El tribunal especial determinó que los homicidios, desplazamientos y violencias basadas en género formaron parte de un patrón sistemático de articulación entre la fuerza pública y estructuras paramilitares entre 1999 y 2001.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó formalmente crímenes de guerra y de lesa humanidad a once comparecientes, correspondientes a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional. Los exfuncionarios son señalados como máximos responsables por su participación en 32 masacres y otras graves conductas contra la población civil en la subregión de los Montes de María y zonas aledañas.
La decisión judicial, enmarcada en el Subcaso Montes de María del Caso 08, prioriza hechos perpetrados entre 1999 y 2001. Según la investigación, los crímenes respondieron a un alineamiento estratégico entre determinadas estructuras de la fuerza pública, actores regionales y bloques paramilitares para estigmatizar al campesinado, señalado falsamente de colaborar con las extintas Farc-EP.
El auto emitido por el tribunal detalla que la violencia desplegada buscaba la destrucción de las condiciones de existencia de las comunidades a través de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos masivos que terminaron convirtiendo poblados enteros en «pueblos fantasma».
La investigación documentó un total de 284 víctimas fatales distribuidas en las 32 masacres acreditadas. Entre los hechos macro examinados como casos ilustrativos figuran las incursiones armadas perpetradas en:
Capaca, El Bongal y Campo Alegre (agosto de 1999), el Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra (febrero de 2000), el Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Floralito, La Cañada, Berruguita y Macayepo (octubre de 2000) y Chengue (enero de 2001).
Asimismo, la JEP constató que las violencias basadas en género, reproductivas y sexuales se emplearon de forma sistemática para castigar, humillar y doblegar a las comunidades, identificando un centenar de víctimas directas de estas agresiones en el marco de las masacres.
Comparecencias imputadas
La Sala de Reconocimiento atribuyó responsabilidad individual a los siguientes exintegrantes de la Fuerza Pública, tras evaluar sus competencias de mando, omisiones operacionales y nexos de coordinación con los grupos paramilitares.
La lista de imputados del Ejercito Nacional de Colombia la encabeza Rodrigo Quiñones Cárdenas, quien era comandante de la Primera Brigada de Infanteria, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.
El coronel en retiro de la Policía Nacional Norman León Arango Franco fue vinculado por la participación del asesinato del exalcalde de El Robles, Eudaldo León Díaz Salgado, quien fuera en ese momento (abril de 2003) comandante de la Policía en el departamento de Sucre.
La justicia colombiana vinculó al coronel Paulo César Cruz Delgadillo por nexos con los paramilitares, de acuerdo con declaraciones de exparamilitares de las AUC, en Justicia y Paz, Cruz Delgadillo participó en reuniones donde se planearon acciones contra la misma Policía Nacional.
Próximos pasos procesales
Los imputados dispondrán de un plazo improrrogable de 15 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen los hechos y su responsabilidad o si deciden controvertir la imputación. De aceptar su culpabilidad y aportar verdad plena, se abrirá el camino hacia la emisión de una resolución de conclusiones y la imposición de sanciones restaurativas por parte del Tribunal para la Paz. En caso contrario, el proceso se remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para enfrentar un juicio adversarial que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.
Sobre el autor
