Investigaciones del Congreso revelan que la agencia permitió el ingreso de miles de dosis mortales a las calles para priorizar la recolección de pruebas judiciales.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos inició una investigación sobre una controvertida estrategia atribuida a la Administración de Control de Drogas (DEA), mediante la cual se habría permitido el ingreso de cuantiosos cargamentos de fentanilo al territorio estadounidense con el propósito de acumular evidencias en procesos penales, reveló una investigación de la agencia AP.
De acuerdo con el reporte, la directriz institucional facilitó que grandes volúmenes de esta sustancia sintética circularan en el mercado local, debido a que los agentes antinarcóticos monitoreaban las operaciones de tráfico, pero abstenían de incautar la mercancía.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, remitió una solicitud formal al secretario de Justicia, Todd Blanche, para acceder a los registros e informes internos relacionados con estos dispositivos. El congresista cuestionó la orientación operativa de la agencia en medio de una epidemia de consumo catalogada como una de las crisis de salud más graves en la historia de EE.UU.
En la misiva, Comer señaló que, si bien la agencia puede enfrentar limitaciones de personal y recursos para interceptar la totalidad de los cargamentos ilegales, resulta inaceptable la aplicación de una directriz explícita que ordene omitir los decomisos, una decisión que habría derivado en la pérdida de vidas humanas.
Alertas previas formuladas por informantes de la propia DEA indicaban que mandos superiores instruyeron no decomisar cientos de miles de pastillas de fentanilo tras ser detectadas en los controles. Ante estos hallazgos, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, requirió formalmente al Departamento de Justicia la entrega de los expedientes del operativo.
Nuevo México figura entre las jurisdicciones más golpeadas por el aumento de mortalidades asociadas al fentanilo. Las indagaciones parlamentarias buscan determinar el alcance de estas prácticas operativas y su impacto en el incremento de víctimas por sobredosis a nivel nacional.
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