La impunidad y criminalidad como política de Estado bajo gobiernos de ultraderecha alejan a las víctimas de tortura y desaparición forzada en encontrar justicia en Colombia
La política penal y judicial con alcance en los Estados Unidos ha permitido en la última década situaciones de impunidad o beneficios para narcotraficantes, parapolíticos y militares en retiro. Tal es el caso del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en Colombia en primera instancia el 9 de junio de 2010 por la desaparición forzada de 12 personas, entre ellas el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán. Cabe recordar que Plazas Vega fue posteriormente absuelto por la justicia colombiana únicamente por dos de esas desapariciones: la de la militante Irma Franco y la del trabajador de la cafetería Carlos Rodrigo Vera.
Recientemente, un jurado federal del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, declaró inocente a Plazas Vega frente a una demanda civil interpuesta por familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. La acción legal buscaba establecer su responsabilidad civil por violaciones a los derechos humanos y tortura durante los eventos de la toma y retoma del edificio en Bogotá, ocurridos en noviembre de 1985.
De acuerdo con pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luis Alfonso Plazas Vega —entonces comandante del Cantón Norte y de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional— coordinó parte de la respuesta militar los días 6 y 7 de noviembre de 1985. En esa condición, tuvo bajo su mando a las unidades encargadas de clasificar e interrogar a las personas rescatadas con vida.
Las investigaciones de los organismos internacionales y judiciales establecieron que la fuerza pública no protegió a todos los sobrevivientes, sino que persiguió, interrogó, torturó y ejecutó a varios de los rehenes catalogados como «especiales». Durante esas jornadas, la casa del Museo de la Independencia (Casa del Florero) fue utilizada como centro de detención temporal, interrogatorios y torturas.
Una de las pruebas clave en el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán es el testimonio de la periodista Julia Navarrete, quien afirmó haberlo visto salir con vida del Palacio. Dicha versión fue respaldada por un video de la época donde se observa a Urán salir caminando del edificio. Sin embargo, su cuerpo sin vida fue hallado posteriormente dentro del Palacio con un disparo a corta distancia y con evidencias de haber sido lavado. Sus pertenencias personales fueron encontradas en 2007 en las instalaciones de la Decimotercera Brigada del Ejército.
Ante la falta de respuestas definitivas, el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), junto con las hijas de Carlos Horacio Urán, presentó la demanda en EE. UU. amparada en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act), un estatuto federal que permite juzgar responsabilidades civiles por tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas en el extranjero bajo ropaje de autoridad oficial. Según la demanda, Urán fue víctima de un patrón sistemático concebido para identificar, torturar, desaparecer y ejecutar a sospechosos o simpatizantes de la guerrilla entre los rehenes.
Las denuncias sobre estos patrones de actuación militar cobraron mayor fuerza durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, salpicado por investigaciones relativas a masacres y al auge del paramilitarismo como dinámica de violencia de Estado en Colombia. Bajo esos contextos de criminalidad organizada, la justicia colombiana condenó a su hermano, Santiago Uribe Vélez, a más de 25 años de prisión.
Por su parte, Plazas Vega fue nombrado por Uribe como director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), cargo al que renunció tras denuncias en el Congreso por presuntas irregularidades y corrupción en la administración de bienes incautados al narcotráfico. Posteriormente, aspiró al Senado de la República en 2006 por el Partido Liberal y en 2018 por el Centro Democrático.
El fenómeno de la parapolítica en Colombia cobró relevancia pública tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese escenario, jefes paramilitares como Salvatore Mancuso señalaron públicamente las cercanías de sectores políticos y abogados de alto perfil con las AUC.
Ver a De la Espriella, defender a Luis Alfonso Plazas Vega, no es nuevo, pues, él estadounidense ha sido abogado de varios narcotraficantes y grupos armado en Colombia, entre ellos, paramilitares. De la Espriellallegó a la alta jefatura de Colombia mediante la imposición del presidente de Estados Unidos Donald Trump e Israel, Trump condenado por violación sexual y condenado por corrupción y Netanhayu con orden internacional de captura por el genocidio contra el pueblo palestino.
Sobre el autor
