Organizaciones sociales y sindicatos bloquean las principales vías del país en protesta contra las reformas del FMI y la gestión económica del Gobierno.
La introducción de una serie de reformas por el presidente de Bolivia, Rodrígo Paz, respaldadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el lema “Capitalismo para todos” —las cuales incluyeron la privatización de empresas públicas y medidas que favorecieron al sector empresarial y a las políticas de Estados Unidos— condujo a un levantamiento popular en Bolivia. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, debido a la crisis económica, política y de seguridad que afecta a la población.
En la tercera semana de protestas y movilizaciones, la capital boliviana se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos. Mientras los manifestantes exigen la dimisión del mandatario, las fuerzas de seguridad ejecutan operativos de represión policial. Hasta el momento, se reportan 150 personas detenidas y cuatro fallecidas, al tiempo que las organizaciones civiles denuncian un patrón de represión enfocado en disparar a los rostros de los manifestantes.
El levantamiento popular se ha extendido a las principales ciudades del país con 32 bloqueos de carreteras coordinados por la Federación de Campesinos Túpac Katari, con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales.
Las movilizaciones lograron paralizar el trámite de la llamada ley Marinkovic (ley 1720). Esta normativa facilita la conversión de la pequeña propiedad rural en mediana propiedad, una condición que las hace embargables y que, según los sectores campesinos, permitiría a los grandes latifundistas adquirir los terrenos de los pequeños productores.
Actualmente, el país enfrenta recortes presupuestarios en educación, alza en el precio de los alimentos, desempleo y deficiencias en el suministro de combustible (gasolina y diésel), factores que han incrementado la inflación en un 20%.
Los manifestantes se convocaron para extender las movilizaciones en todo el país.
Los manifestantes también han denunciado que el gobierno de Paz ha implementado grupos paramilitares con armas para atacarlos en los puntos de encuentros y hacerlos ver como criminales.
De acuerdo con una investigación publicada por el Diario Red de Bolivia, la firma de consultoría política Numen-Parscale —vinculada a Donald Trump y que previamente asesoró a Nasry Asfura en Honduras— trabaja con el gobierno de Rodrigo Paz. El artículo señala que esta asesoría forma parte de un plan articulado, vinculándolo con audios filtrados en medios de comunicación donde políticos hondureños abordan estrategias contra gobiernos de izquierda en la región.
«Lo que los audios revelan es que la consultoría de Numen no es un servicio comercial ordinario. No es la relación entre un cliente que paga y un proveedor que entrega. Es una operación política con compromisos de retorno que no siempre se hacen explícitos en los contratos públicos —si es que existen contratos públicos», cita la publicación del medio boliviano.
Por su parte, la analista Inna Afinogenova señaló que la consultora opera como un mecanismo de interferencia en procesos electorales para alinear las políticas locales con los intereses de Estados Unidos. Según su análisis, este patrón incluye el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA), el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, la concesión de la explotación de litio a corporaciones estadounidenses y la expansión de la red Starlink.
En el ámbito internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel emitió comunicados de respaldo al presidente boliviano. Asimismo, el presidente de Argentina, Javier Milei, envió dos aviones Hércules C-130 con cargamentos declarados como “ayuda humanitaria” e “insumos de primera necesidad”; sin embargo, el diputado boliviano Rolando Pacheco desmintió dicha versión, afirmando que los aviones transportaban material antidisturbios para contener las protestas sociales.
Otros gobiernos de ultra derecha de la región manifestaron su apoyo a la gestión de Paz, mientras que el Gobierno de Colombia expresó su preocupación ante la situación de violación de derechos humanos, público y las denuncias presentadas por el expresidente Evo Morales.
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