La comunidad de Villa Nueva Jurubidá abandonó su territorio ancestral vía fluvial por combates, homicidios y la falta de garantías de seguridad en la subregión del Chocó.
Un éxodo masivo de la totalidad de la comunidad indígena de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá (municipio de Nuquí), se registró tras el recrudecimiento del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC / Clan del Golfo) en la Costa Pacífica chocoana.
De acuerdo con las alertas emitidas por el Observatorio de Paz del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la confirmación de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cerca de 500 personas —entre ellas niños, niñas, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales— abandonaron su territorio ancestral vía fluvial hacia la cabecera municipal de Nuquí en la tarde y noche del pasado 1 de noviembre.
La huida de la población se desencadenó tras una escalada violenta en la zona que incluyó el asesinato de dos personas y el secuestro de un habitante en el sector de Villa Nueva, situaciones que rompieron la resistencia comunitaria mantenida durante días mediante asambleas locales.
La crisis humanitaria en la subregión amenaza con expandirse a las comunidades vecinas. La Defensoría del Pueblo advirtió que la población indígena de Puerto Indio, integrada por aproximadamente 300 habitantes, evalúa un desplazamiento masivo preventivo debido al temor persistente por la presencia militar y los choques armados entre las dos estructuras al margen de la ley.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Nuquí Jurubidá Chorí (ACIOKENDO) y las autoridades tradicionales expusieron que el desplazamiento por el río Jurubidá se realizó en condiciones de alta precariedad logística y sin acompañamiento de la fuerza pública durante el trayecto.
Requerimientos de atención e institucionalidad requerida
Frente a la llegada de las familias a la cabecera municipal de Nuquí, las organizaciones étnico-territoriales y los organismos de derechos humanos instaron al Estado colombiano a suplir de manera inmediata logística fluvial para garantizar el traslado seguro de los pobladores que permanecen en tránsito.
Asimismo, la población requiere albergue y subsistencia de alojamientos dignos, suministro de agua potable y asistencia alimentaria directa para la población infantil y adulta. Además, de la atención en salud con urgencia y el resguardo de seguridad para los líderes sociales y autoridades indígenas.
El Foro Interétnico y la Defensoría del Pueblo instaron a la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Nuquí, el Ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas y la Coordinación Residente de las Naciones Unidas en Colombia a activar de manera prioritaria los comités territoriales de justicia transicional y asegurar la protección efectiva de la población civil en el Pacífico colombiano.
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