.
Cifras que claman por soluciones estructurales
El reporte entregado tras la misión revela una realidad alarmante. Desde enero de 2025, más de 99.000 personas han sido desplazadas forzosamente en la región, una cifra que equivale a llenar dos veces y media el estadio General Santander de Cúcuta. A esto se suman 170 homicidios y cinco desapariciones registradas en el último año.
El confinamiento es otra de las heridas abiertas. Actualmente, 600 personas permanecen encerradas en sus viviendas, aunque más de 30.000 han padecido esta restricción durante la crisis. Holmer Pérez, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), enfatizó que el confinamiento no es solo físico, sino que se extiende a lo digital.
“Existe un control estricto sobre los celulares y los grupos de WhatsApp. La gente tiene miedo de contar lo que ocurre. Es un aislamiento informativo que regula la vida cotidiana”, señaló Pérez durante el cierre de la visita en Cúcuta.
El reto del retorno y la salud mental
La misión también evidenció la crisis en el sistema educativo. La desescolarización persiste debido a las restricciones de movilidad, limitando el futuro de niñas y niños. Asimismo, el retorno de las familias desplazadas se ve truncado por la falta de condiciones materiales y garantías de seguridad.
En cuanto a la salud pública, la afectación emocional es profunda. La «normalización» de la violencia es quizás el síntoma más grave: La idea de que el conflicto es permanente se ha arraigado en los habitantes.
Testimonios recogidos por la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz indican que muchas familias sienten que crecer en medio del fuego cruzado ya es «parte de lo cotidiano».
Esta caravana no solo llevó medicinas y asesoría; dejó en evidencia que, mientras el Estado no garantice una presencia integral que vaya más allá de lo militar, las comunidades del Catatumbo seguirán construyendo parques que el miedo no les permite usar.
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