La decisión del Consejo de Estado de congelar el salario mínimo vital empuja al pueblo colombiano a la movilización social.
Colombia atraviesa un momento definitorio. Por primera vez, el país no discute simplemente un porcentaje de incremento salarial basado en la fría aritmética contable; hoy discutimos la implementación de un Salario Mínimo Vital que, bajo la orientación del Plan Nacional de Desarrollo «Colombia, Potencia Mundial de la Vida», busca romper las cadenas de desigualdad que nos han mantenido en la retaguardia de los indicadores sociales en la región.
La cruda realidad: El 10% frente al 50%
Los datos no mienten. Según informes recientes de la CEPAL y la OCDE para el periodo 2025-2026, la concentración de ingresos en Colombia sigue siendo una de las más extremas del continente. Mientras que el 10% más rico de la población captura cerca del 34,2% del ingreso total, el 10% más pobre apenas alcanza el 1,7%. En términos de riqueza, la brecha es aún más abismal: el 1% más privilegiado concentra el 33% de la riqueza nacional, dejando a la mitad más pobre de los colombianos (más de 25 millones de personas) con solo el 4% de la misma.
Un ajuste técnico por la justicia social
El incremento del 23,7% decretado por el presidente Gustavo Petro no es una cifra al azar; es una respuesta técnica a este estancamiento. Este ajuste se alinea con el mandato de la Constitución de 1991, que exige un salario vital y móvil. Ignorar estos porcentajes de desigualdad y pretender un aumento «ajustado a la vieja usanza» es condenar a Colombia a seguir siendo uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini que históricamente se resiste a bajar de 0.54 en las mediciones más críticas.
El riesgo del retroceso: Hambre y deterioro sistémico
Si el Salario Mínimo Vital no se mantiene como lo decretó el Ejecutivo, el pueblo colombiano entrará en un sistemático deterioro de sus derechos básicos. No estamos ante un debate académico; estamos ante una emergencia humanitaria.
Pobreza extrema: A pesar de los avances, la pobreza extrema en zonas rurales aún golpea a millones.
Informalidad: Con una tasa de informalidad que ronda el 55%, el salario mínimo en el sector formal actúa como el único ancla de estabilidad para las familias.
Reducir este monto es, en la práctica, profundizar el hambre. El hambre no espera sentencias judiciales ni conciliaciones macroeconómicas; el hambre conlleva a morir lentamente, erosionando el capital humano y la paz social que tanto anhela el país.
Alinear el salario con el Plan Nacional de Desarrollo significa entender que la economía debe estar al servicio de la vida. Mantener el incremento del 23,7% es proteger el derecho a la existencia digna. La justicia social no es un obstáculo para la economía; es el único motor capaz de transformar a Colombia en una verdadera potencia mundial de la vida.
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