La imagen es una bofetada a la memoria y al derecho: un civil, uniformado bajo el sello de la Alcaldía de Medellín, inmoviliza a un ciudadano presionando su rodilla contra el cuello. Es el mismo gesto que encendió el mundo tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, pero en este contexto, el simbolismo es aún más oscuro.
Lo que a simple vista parece un exceso de fuerza aislado es, en realidad, una huella persistente en la historia política del uribismo. Se trata del mismo proyecto que en los años 90 impulsó en Antioquia las Convivir: grupos civiles armados que se convirtieron en la antesala del paramilitarismo en Colombia. Décadas después, bajo la administración de Federico Gutiérrez —heredero de esa tradición política—, estas estructuras parecen retornar con nuevos distintivos, pero bajo la misma lógica: civiles ejerciendo violencia estatal sin facultades legales.
El video de los hechos es revelador por la pasividad de los presentes. Mientras el funcionario de la Alcaldía somete ilegalmente al ciudadano, agentes de la Policía Nacional observan y colaboran, validando una función que no les pertenece a los civiles. La ley colombiana es taxativa: solo un agente de la Fuerza Pública, en ejercicio de sus funciones o mediando una orden judicial, tiene la facultad de privar de la libertad a un ciudadano o ejercer el uso de la fuerza controlada. Lo que presenciamos no es una estrategia de seguridad ciudadana; es una preocupante deriva hacia el paramilitarismo institucionalizado. Cuando el Estado delega el uso de la fuerza en manos de funcionarios administrativos o civiles uniformados criminales, rompe el contrato social y
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