El candidato presidencial del Pacto Histórico propone una inversión de tres billones de pesos financiados mediante los excedentes internacionales de Ecopetrol, la eliminación de la intermediación estatal y el esquema de «programas sociales por impuestos».
BOGOTÁ — En un giro estratégico de su campaña hacia la presidencia de la República, el candidato Iván Cepeda Castro presentó de manera formal los «Siete Programas para el Bienestar Social». El paquete de medidas, estructurado como el eje programático de su eventual administración, plantea la erradicación de la pobreza extrema y la disminución de la brecha de desigualdad como los dinamizadores de un modelo económico basado en la productividad, la diversificación y la inclusión social.
Durante la presentación del documento integral, Cepeda Castro enfatizó que la propuesta no responde a postulados de estatización económica, sino a una visión del Estado como un «actor emprendedor, innovador y estratégico». En este sentido, el candidato marcó una distancia conceptual con las tradicionales políticas de subsidios al asegurar que su gobierno reemplazará el asistencialismo por una política de reconocimiento de derechos fundamentales y fortalecimiento de la asociatividad microempresarial.
Frente a los cuestionamientos sobre la viabilidad macroeconómica de los programas, que suponen una inyección de recursos cercana a los tres billones de pesos, la campaña de Cepeda detalló que las iniciativas cuentan con diversas fuentes de financiación progresiva que impiden la generación de un nuevo déficit fiscal.
El modelo de financiamiento se sostendrá sobre cuatro pilares:
- Excedentes petroleros: Captación de los mayores ingresos de la estatal Ecopetrol derivados de la coyuntura de precios internacionales del crudo.
- Eficiencia y anticorrupción: Eliminación absoluta de la intermediación en la contratación y el gasto público.
- Redireccionamiento presupuestal: Reasignación de recursos existentes hacia los sectores con mayores índices de vulnerabilidad.
- Alianza público-privada: Concertación con gremios económicos para la ejecución de «programas sociales por impuestos».
El plan de acción detallado por el candidato presidencial comprende las siguientes líneas de intervención:
- Colombia Mayor: Consolidación de los avances del ciclo político previo (que elevó la cobertura de 1.5 a 3.2 millones de personas y fijó un bono de $230.000 COP mensuales). La nueva meta proyecta la inclusión de un millón de adultos mayores adicionales en condiciones de pobreza extrema, con un costo estimado de dos billones de pesos financiados por los rendimientos de Ecopetrol.
- Renta Joven: Ampliación del programa para cubrir la meta técnica de 400.000 beneficiarios (actualmente rezagada en 184.000). Mantendrá transferencias indexadas de entre $800.000 y $1.000.000 COP basadas en excelencia y permanencia académica. Estará destinado a la ruralidad y periferias urbanas bajo el amparo presupuestal de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, o mediante vinculación laboral al Servicio Social para la Paz.
- Renta Ciudadana: Duplicación progresiva de la cobertura, pasando de 800.000 a 1.6 millones de familias bajo un esquema de transferencias bimestrales de $500.000 COP. El programa exigirá el tránsito obligatorio de los beneficiarios hacia proyectos asociativos y microempresas familiares, respaldados por la adjudicación de 50.000 créditos blandos anuales.
- Renta para la Discapacidad: En cumplimiento de la Ley 2456 de 2025, se implementará una renta básica mensual para un universo de 400.000 niños, niñas y jóvenes de hasta 29 años en situación de discapacidad y pobreza (según métricas del DANE), con una asignación de 400.000 millones de pesos.
- Protección a Líderes Sociales: Creación de un salario vital mensual para 5.000 lideresas y líderes sociales bajo condición de riesgo extraordinario. Financiado mediante el redireccionamiento del gasto de entidades como el DPS, la ANI y Findeter, el programa integrará a los beneficiarios en la coordinación de obras de infraestructura comunitaria de pequeña y mediana escala.
- Compra Directa de Alimentos al Campesinado: Reestructuración de la arquitectura de adquisiciones del Estado para eliminar intermediarios comerciales que encarecen costos y propician redes clientelares. El Gobierno redirigirá de manera directa un mercado de compras institucionales valorado en seis billones de pesos anuales: Bienestar Familiar (ICBF) con $2 billones, Fuerza Pública con $1.5 billones y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con $3 billones. La comercialización directa estará apalancada por servicios financieros del Banco Agrario.
- Útiles Escolares para Equidad: Distribución de kits escolares integrales (mochila, material pedagógico, ajedrez, implementos deportivos y las cartillas de la Comisión de la Verdad) para dos millones de estudiantes en zonas rurales y periféricas. El costo global asciende a 580.000 millones de pesos, de los cuales 200.000 millones ya se encuentran asignados en la fase inicial a través del presupuesto del Ministerio de Educación.
Con este anuncio, la candidatura de Iván Cepeda busca fijar el debate electoral en la viabilidad técnica y presupuestal de las reformas estructurales, desafiando a sus opositores a un contraste numérico y metodológico en la recta final de la contienda por la presidencia.
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