Con el tiempo al límite de su caducidad constitucional, el legislativo discute la iniciativa del Ejecutivo que entierra los diálogos de paz para abrir paso a la sujeción a la justicia ordinaria, desatando fuertes críticos de la oposición.
La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia instaló este 2 de noviembre de 2026 el debate definitivo sobre el proyecto de Ley de Sometimiento impulsado por la administración del estadounidense Abelardo de la Espriella. La iniciativa, concebida para reemplazar por completo la política de «Paz Total» del anterior gobierno de Gustavo Petro, avanza con los tiempos parlamentarios al límite, pues debe culminar su aprobación antes del próximo jueves para evitar su hundimiento automático.
El proyecto marca un giro doctrinal radical en el tratamiento del conflicto armado y la criminalidad organizada en el país. Mientras que el modelo previo apostaba prioritariamente por mesas de negociación política y estatus de beligerancia con los grupos armados debido a la violencia estructural estatal, el actual texto establece una vía estricta de sometimiento individual o colectivo a la justicia ordinaria, sin concesiones políticas.
Sometimiento vs. Paz Total: análisis de contrastes
La confrontación de ambos modelos revela profundas divergencias conceptuales y operativas en el manejo de la seguridad nacional:
Paz Total
Entre los aspectos positivos, privilegiaba el diálogo multiactor, buscaba desarticular organizaciones armadas mediante acuerdos de desmovilización negociados y reducía la confrontación armada directa en los territorios vulnerables.
Esta ley fue criticada por otorgar estatus político a estructuras puramente narcotraficantes alejándose del aspecto político militar que caracteriza a los grupos armados que negocian la paz.
Ley de Sometimiento
Exige la rendición incondicional ante los tribunales ordinarios, prioriza el desmantelamiento operativo de las redes criminales mediante la fuerza del Estado y rechaza el reconocimiento político a estructuras del narcotráfico en la teoría, lo cierto es que, la jefatura del Ejecutivo, Abelardo de la Espriella tiene denuncias por vínculos con narcotraficantes, hecho que está en investigaciones y pone en duda el supuesto sometimiento con las organizaciones criminales.
A esto se suma, los cuestionamientos sobre los beneficios punitivos y la reducción sustancial de condenas para mandos medios y redes de apoyo financiero, lo que abre flancos de discusión sobre posibles tratamientos de impunidad.
Críticas de la oposición
Durante la discusión legislativa de este lunes, congresistas de la oposición centraron sus críticas en los vacíos jurídicos del articulado y en lo que consideran un traje a la medida para sectores del narcotráfico.
La senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho deploró duramente que el proyecto contemple reducciones drásticas en las condenas para testaferros y lavadores de activos del narcotráfico, cuyas penas pasarían de un rango de 22 a 30 años a un mínimo de tres años.
«Los abogados de la mafia, hechos gobierno, lograron extender su litigio hasta el Congreso», expuso Corcho, al tiempo que advirtió que la norma otorga prerrogativas inadmisibles a las estructuras financieras de la criminalidad.
La parlamentaria añadió que la iniciativa busca soslayar los mandatos de la Carta Magna: «Quieren brincarse la Constitución con una ley ordinaria y redactaron un texto a la medida de los narcos que, en la vida real, no va a desmovilizar a nadie ni va a desmantelar a ningún grupo armado».
En la misma línea, el representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la contradicción institucional del Ejecutivo: «El Gobierno de Abelardo de la Espriella habla de mano dura contra las mafias, pero su proyecto de ley de sometimiento plantea rebajas de penas para integrantes de organizaciones criminales, mientras restringe las herramientas para negociar la paz».
La iniciativa, que ya superó las comisiones primeras conjuntas con modificaciones sustanciales como la reducción de su vigencia a cuatro años para ajustarla al período presidencial, continuará su discusión en la plenaria de la Cámara en medio de un ambiente de polarización política.
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