El excandidato presidencial y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro anunció que acudirá formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un deterioro sistemático de las libertades fundamentales en Colombia durante los primeros dos meses de gestión del presidente Abelardo de la Espriella.
El líder político advirtió sobre un marcado repunte de la violencia en el país que ha golpeado con especial dureza a la juventud, citando de manera puntual los asesinatos de dos jóvenes a manos de la fuerza pública en Bogotá y Santa Marta. A esto se suman graves episodios de atropello a la autonomía universitaria y la constante irrupción represiva en centros de educación superior, junto al acoso institucional contra el derecho constitucional a la protesta social.
Cepeda aseguró que mantendrá un canal de comunicación permanente y actualizado con los comisionados del organismo interamericano para documentar de primera mano cada arbitrariedad o abuso de poder cometido bajo la actual administración.
La amenaza del «Estatuto Antiterrorista»: un zarpazo al Estado de derecho
El punto central de la acción internacional radica en el análisis del borrador del denominado «Estatuto Antiterrorista» promovido por el Ejecutivo. De acuerdo con el dictamen jurídico expuesto por Cepeda, el proyecto no busca combatir el crimen organizado, sino desmantelar el orden constitucional de 1991 e instaurar un régimen abiertamente autoritario.
El documento adopta como modelo de referencia instrumentos legales estadounidenses en lugar de los tratados del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Su aspecto más grave reside en la redacción ambigua del delito de terrorismo, catalogando como tal cualquier acción que genere «miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o violencia», formulación tan genérica que deja la puerta abierta para criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta social e imputar a la ciudadanía por conductas amparadas en la ley.
Facultades extraordinarias, espionaje y desmantelamiento democrático
Entre los puntos de mayor riesgo para las libertades públicas contemplados en el borrador, se destacan:
Inclusión arbitraria en listas de terrorismo: Faculta al Gobierno nacional para incluir a personas o colectivos en listas de organizaciones terroristas mediante simples órdenes administrativas, prescindiendo de fallos o controles judiciales previos. Esta atribución abre la vía al congelamiento de activos, daño patrimonial, destrucción del buen nombre e inhabilitaciones sin condena penal de por medio.
Superpoderes e inteligencia sin control: Crea la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, un cargo con plenos poderes decretado bajo estado de excepción cuyo periodo de cinco años excede la duración del mandato presidencial.
Legalización de la vigilancia ilegal: Habilita facultades al Ejecutivo para masificar el espionaje, la interceptación de comunicaciones privadas y la inteligencia criminal contra opositores, líderes sociales y periodistas.
En palabras de Iván Cepeda, de llegar a promulgarse esta iniciativa, la Constitución Política de 1991 habrá quedado sepultada, entregando al poder central herramientas dictatoriales para perseguir la disidencia y restringir las garantías democráticas en el país.
Borrador del Estatuto Antiterrorista publicado por medios locales en Colombia.
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