Las amenazas habrían sido proferidas tras la reciente condena judicial por la masacre de La Guaripa, proceso en el que las víctimas han contado con la representación y acompañamiento de los activistas.
En un contundente pronunciamiento emitido este 19 de octubre de 2026, la Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su profunda alarma y rechazo categórico ante una serie de amenazas de muerte proferidas contra destacados líderes sociales y defensores de derechos humanos que operan en el departamento de Sucre.
Las intimidaciones, conocidas el pasado 18 de octubre tras una denuncia del Colectivo de Abogados y Abogadas «José Alvear Restrepo» (CAJAR), tienen como blanco directo a Yessika Hoyos Morales, abogada y expresidenta de la organización penalista, así como a los defensores Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, estos últimos integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
De acuerdo con los reportes de las organizaciones de derechos humanos, la embestida violenta se encuentra directamente vinculada con el dictamen de la reciente condena judicial por la masacre de La Guaripa —ocurrida en territorio sucreño en 2018—, un proceso emblemático en el que los juristas y activistas amedrentados han liderado la representación legal de las familias afectadas y la búsqueda inquebrantable de justicia.
La Defensoría del Pueblo subrayó que resulta inadmisible que quienes asumen la representación jurídica de las víctimas y trabajan por el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad sean objeto de persecución. Estas intimidaciones no solo ponen en inminente peligro la vida e integridad física de los activistas, sino que cercenan las garantías de acceso a la justicia y vulneran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
El organismo recordó que sobre los líderes comunitarios amenazados pesan salvaguardas del Sistema Interamericano:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del MOVICE (Capítulo Sucre), exigiendo al Estado colombiano adoptar las previsiones necesarias para salvaguardar su vida y permitir la continuidad de su labor de representación, cobijando expresamente a Malena Martínez y Juan David Díaz.
El tribunal internacional declaró al Estado colombiano responsable por la persecución, espionaje y violaciones sistemáticas contra los integrantes del colectivo legal y sus familias durante más de tres décadas. La Defensoría remarcó que estas sentencias constituyen un agravante ante las agresiones recientes y hacen imperativo un despliegue estatal integral de protección.
Exigencia de garantías e investigaciones expeditas
Frente a la gravedad de los hechos, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las alcaldías locales a activar de manera inmediata los protocolos de prevención y seguridad, convocando con urgencia las instancias territoriales de garantías.
Asimismo, solicitó al ente fiscal actuar con celeridad y debida diligencia para identificar a los autores materiales e intelectuales de las amenazas y determinar su vínculo con las resoluciones judiciales de La Guaripa. Finalmente, la institución hizo un llamado expreso al Gobierno nacional a respaldar públicamente la legitimidad del CAJAR y del MOVICE, instándolo a frenar cualquier forma de estigmatización que aumente el riesgo de los defensores y a reportar de inmediato los hechos ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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