El asesinato de Mateo Pérez Rueda expone el fracaso de la protección a la prensa en zonas de conflicto.
El asesinato del periodista Mateo Pérez en el norte de Antioquia no es solo una cifra más de los 177 periodistas asesinados en Colombia; es un mensaje de terror enviado por las disidencias de las FARC a quienes se atreven a romper el cerco informativo en los territorios controlados por el crimen organizado narcoparamilitar y la minería ilegal.
Mientras el Gobierno Nacional intenta sostener diálogos de paz con diversas estructuras, la realidad en Briceño demuestra que la libertad de prensa es la primera víctima de la expansión territorial de los grupos armados ilegales como las disidencias frente 36, paramilitares del Clan del Golfo y sus distintas denominaciones. El asesinato de Pérez, cometido tras su desaparición forzada el pasado 5 de mayo de 2026, evidencia una ruptura total de los mínimos humanitarios por parte de los hombres de Jhon Edison Chalá.
La zona rural de Briceño se ha convertido en un «agujero negro» informativo. La disputa entre las huestes de alias “Calarcá” y el Clan del Golfo no solo desplaza campesinos, sino que ejecuta a quienes portan una libreta y una cámara. La comunidad internacional y la FLIP han sido enfáticas: el periodismo regional en Colombia está en cuidados intensivos, trabajando bajo el cañón de fusiles que deciden qué se publica y quién vive para contarlo.
Resulta insuficiente la condena en redes sociales. La impunidad en las agresiones contra la prensa (387 casos desde 2022) y 169 asesinados es el combustible que permite que hoy lloremos a un joven de 25 años. Exigimos al Estado colombiano no solo la captura de los responsables materiales, sino el desmantelamiento de las economías ilícitas que financian el silenciamiento de la verdad.
Sin periodismo en las regiones, la «Paz Total» será solo un discurso de escritorio mientras en la periferia se impone la ley del silencio.
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