Ángel Benítez y Marli Arboleda fueron embestidos por una camioneta mientras se desplazaban en motocicleta; defensores de derechos humanos exigen protección e investigación.
La Comisión Interclesiastica de Justicia y Paz denunció el atentado contra la vida de Ángel Benítez y Marli Arboleda Brito, reconocidos reclamantes de tierras del territorio colectivo de La Larga y Tumaradó.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche del pasado sábado 25 de julio en la vía que conecta a los municipios de Carepa y Apartadó. Las víctimas se desplazaban en motocicleta tras realizar un viaje desde Chigorodó para atender un asunto familiar. Metros antes de llegar a la variante del sector El Reposo, Benítez notó por el retrovisor que eran perseguidos por una camioneta tipo platón de vidrios oscuros y por dos hombres a bordo de una moto de alto cilindraje.
Según el testimonio entregado por las víctimas, el parrillero de la motocicleta adelantó el vehículo, observó a los defensores e hizo una señal manual al conductor de la camioneta. Acto seguido, el vehículo de cuatro ruedas aceleró de manera intencional y embistió la motocicleta, sacándola de la carretera hacia una cuneta antes de darse a la fuga.
El impacto dejó inconsciente a Arboleda y le provocó lesiones de consideración a Benítez, quien logró pedir auxilio a transeúntes del sector. Una ambulancia trasladó a ambos al hospital San Francisco de Asís de Carepa. El parte médico preliminar de Arboleda señala fracturas en la cavidad torácica y contusiones graves en la espalda con posible afectación en la columna vertebral.
El ataque evidencia la persistente situación de riesgo que enfrentan Benítez y Arboleda, quienes desde hace cerca de dos décadas adelantan un proceso de restitución ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en la regional Urabá. El predio en disputa, ubicado en el caserío Santo Domingo del municipio de Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), fue heredado de sus padres y se encuentra afectado por desplazamiento forzado, despojo e inseguridad jurídica.
Organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado urgente a las entidades competentes para implementar esquemas de protección efectiva en favor de las víctimas, agilizar el proceso de restitución de sus predios e iniciar una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.





