Jóvenes de la Primera Línea piden cumplir la promesa de desmontar el ESMAD.
COLOMBIA | En marco de los conceptos “Paz Total” y “Seguridad Humana”, se llevó a cabo la primera reunión entre los jóvenes de la Primera Línea y el director general de la Policía Nacional MG, Herry Sanabria para revisar los protocolos que regulan la disuasión en intervención en las manifestaciones sociales.
En este primer cara a cara con el ente de seguridad, los jóvenes de la Primera Línea presentaron 12 peticiones que de cumplirse conducirán a una parte de la gestación de la Paz Total.
La primera de ellas es, desescalar la estigmatización y persecución contra los jóvenes; reparación integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el estallido social; implementar acciones contra la impunidad en los casos de abuso policial; no incorporar a la atención de manifestaciones a los policías que se encuentren en investigaciones penales y disciplinarias por violación a los derechos humanos; cumplir el desmonte del Esmad; los jóvenes judicializados y privados de la libertad producto del estallido social deben tener las garantías jurídicas y ser trasladados a las ciudades de origen, entre otras.
Ante las solicitudes, el General Sanabria se comprometió a socializarlas al presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez para buscar la hoja de ruta de dialogo que garantice una participación activa de los jóvenes del movimiento social y de Primera Línea en todo el país.
En la reunión participó el senador Gustavo Bolívar y la representante de Colombia de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliett de Rivero.
Bolívar, también forma parte de la mesa técnica legislativa junto a los Representantes a la Cámara Susana Boreal y Alirio Uribe y miembros de la policía, quienes revisarán todas las propuestas frente a las reformas estructurales para garantizar el derecho a la protesta social.
Violación de derechos humanos durante el estallido social en Colombia.
Durante el estallido social el gobierno del ex presidente Iván Duque profundizó la persecución, estigmatización y judicialización a los jóvenes que manifestaban en contra de las políticas de gobierno, hechos, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a condenar las graves violaciones de derechos humanos.
El 25 de mayo de 2021, la Comisión resaltó que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la Fuerza Pública. Hechos registrados en las ciudades de: Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, afectando principalmente a los pueblos indígenas, mujeres y las personas afrodescendientes.
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