El genocidio constituye un instrumento de exterminio estructural global articulado para la expropiación de recursos naturales, humanos, económicos y financieros. Este engranaje opera mediante la aniquilación sistemática de las comunidades que ejercen su libre determinación. Tal como advirtió Raphael Lemkin, el fenómeno no se reduce al exterminio físico inmediato, sino que abarca «un plan coordinado de diferentes acciones que buscan la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos nacionales». En la actualidad, este plan está más letal.
Recordemos, cómo ocurrió en el siglo pasado con la ejecución deliberada entre 1904 y 1908, el Imperio Alemán cometió el genocidio de las etnias Herero y Nama en Namibia mediante masacres, campos de concentración y desplazamiento forzado. Décadas más tarde, la reorganización del mapa geopolítico por el Imperio Británico en el marco del Mandato de Palestina sentó las bases de la desposesión territorial continua del pueblo palestino. En Gaza, la crisis humanitaria contemporánea —con miles de niños masacrados— refleja la tragedia de la guerra hipertelevisada frente al silencio del observador. Hannah Arendt describió la raíz moral de estos sucesos como «la banalidad del mal», donde la burocracia institucional naturaliza la destrucción del otro y degrada la capacidad crítica colectiva.
No es casualidad la inoperancia del Derecho Internacional y de los tribunales de justicia penal porque su origen lo constituyó las potencias vencedoras de la primera y segunda Guerra Mundial para codificar y preservar el ordenamiento global de postguerra. La ineficacia manifestada por las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra presidentes genocidas, como es el caso de Netanyahu evidencia la obsolescencia de estos mecanismos de control, reducidos a meros formalismos burocráticos incapaces de detener la maquinaria de guerra. Para Aimé Césaire, este marco jurídico enmascara una dictadura normativa: «Una civilización que da pruebas de su incapacidad para resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente».
El afán de Estados Unidos, Israel y sus aliados occidentales por frenar el funcionamiento de la Corte Penal Internacional es un claro ejemplo de un mundo incapaz de movilizarse para capturar a dos genocidas como Trump y Netanyahu, pese a los océanos de pruebas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el derecho y en la ética más elemental, el silencio y la neutralidad ante un delito convierten al observador en cómplice. Los organismos internacionales ya no pueden apelar ni presentar cartas de protesta como si fueran expresiones dignas o defensoras de la vida mientras, a cada segundo, se asesina a pueblos enteros mediante bombas, hambrunas, precariedad sanitaria y persecución por el simple hecho de vivir, ser o pensar diferente, aun cuando dichos organismos tienen toda la potestad y el poder para salvarlos.
No creo que Estados Unidos e Israel puedan detener a más de 195 países si salieran todos unidos a rechazar el genocidio. Es más, me atrevo a afirmar que no se necesitaría ni una bomba nuclear, porque toda la humanidad junta es una fuerza más potente que mil bombas nucleares. Se ha demostrado que los pueblos movilizados, organizados y coordinados vencen a imperios, como demostró Ho Chi Minh en Vietnam o la resistencia que hoy mantiene Irán, no solo contra EE. UU., sino contra sus aliados cómplices. Entonces, todo lo demás son excusas, indolencia y la cobardía de perder los cargos y comodidades que otorga el ser cómplice de un genocidio
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