El exasesor presidencial aseguró que la reunión con excomandantes de las AUC en Valledupar buscaba cerrar el proceso de Ralito y que el documento firmado el 24 de octubre de 2025 es la única fuente válida de los compromisos acordados.
Bogotá, 21 de octubre de 2026. El periodista y exasesor presidencial Víctor de Currea-Lugo rechazó en un pronunciamiento público haber recibido instrucciones del presidente Gustavo Petro para conseguir declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella o cualquier otra persona. Tampoco, afirmó, realizó gestiones con ese fin.
De Currea-Lugo explicó que participó como asesor presidencial en la reunión con los excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Valledupar, a la que la prensa se ha referido en los últimos días. Según dijo, su presencia fue conocida por el país desde el primer momento.
El exasesor sostuvo que el encuentro sí buscaba cerrar el proceso de Ralito. Citó la Declaración de Valledupar del 24 de octubre de 2025, que reconoce que esos días de trabajo son «un punto de partida hacia un proceso, cuya meta fundamental es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia».
En la reunión se planteó que el país conociera no solo las acciones militares del paramilitarismo, sino también sus variables políticas y económicas, es decir, la parapolítica y la paraeconomía. Los antiguos paramilitares se negaron a rendir nuevas declaraciones porque, argumentaron, podrían abrirse nuevos procesos penales en su contra. De Currea-Lugo señaló que la seguridad jurídica fue un asunto central de la discusión, pero que los excomandantes aceptaron firmar un documento al final del encuentro.
La propuesta, según el exasesor, consistía en que el Gobierno elaborara informes con los testimonios que los antiguos paramilitares ya habían entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía y el sistema de Justicia y Paz, sin pedir nuevas declaraciones. El texto firmado dice que «la verdad de la participación de las Autodefensas en el conflicto armado ya ha sido ampliamente dicha» y que corresponde a la Mesa Técnica organizar, sistematizar y divulgar la información disponible. De Currea-Lugo añadió que en ningún momento se planteó restringir las facultades de las autoridades judiciales para solicitar nuevas declaraciones.
Lo que dice el documento firmado
Para el exasesor, el documento suscrito el 24 de octubre de 2025 contradice las versiones según las cuales la reunión terminó sin acuerdos. La firma fue registrada por varios medios y difundida en un trino de la cuenta oficial del DAPRE.
De Currea-Lugo precisó que durante las conversaciones circularon versiones preliminares que fueron discutidas y modificadas, y que esos borradores no constituyen compromisos de las partes. Dijo que, para conocer lo acordado, debe acudirse al texto final.
Ese texto establece que los gestores de paz presentarán una actualización de sus planes de trabajo, con las tareas necesarias para implementar el acuerdo. También destaca la importancia de la transparencia y del acompañamiento de la comunidad internacional durante el cierre del proceso.
El exasesor indicó que las reuniones se desarrollaron bajo los principios de buena fe y confidencialidad, y que nunca se planteó acusar de antemano a personas concretas por presuntos vínculos con el paramilitarismo. «No creo que sea correcto atribuir a esa reunión acuerdos o compromisos que no puedan acreditarse en el documento firmado», afirmó.
Sobre su papel, explicó que el deber de un asesor es aportar elementos para la toma de decisiones y no tomarlas. Como no tenía autorización para suscribir acuerdos a nombre del Gobierno, no firmó el documento. Recibió, dijo, la instrucción de contribuir al cierre del proceso y actuó dentro de sus funciones.
Los contactos con Salvatore Mancuso
De Currea-Lugo informó que presentó su renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026 y que fue aceptada el 1 de abril. El 23 de mayo y el 13 de junio contactó a Salvatore Mancuso por iniciativa exclusivamente personal, como periodista independiente, para pedirle una entrevista para su página web y hacerle preguntas sobre Abelardo de la Espriella.
Según su versión, expresó abiertamente su posición política y su interés en que la entrevista tuviera repercusiones en el debate electoral. «No tengo por qué ocultar mis convicciones políticas: como ciudadano tengo derecho a expresarlas y, como periodista, a investigar y procurar información de interés general», sostuvo.
El periodista aseguró que nunca ofreció a Mancuso dinero, beneficios, favores ni contraprestaciones, y que tampoco le pidió mentir, hacer acusaciones falsas o cometer delito alguno. Afirmó que no recibió instrucciones del Gobierno ni coordinó la iniciativa con ningún funcionario. Mancuso no volvió a responder y la entrevista no se realizó.
Esas comunicaciones, subrayó, fueron posteriores a su salida del Gobierno y no hicieron parte de sus responsabilidades como asesor ni de los compromisos de Valledupar. Presentarlas como prueba de una operación gubernamental, dijo, supone atribuirles una vinculación institucional que rechaza y que no se desprende de los mensajes publicados.
De Currea-Lugo cerró su comunicado con una constancia de su participación en los hechos y anunció que da por concluido su pronunciamiento público sobre el asunto.
Sobre el autor
