El expresidente estará vinculado mediante indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, hechos ocurridos durante su período como gobernador de dicha región. El exmandatario quedará vinculado formalmente al proceso penal mediante diligencia de indagatoria.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Fiscalía General de la Nación el 18 de junio de 2026 (visible en la imagen image_d9c2e7.jpg), la investigación penal contra Uribe Vélez abarca la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida. El ente acusador indaga si el exgobernador facilitó y promovió el accionar de una estructura armada al margen de la ley que, según los indicios preliminares, habría utilizado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez para la época de los hechos.
El proceso judicial hace especial referencia a la presunta participación del exmandatario en las incursiones paramilitares perpetradas entre 1996 y 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, ambos ubicados en el municipio de Ituango, Antioquia. Dichas acciones criminales, ejecutadas históricamente por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), dejaron un saldo de Múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado. Específicamente, la masacre de La Granja tuvo lugar en junio de 1996, mientras que la de El Aro se extendió entre octubre y noviembre de 1997.
Asimismo, la Fiscalía Delegada dispuso la vinculación de Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio del reconocido defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, crimen perpetrado el 27 de febrero de 1998, tras haber denunciado públicamente la connivencia entre sectores de la fuerza pública, autoridades civiles y grupos paramilitares en la región.
El exmandatario, será citado en los próximos días por la autoridad judicial para rendir su declaración formal en indagatoria, bajo los preceptos legales de la presunción de inocencia consagrados en la Constitución Política de Colombia.
COMUNICADO






