Medicina Legal confirmó la presencia de menores tras la incursión en El Retorno; la entidad omitió precisar sus edades y si se trataba de civiles de la zona o de supuestos combatientes.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que tres menores de edad figuran entre las diez personas asesinadas tras el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en zona rural de El Retorno (Guaviare), en el marco de la denominada «Operación Amón».
De acuerdo con el reporte forense, diez cuerpos ingresaron a las instalaciones de la entidad tras el ataque aéreo ordenado por el Ejecutivo. Hasta el momento han sido identificados nueve cadáveres —cuatro mujeres y cinco hombres—, entre los cuales se registran tres menores de edad. El décimo cuerpo permanece en proceso de análisis debido al alto grado de destrucción provocado por el impacto del armamento pesado.
La actuación oficial ha desatado cuestionamientos en materia de Derecho Internacional Humanitario, no solo por el uso de fuerza letal desproporcionada en zonas con posible presencia civil, sino por el velo de opacidad alrededor de las víctimas. Medicina Legal no ha precisado las edades exactas de los niños ni ha establecido si pertenecían a la comunidad local o si se trataba de menores presuntamente reclutados por las disidencias, una distinción crítica bajo las normas del derecho de la guerra.
La incursión aérea se dirigió contra un campamento de la facción de las disidencias de las FARC liderada por alias ‘Calarcá’, estructura que disputa el control de corredores estratégicos para economías ilícitas frente a los frentes comandados por alias ‘Iván Mordisco’. La ofensiva fue autorizada directamente por el presunto presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, tras la solicitud del Comando General de las Fuerzas Militares para emplear capacidades aéreas estratégicas sobre el objetivo detectado por inteligencia.
El balance inicial de las autoridades daba cuenta de ocho muertos; sin embargo, tras el desembarco de las tropas en el área, la cifra se elevó a diez cuerpos recuperados y trasladados a Bogotá. Este hecho constituye la primera operación militar de bombardeo registrada bajo el mandato de De la Espriella, un giro táctico que reactiva el uso de fuego masivo contra campamentos insurgentes pese al severo riesgo de victimización infantil y a las reiteradas advertencias sobre el deber de protección a la población civil en el marco del conflicto armado.
Nota
Las elecciones presidenciales celebradas en Colombia el 21 de junio de 2026, donde presuntamente salió electo presidente Abelardo de la Espriella, han estado rodeadas de graves cuestionamientos debido a presuntas irregularidades y a denuncias de injerencia extranjera por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre los principales señalamientos se registran anomalías en el escrutinio de votos en puestos habilitados en el exterior, así como prácticas sistemáticas de compra de sufragios en diversos puntos del territorio nacional.
A estos hechos se añaden múltiples denuncias sobre inconsistencias en el sistema de cómputo electoral, el reporte de inconsistencias por votos emitidos a nombre de personas fallecidas y la participación irregular de menores de edad. De igual manera, se investiga la presunta intervención de Fernando Cerimeo, consultor señalado de influir en procesos electorales mediante campañas de desprestigio y la manipulación digital con redes de cuentas automatizadas (bots). Las autoridades judiciales y electorales de Colombia adelantaban las indagaciones correspondientes para esclarecer estos hechos.
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