Entre denuncias de mesas fantasma, datos inflados, un voto exterior sin reconteo y la abierta injerencia de Estados Unidos, el empate técnico mantiene a Colombia en vilo, sin definir aún si Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia.
El pasado 21 de junio de 2026, los y las colombianas se movilizaron desde cada rincón del país y del mundo para asistir a las urnas. El objetivo era elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro para cumplir el periodo constitucional de 2026 a 2030. En esta oportunidad se enfrentaron dos figuras totalmente opuestas. Por un lado, Iván Cepeda Castro, senador, defensor de derechos humanos y candidato a la presidencia con una trayectoria política de izquierda de más de 40 años. Cepeda es un sobreviviente al genocidio de la Unión Patriótica; su padre, Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994 por el Estado en conjunto con estructuras paramilitares.
Al otro lado está Abelardo de la Espriella, un cordobés reconocido por ser el abogado del grupo más sanguinario y narcotraficante que ha tenido la historia en el país suramericano: los paramilitares, que dejaron más de 200 mil asesinatos. De la Espriella es amigo del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, este último investigado por las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle. Además, defendió a David Murcia Guzmán, un empresario acusado por lavado de activos y esquemas piramidales que cumplió pena en EE. UU. y que, tras ser devuelto a Colombia, fue condenado en 2019 a 22 años de cárcel, según refiere Casa Macondo. También fue defensor de los primos Manuel, Miguel y Guido Nule, condenados por peculado y por el manejo irregular de contratos de obras públicas en Bogotá por aproximadamente 48 millones de dólares. El candidato, cuyo nexo personal y político con el expresidente Álvaro Uribe es público, también fue abogado del exsenador Jorge Visbal Martelo, quien tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con su líder, Carlos Castaño Gil, según la condena de la Corte Suprema de Justicia.
Fraude presidencial de 1970
Para entender el contexto electoral del 21 de junio de 2026, pasemos a revisar los elementos del fraude electoral del 19 de abril de 1970. Los candidatos enfrentados eran Misael Pastrana —padre del expresidente Andrés Pastrana—, abogado penalista por el partido Conservador conocido por favorecer a las élites políticas y empresarios del país, y, por su parte, Gustavo Rojas Pinilla, un general e ingeniero a quien daban como ganador por una diferencia cercana a los 113.000 votos.
Fue entonces cuando el Gobierno, en cabeza del ministro Carlos Augusto Noriega, prohibió los boletines radiales y él mismo dio los resultados oficiales hasta ese momento: Rojas aventajaba a Pastrana por algo más de 9.000 votos. Se impuso el riesgo inminente de que los liberales, en cabeza del presidente Carlos Lleras Restrepo, no pudieran cumplir lo pactado doce años atrás. El presidente decretó el toque de queda y a la mañana siguiente la ecuación electoral había cambiado: Pastrana tenía una ventaja de 2.617 votos sobre el General, que con los escrutinios completos llegaron a ser de 63.557 de diferencia.
De inmediato, los miembros de la Anapo denunciaron la existencia de un fraude que el Gobierno negó a lo largo de varias décadas. Sin embargo, en 1995 el propio Noriega dio declaraciones afirmando que «pudo haberlo habido» y en 1998 publicó un libro en el que admite que este sí existió, aclarando que ocurrió en regiones como Nariño y Cesar, mas no en el Gobierno central. Este fraude electoral en Colombia, al igual que el golpe militar contra el presidente Salvador Allende en Chile en 1973, fue impulsado por Estados Unidos junto a los medios de comunicación.
Esa misma práctica de fraude electoral se vive hoy. De ahí que Colombia no ha elegido presidente en segunda vuelta pese a que las grandes mediáticas, la injerencia del presidente Donald Trump de Estados Unidos y demás políticos afines estén imponiendo una matriz de opinión pública que no es verídica ante la justicia colombiana. Esto se debe a que los resultados definitivos son dictaminados por los jueces de la República mediante un reconteo de votos.
Si revisamos las cifras de la contienda del 21 de junio de 2026, en la fase de preconteo informativo por parte de la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,65 % de los respaldos, equivalentes a 12.937.333 votos. Por su parte, Iván Cepeda Castro alcanzó el 48,71 % del censo electoral con un registro de 12.691.709 papeletas. Esto sitúa la presunta victoria de Abelardo por debajo de los 250.000 sufragios, lo que impide definir de inmediato al sucesor de la jefatura de Estado e impone el inicio del escrutinio formal.
Elementos del fraude
La historia conoce muy bien al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues no es la primera vez que rechaza un fraude electoral; en 1970 hizo una férrea oposición al fraude electoral contra Rojas Pinilla. Ahora le tocó denunciarlo siendo él el presidente. En la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, evidenció y publicó las cifras que configuran un descuadre matemático alarmante.
De acuerdo con el jefe de Estado, el censo oficial de 41.421.973 ciudadanos fue inflado artificialmente en la División Política Electoral (DIVIPOL) mediante el software operado por los hermanos Bautista, elevándolo a 42.307.373. “La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”, detalló Petro. A esto se suma la creación de puestos y mesas fantasmas fuera del marco legal: los puestos de votación saltaron de 13.742 oficiales a 14.438 (696 más), mientras que las mesas pasaron de las 120.527 registradas a 122.020 en el sistema de los Bautista, arrojando 1.493 mesas adicionales que no habrían sido debidamente escrutadas.
“En el conteo de votos de los hermanos Bautista aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra máxima que pueden votar en las horas de elección; muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda. Entrego el dato completo de las 5.300 mesas”, aseguró Petro.
Por la misma línea, el mandatario ha insistido y denunciado que el software operado por los hermanos Bautista es un sistema privado que ha incumplido la sentencia del año 2018 donde se ordena la revisión del software, y que dicho software debe ser del Estado por soberanía y seguridad nacional. Con estos antecedentes, la segunda vuelta presidencial entró en tensión, puesto que, en esta oportunidad, el mandatario presentó los algoritmos que permiten la vulnerabilidad externa del software alterando los resultados de las elecciones presidenciales.
Frente a las denuncias del presidente Petro, se suman las de la ciudadanía en Colombia, en donde aparecen personas que ya votaron, niños de 8 años sufragando y múltiples denuncias de compra de votos. Otras de las inconsistencias se encuentran en los votos del exterior, sobre todo en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump salió abiertamente a decir que él había apoyado al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella para que fuera el presidente de Colombia. Esto se traduce en los millones de dólares utilizados en ataques digitales contra partidarios de la campaña de Cepeda, la persecución política a activistas progresistas como Beto Coral y la guerra cognitiva orientada al desprestigio, miedo, mentira y amenazas recurrentes a la población.
Los colombianos en esta contienda electoral no solo se han enfrentado a la mafia nacional, sino a una transnacional que busca tener el control de las rutas del narcotráfico bajo el manto de la legalidad institucional; imponiendo una legitimidad a punta de amenazas y bombardeos —como lo hicieron con Venezuela— y la violación a la democracia, tal como la vivieron Chile, Bolivia, Argentina y Honduras.
Otro elemento a revisar es el voto del exterior, que tiene varios puntos: primero, desde el 2018, en el periodo del ultraderechista Iván Duque, incrementó la naturalización para venezolanos opositores a los gobiernos progresistas, calculada en una cifra de 250 mil a 300 mil personas naturalizadas; segundo, el Consejo Nacional Electoral de Colombia se opone a la revisión voto a voto de esos escrutinios que deben ser enviados al país; tercero, el poco control en los consulados que mantienen una línea de derecha y permiten en pleno proceso electoral propaganda política e imposición de jurados de derecha como presidentes; y cuarto, EE. UU. se convirtió en la cuna opositora venezolana y es justamente de ahí de donde sale una importante cifra de votos que hasta ahora las autoridades de Colombia no logran revisar.
Los colombianos en esta contienda electoral no solo se han enfrentado a la mafia nacional, sino a una transnacional que busca tener el control de las rutas del narcotráfico bajo el manto de la legalidad institucional; imponiendo una legitimidad a punta de amenazas y bombardeos —como lo hicieron con Venezuela— y la violación a la democracia, tal como la vivieron Chile, Bolivia, Argentina y Honduras.
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